Por Rubén Ricaño Escobar
Especialista en gobiernos locales y desarrollo institucional, con más de treinta años de trayectoria. Ha recibido el Premio Nacional a la Excelencia Municipal en 2020 y 2025 y es autor de “Aurora: el despertar de la nueva civilización humana”.
Durante mucho tiempo imaginamos el cambio climático como una amenaza que llegaría en el futuro. Lo representamos mediante gráficas sobre el aumento de la temperatura, fotografías de glaciares distantes o pronósticos acerca de lo que podría ocurrir hacia la mitad del siglo. Esa forma de observarlo nos permitió mantenerlo lejos de nuestra vida cotidiana. Parecía grave, pero todavía remoto.
La realidad ha terminado por alcanzarnos
El cambio climático ya no solo modifica las estaciones, altera las lluvias, prolonga las sequías o intensifica los huracanes. También está comenzando a mover a las personas. Familias enteras abandonan viviendas inundadas; agricultores dejan comunidades donde la tierra ya no produce lo suficiente; poblaciones costeras observan cómo el mar avanza sobre sus calles; habitantes de zonas devastadas regresan después de cada emergencia, reconstruyen lo que pueden y esperan, con una mezcla de arraigo e incertidumbre, el siguiente desastre.
México comienza a desplazarse bajo la presión del clima, aunque todavía no ha preparado plenamente sus territorios, ciudades e instituciones para comprender hacia dónde se dirige su población.
El primer Diagnóstico Nacional sobre el Desplazamiento Forzado Interno por Cambio Climático y Desastres en México, elaborado por la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, constituye un avance extraordinario porque le da nombre, dimensión y evidencia a un fenómeno que permanecía disperso entre las estadísticas de protección civil, las pérdidas materiales y las historias particulares de quienes tuvieron que abandonar sus hogares.
El diagnóstico documenta 1 millón 37 mil 910 desplazamientos internos asociados con desastres entre 2013 y 2023. No significa necesariamente que se trate de igual número de personas distintas, pues una misma persona puede ser evacuada o desplazada en más de una ocasión. Aun con esta precisión metodológica, la cifra revela una realidad de enorme magnitud. Aproximadamente tres de cada cuatro desplazamientos registrados durante ese periodo fueron causados por fenómenos hidrometeorológicos. Tan solo el huracán Otis provocó 272 mil 201 desplazamientos en Guerrero.
Pero las cifras más visibles cuentan solamente una parte de la historia.
El desplazamiento que ocurre ante nuestros ojos y el que nadie registra
Cuando un huracán destruye viviendas o una inundación obliga a evacuar una colonia, el desplazamiento resulta evidente. Hay imágenes, albergues, declaraciones de emergencia y registros aproximados de la población afectada. Sin embargo, existe otra movilidad mucho más silenciosa.
Una sequía prolongada reduce las cosechas hasta volver inviable la vida de una familia campesina. La pérdida gradual de suelo fértil obliga a los jóvenes a marcharse. La erosión costera destruye poco a poco el espacio habitable. La escasez de agua encarece la vida y debilita las actividades productivas. El deterioro de un ecosistema termina por eliminar los medios de subsistencia de una comunidad.
En estos casos no siempre existe un día preciso en el que comenzó el desplazamiento. Tampoco aparecen necesariamente caravanas de personas abandonando sus hogares. Primero se marcha un integrante de la familia; después otro; finalmente, la comunidad envejece, pierde población y se desvanece lentamente. Las estadísticas suelen registrar estos movimientos como migración económica, pero detrás de ellos puede encontrarse una alteración ambiental que hizo imposible continuar viviendo como antes.
Rubén Ricaño Escobar.
Esta diferencia es fundamental. Los desastres repentinos expulsan población de manera visible; los procesos climáticos de evolución lenta erosionan gradualmente las condiciones que permiten permanecer.
Además, no toda persona que vive en una zona de alto riesgo puede marcharse. Hay familias que permanecen no porque estén seguras, sino porque carecen de dinero, redes de apoyo, vivienda alternativa o certeza sobre lo que ocurrirá con sus tierras. Son poblaciones atrapadas: personas que enfrentan el peligro de quedarse y, al mismo tiempo, la imposibilidad de salir.
Por eso, reducir el fenómeno a la palabra migración resulta insuficiente. Quien decide trasladarse para mejorar sus oportunidades ejerce, con todas sus dificultades, una elección. Quien abandona su hogar porque el agua lo destruyó, porque la tierra dejó de producir o porque permanecer pone en riesgo su vida se encuentra frente a una movilidad condicionada por la pérdida.
El desastre comienza mucho antes del fenómeno natural
Un huracán puede ser inevitable; que se convierta en una catástrofe humana no siempre lo es.
