El presente artículo fue publicado en la página 96, edición número 53, mes de junio, de revista Jurista, “Edición Especial de Mecanismos de Solución de Conflictos. Voces construyendo paz y diálogo en México”.
RAFAEL DOMÍNGUEZ MORFÍN
Mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México*.
Soy abogado de formación, pero la vida —que suele ser la mejor universidad— me condujo también por la política, los negocios y, con los años, de regreso al ejercicio jurídico. Paralelamente, he desempeñado las responsabilidades más trascendentes -y pocas veces menos complejas- que puede asumir una persona: esposo y padre. Pocas negociaciones exigen tanta sensibilidad, paciencia y constancia como las del hogar.
En cada una de esas trincheras confirmé una verdad sencilla: el conflicto es inevitable; lo decisivo siempre será la manera en que lo enfrentamos. Ahí se define si una diferencia destruye, paraliza o transforma.
En la política aprendí que los acuerdos duraderos no nacen de la imposición, sino de la paciencia, la escucha y la inteligencia para encontrar terreno común. En los negocios entendí que muchos litigios costosos pudieron haberse evitado con una conversación franca a tiempo. En la familia descubrí la lección más humana de todas: que mediar no es repartir culpas ni conceder razones, sino ayudar a que cada individuo se sienta escuchado, comprendido y respetado. Ello exige, además, separar quirúrgicamente el problema de las emociones que inevitablemente lo rodean, para que ninguna herida circunstancial pese más que la relación misma.
Esas experiencias me confirmaron que los Métodos de Solución de Controversias trascienden el ámbito profesional. Viven en la mesa del comedor, en la oficina, entre vecinos, en una sociedad mercantil, en la escuela y en cualquier espacio donde conviven personas con intereses distintos. Yo simplemente tuve la fortuna de advertirlo a tiempo y de dedicarme a perfeccionar algo que, en el fondo, todos practicamos intuitivamente: la búsqueda del entendimiento.
La Ley de MASC responde a la necesidad de dar coherencia y unidad a la práctica en todo el país.
Permítame empezar por una reflexión que surge de la práctica. Durante muchos años, quienes nos dedicamos a la mediación en México trabajamos bajo marcos normativos locales —como la entonces Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal— que, con sus virtudes, permitieron sembrar y consolidar esta forma distinta de entender el conflicto desde una visión transversal, abarcando materias como la familiar, civil y mercantil. Era un modelo que funcionaba: cercano, claro y operativo.
Hoy nos encontramos ante una nueva etapa. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representa un paso natural en esa evolución: busca homologar a nivel nacional no sólo la mediación, sino también la conciliación, la negociación, la negociación colaborativa y el arbitraje. Amplía además su alcance hacia materias como la justicia restaurativa y la administrativa, e incorpora herramientas contemporáneas como los medios electrónicos. Es, sin duda, una ley ambiciosa, que responde a la necesidad de dar coherencia y unidad a la práctica en todo el país.
Sin embargo, como suele ocurrir con los cambios de gran calado, también plantea desafíos relevantes. Cada uno de estos mecanismos tiene naturaleza y exigencias propias; no son figuras intercambiables. Además, la concentración de todas estas funciones en la figura del “facilitador” supone no sólo un ajuste terminológico, sino un proceso de adaptación profesional en un entorno donde apenas comenzaba a consolidarse la identidad del mediador.
Por ello, más que pensar hoy en reformas inmediatas, considero que estamos en una etapa que exige prudencia institucional. Será indispensable observar cómo se integran los consejos, cómo se emiten los lineamientos y cómo se armonizan las legislaciones locales. La solidez de la ley se mide por su capacidad de operar eficazmente en la práctica.
A partir de ahí —y solo entonces— podremos identificar con claridad qué ajustes son necesarios. Porque en esta materia, como en la mediación misma, las soluciones duraderas surgen de la comprensión profunda de la realidad que se busca ordenar.
