El presente artículo fue publicado en la página 46, edición número 53, mes de junio, de revista Jurista, “Edición Especial de Mecanismos de Solución de Conflictos. Voces construyendo paz y diálogo en México”.
SILVIA ESCUDERO MENDOZA
Docente (CEC) y conferenciante en MASC, cultura de paz y justicia restaurativa, bajo un enfoque garantista.
Mi vocación como persona mediadora nace, como en el feminismo, de mi propia historia: de la necesidad de una vida libre de violencia y de la convicción de que la violencia genera más violencia.
Creo que las personas somos capaces de hacernos responsables de nuestros conflictos, lo que supone asumir nuestros procesos y desarrollar la empatía para mirar al otro —como diría Humberto Maturana— como un “legítimo otro”, y desde ese lugar co-construir soluciones.
Desde mi experiencia en materia familiar, he constatado cómo los procesos adversariales desgastan a las personas y afectan directamente a niñas, niños y adolescentes. Ahí comprendí que la forma en que resolvemos los conflictos también es una forma de cuidar —o vulnerar— a las infancias.
La mediación se convirtió entonces en una forma de entender la justicia: más humana, cercana y responsable. Entendí que, cuando una pareja se separa, la familia no se destruye, se transforma, y que esa transformación sólo es posible desde el diálogo y acuerdos que respeten la dignidad de todas las personas, colocando a los derechos humanos en el centro.
Marco legal y práctica cotidiana
La Ley General de MASC representa un avance importante; sin embargo, su eficacia depende de su implementación real y de su articulación con el enfoque de derechos humanos que rige nuestro sistema jurídico.
La mediación, por su carácter voluntario, requiere condiciones reales de equidad y respeto a los derechos para constituir una vía efectiva de acceso a la justicia, lo que implica identificar y atender vulnerabilidades y asimetrías estructurales.
No es aplicable en todos los casos. Cuando existen contextos de violencia o desigualdad que comprometen la voluntariedad y el equilibrio, es necesario reconocer sus límites y recurrir a otras vías.
Aquí cobra especial relevancia la justicia restaurativa, que permite abordar el daño y la responsabilidad sin reproducir desigualdades ni simular acuerdos.
En este marco, resulta prioritario:
- Fortalecer la formación en derechos humanos.
- Colocar el interés superior de niñas, niños y adolescentes como criterio central.
- Garantizar accesibilidad y participación efectiva de personas con discapacidad.
Asimismo, la mediación exige una mirada interdisciplinaria: el conflicto no es sólo jurídico, sino humano y relacional.
El principal desafío no es normativo, sino de implementación. Sin voluntad institucional, los mecanismos corren el riesgo de quedarse en el plano declarativo.
Resistencia a reconocer la fuerza de los acuerdos construidos por las partes
Desde mi experiencia en la Ciudad de México, la mediación requiere mayor respaldo institucional.
Aunque constitucionalmente se privilegia la solución de los conflictos, en la práctica persiste una cultura adversarial y resistencia a reconocer la fuerza de los acuerdos construidos por las partes.
Los principales retos son:
- Transitar de una lógica de “ganar-perder” hacia una visión colaborativa orientada a construir soluciones.
- Desconocimiento social de los mecanismos.
- Resistencia institucional a las soluciones autocompositivas.
- Falta de profesionalización con enfoque en derechos humanos.
Aun así, hay avances: cada vez más personas optan por el diálogo, consolidando la idea de que es mejor colaborar que competir.
Acceso a la justicia real, equitativo e imparcial
La persona facilitadora adquiere un compromiso social al ser garante del acceso real a la justicia.
La neutralidad no puede traducirse en indiferencia. Implica una actuación ética orientada a generar condiciones de equidad.
No basta con identificar asimetrías; es necesario actuar frente a ellas para evitar que el proceso reproduzca desigualdades o derive en acuerdos impuestos.
En la práctica, esto supone:
- Asegurar comprensión real del proceso.
- Reconocer y atender condiciones de vulnerabilidad.
- Generar condiciones de equilibrio entre las partes.
- Evitar simulaciones que desnaturalizan la mediación y sus principios.
- Garantizar que los acuerdos respeten derechos fundamentales.
El acceso a la justicia se construye en la forma en que se conduce el proceso: debe ser real, equitativo e imparcial.
En materia de infancia, esto es irrenunciable: niñas, niños y adolescentes van primero, con especial protección para quienes viven con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Desafíos actuales
Los principales desafíos son:
- Persistencia de la cultura jurídica adversarial.
- Resistencia cultural al diálogo y a la empatía.
- Uso inadecuado de los mecanismos.
- Desconocimiento de sus límites y alternativas.
- Falta de formación en derechos humanos de personas abogadas y facilitadoras.
El reto es consolidar la mediación como una verdadera vía de acceso a la justicia.
Una abogacía no adversarial acompaña y construye soluciones
El futuro de la mediación implica transitar de una justicia adversarial a una colaborativa.
Esto exige un cambio cultural: que las personas se atrevan a dialogar, a construir y a hacerse cargo de sus conflictos, reconociendo al otro.
También implica repensar la abogacía. Una abogacía no adversarial no renuncia a la defensa, pero sí transforma su enfoque: acompaña y construye soluciones.
Para lograrlo, es indispensable:
- Fortalecer la formación en derechos humanos.
- Consolidar estándares éticos claros.
- Impulsar la difusión de los mecanismos.
- Garantizar acceso efectivo para personas en situación de vulnerabilidad.
La mediación será relevante en la medida en que responda a las necesidades reales de las personas.
Y en ese camino, la brújula debe ser siempre la misma: la dignidad humana y la construcción de una cultura de paz.
FICHA CURRICULAR DE LA AUTORA*
Abogada por la Escuela Libre de Derecho (ELD). Maestra en Derecho de Familia por el Centro Carbonell. Especialista en Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC). Mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), con experiencia en la conducción de procesos de mediación familiar con enfoque en derechos humanos. Formación en terapia familiar sistémica (ILEF). Su labor académica y profesional se orienta al estudio de las familias y las infancias, de los MASC como vías colaborativas de resolución de conflictos, así como de los Derechos Humanos, la perspectiva de género, la inclusión y el análisis de las violencias en sus diversas manifestaciones. Promotora y activista por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Docente (CEC) y conferenciante en MASC, cultura de paz y justicia restaurativa, bajo un enfoque garantista.