El desafío no es únicamente de difusión, sino de consolidación institucional
En mi experiencia, la mediación —como instrumento para fomentar una cultura de paz— ha avanzado de manera gradual y sostenida, aunque todavía en un alcance limitado. Cada vez más personas saben que existe una alternativa al litigio tradicional; sin embargo, ese conocimiento no siempre se traduce en confianza plena ni en una adopción generalizada.
Una de sus principales fortalezas radica en que permite construir soluciones a la medida: acuerdos diseñados por las propias partes, dentro del marco de la legalidad, que atienden a sus intereses y circunstancias específicas. Es un “traje a la medida”, donde no es un tercero quien impone una decisión, sino las propias partes quienes la construyen. Nadie conoce mejor que ellas los matices de su relación, de su asunto o de su contrato: sus tiempos, prioridades y verdaderas necesidades. El legislador no puede —ni debe— prever las particularidades de cada vínculo jurídico. Son las partes quienes las conocen, y es el mediador quien armoniza esa realidad con su voluntad y el marco legal aplicable. Esa es, en esencia, la mayor bondad de los MASC.
Ahora bien, si su crecimiento ha tenido un componente orgánico —impulsado en buena medida por el “boca a boca”—, conviene matizar este punto, pues la recomendación no siempre es suficiente para generar confianza o para motivar a las personas a optar por estos mecanismos. Persisten reservas, desconocimiento y, en algunos casos y como desglosaré en preguntas subsecuentes, una inercia cultural que privilegia el litigio como vía principal.
De ahí que el desafío no sea únicamente de difusión, sino de consolidación institucional. Se requiere una política pública más decidida, con respaldo normativo y operativo, que fortalezca la credibilidad de los MASC como una vía eficaz de acceso a la justicia. Esto implica, en términos técnicos, avanzar en la homologación de estándares de certificación y capacitación de facilitadores; garantizar calidad y consistencia en los servicios; robustecer la infraestructura institucional; y aprovechar herramientas tecnológicas sin comprometer principios esenciales como la confidencialidad y la voluntariedad.
En suma, los MASC han crecido, pero aún no han alcanzado su potencial. El reto ahora es construir confianza a escala: pasar de ser una alternativa conocida por algunos, a convertirse en una opción confiable y accesible para la mayoría.
El diálogo no elimina los desacuerdos, pero sí reduce los costos de resolverlos
La manera más inteligente de resolver un conflicto no es ganarlo, sino impedir que llegue al punto en que todos pierdan. Esa es la diferencia entre reaccionar y gobernar; entre administrar crisis y construir estabilidad. La prevención no vale más únicamente porque evita costos materiales o desgaste institucional, sino porque preserva algo mucho más difícil de reconstruir: la confianza entre las partes. Una vez rota la confianza, cualquier solución se vuelve más lenta, más cara y más frágil.
Después de las tragedias a mediados del siglo XX, el mundo comprendió que la paz no se sostiene sola. Requiere instituciones, reglas y espacios permanentes de interlocución. De ahí el valor de las Naciones Unidas y de todo el entramado multilateral; no es casualidad que el primer acuerdo del mundo de postguerra fuese la necesidad de contar con un espacio de diálogo para procesar tensiones, antes de que se conviertan en rupturas irreversibles. Esa lección, que dio origen al sistema multilateral, es igualmente válida en la vida cotidiana: el diálogo no elimina los desacuerdos, pero sí reduce los costos de resolverlos.
Desde esa lógica, la persona facilitadora cumple una función estratégica para la sociedad. No sólo interviene cuando el problema ya estalló; ayuda a identificar intereses reales detrás de posiciones aparentes, despresuriza emociones y reconstruye canales de comunicación. En otras palabras, convierte choques de voluntad en conversaciones útiles.
Construir una cultura de paz no depende únicamente de tribunales o leyes, depende de formar ciudadanos e instituciones capaces de discrepar sin destruirse. El facilitador aporta precisamente eso: métodos para tramitar diferencias con inteligencia, dignidad, equilibrio y sentido de futuro. Ahí radica su verdadero valor social.
Existen vías más ágiles, económicas y colaborativas para la justicia que el litigio
A mi juicio, el principal reto sigue siendo cultural. Aún existe un amplio desconocimiento sobre qué son los Métodos de Solución de Controversias, cómo operan y cuáles son sus beneficios y bondades. Persiste la percepción de que la justicia se agota en el litigio, cuando en realidad existen vías más ágiles, económicas y colaborativas que, en muchos casos, resultan más satisfactorias para las partes.
A ello se suma cierta desconfianza. Todavía hay quien percibe a la mediación como una renuncia a derechos, cuando en realidad se trata de construir soluciones más equilibradas, sostenibles y acordes con los intereses reales de quienes participan.
De cara a este panorama, resulta indispensable fortalecer el andamiaje institucional, profesionalizar a las personas facilitadoras y ampliar el acceso a estos mecanismos. Igualmente importante resulta normalizar su uso en la vida cotidiana, de modo que más personas los identifiquen como una primera opción y no como un recurso excepcional.
En este proceso, la colaboración con el Poder Judicial es clave. Lejos de ser esferas separadas, los MSC deben entenderse como un complemento que contribuye a una mejor impartición de justicia, ya que permiten encauzar, conforme a derecho, aquellos asuntos susceptibles de solución dialogada, liberando capacidad institucional para que los tribunales concentren sus esfuerzos en los casos que, por su naturaleza, requieren una resolución jurisdiccional.
Tarea pendiente: acercar los MASC a la ciudadanía como herramientas cotidianas, no como recursos excepcionales
Más que una proyección, estamos ante una tendencia estructural. La demanda de justicia crece a un ritmo que los tribunales no pueden absorber por sí solos, y no todos los conflictos requieren una sentencia. Muchos demandan soluciones más flexibles, oportunas y cercanas a los intereses de las partes.
En ese contexto, los MASC dejarán de ser una alternativa para convertirse en un componente central del acceso a la justicia. A esta realidad se suma un cambio tecnológico que ya está reconfigurando la forma de gestionar controversias. Las plataformas de resolución en línea, junto con herramientas de inteligencia artificial, están permitiendo ordenar información, anticipar escenarios y facilitar acuerdos en etapas cada vez más tempranas. La experiencia comparada es clara, se amplía el acceso y se reducen costos. Pero también deja una lección importante: cuando el conflicto toca relaciones, identidades o emociones, ninguna tecnología sustituye la intervención humana. La tecnología puede hacer más eficiente el proceso; la mediación sigue siendo la que hace posible el entendimiento.
Las discusiones sobre la transformación del sistema de justicia abren una oportunidad poco común para replantear el papel de los MSC, no como una vía alterna, sino como una vía concurrente y estratégica. Esto supone integrarlos con mayor decisión en políticas públicas, fortalecer su marco normativo y, sobre todo, garantizar estándares profesionales que generen confianza.
La consolidación de su reconocimiento no se va a lograr sólo por promoverlos, sino por institucionalizarlos con seriedad, con una formación rigurosa de facilitadores, certificación efectiva, evaluación continua y una incorporación más temprana en la gestión de los conflictos —incluso desde su origen—-, en contratos, relaciones laborales o dinámicas comunitarias. A ello hay que sumar una tarea pendiente: acercarlos a la ciudadanía como herramientas cotidianas, no como recursos excepcionales.
El futuro no será menos conflictivo; será más complejo. Y precisamente por eso, será cada vez más necesario contar con personas capaces de transformar diferencias en acuerdos duraderos.
FICHA CURRICULAR DEL AUTOR*
Egresado de la Universidad Iberoamericana. Abogado postulante. Más de cinco décadas de ejercicio en los ámbitos público y privado. Especialidad en Finanzas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Director General del Registro Civil, Coordinador General Jurídico de la Ciudad de México y, en dos ocasiones, Subprocurador en la Procuraduría General de Justicia de esa entidad. Presidente suplente del Consejo de Administración de diversas empresas del sector público. Actualmente, mediador certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