El daño depende de dónde se permitió construir, de la calidad de las viviendas, del manejo de las cuencas, de la conservación de los bosques y manglares, de la capacidad del drenaje, del funcionamiento de los sistemas de alerta, de la existencia de rutas de evacuación y de la fortaleza de las instituciones encargadas de actuar.
Los fenómenos naturales no encuentran territorios vacíos. Encuentran ciudades desordenadas, asentamientos levantados sobre cauces, laderas ocupadas sin medidas de seguridad, ecosistemas degradados y gobiernos que durante décadas toleraron un crecimiento urbano desvinculado de los riesgos.
Debemos decirlo con claridad: la mala planeación también desplaza.
Cuando un gobierno autoriza construcciones en zonas inundables, omite actualizar sus instrumentos urbanos o permite que la necesidad empuje a las familias hacia suelos inseguros, el riesgo deja de ser exclusivamente natural. Se convierte en una construcción institucional y social.
Los avances siguen siendo insuficientes. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, al cierre de 2024 solamente 720 municipios y demarcaciones contaban con algún Atlas de Riesgos; 566 lo tenían en proceso de integración y 875 carecían de él. Pero incluso esta cifra requiere una lectura más profunda: poseer un documento no significa necesariamente que se encuentre actualizado, que incorpore los efectos del cambio climático o que sus determinaciones estén vinculadas con las decisiones sobre usos del suelo, construcción e infraestructura. Un atlas que no orienta las decisiones públicas puede cumplir una formalidad y, al mismo tiempo, fracasar en su razón de existir.
Un atlas que no se actualiza pierde capacidad preventiva. Uno que no se vincula con los usos del suelo se transforma en un documento decorativo. Y un programa urbano que ignora la información climática puede terminar legalizando el próximo desastre.
Planear ya no será solamente ordenar el territorio
Hasta ahora, buena parte de la planeación urbana y territorial se ha concentrado en decidir dónde construir viviendas, por dónde extender la infraestructura, qué áreas destinar a actividades productivas y hacia qué zonas orientar el crecimiento de las ciudades. La movilidad climática introduce una pregunta mucho más profunda: ¿dónde podrá seguir viviendo la población durante las próximas décadas?
Esta pregunta transformará la planeación.
Ya no bastará con proyectar el crecimiento demográfico a partir de las tendencias del pasado. Será necesario anticipar qué comunidades podrían perder población, cuáles requerirán inversiones extraordinarias para permanecer, cuáles estarán expuestas a riesgos no mitigables y qué ciudades recibirán a las familias desplazadas.
Propongo llamar a este nuevo enfoque planeación anticipatoria de la movilidad climática. Se trata de incorporar a los instrumentos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, protección civil, vivienda, infraestructura y desarrollo económico escenarios sobre los posibles movimientos de población provocados por fenómenos climáticos y ambientales.
Su finalidad no sería administrar el éxodo, sino evitarlo siempre que sea posible y prepararnos responsablemente cuando resulte inevitable.
Esta planeación deberá elaborar una nueva cartografía nacional: no únicamente la del peligro físico, sino la de la habitabilidad humana. Tendrá que relacionar exposición climática, pobreza, calidad de la vivienda, disponibilidad de agua, infraestructura, salud, actividades productivas, capacidad institucional y redes comunitarias. Dos poblaciones expuestas al mismo fenómeno pueden enfrentar destinos distintos si una cuenta con recursos para adaptarse y la otra ha sido abandonada durante décadas.
La vulnerabilidad no vive solamente en la geografía. También se encuentra en la desigualdad.
El derecho a permanecer
La movilidad suele presentarse como una respuesta natural frente al riesgo. Sin embargo, antes de preguntarnos cómo reubicar comunidades, debemos preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para que puedan permanecer de manera segura.
De esta reflexión surge una idea que considero central: el derecho a permanecer.
No se trata de defender la permanencia en cualquier circunstancia ni de obligar a las personas a habitar lugares donde su vida corre peligro. Significa reconocer el derecho de las comunidades a recibir información, infraestructura, adaptación, protección ambiental y oportunidades suficientes para que abandonar su territorio no sea la consecuencia de la omisión gubernamental.
Permanecer también es un derecho cuando existen condiciones razonables para hacerlo
Muchas comunidades rurales, costeras e indígenas mantienen una relación con el territorio que no puede reducirse al valor comercial de una vivienda. Allí se encuentran su memoria, sus vínculos familiares, su organización social, sus medios de vida y su identidad. Trasladarlas sin comprender esta relación puede salvarlas de un riesgo físico y, al mismo tiempo, destruir su continuidad comunitaria.
Por eso, la reubicación debe ser la última alternativa, precedida por estudios rigurosos, participación social y agotamiento de las opciones de adaptación. Cuando resulte indispensable, tendrá que garantizar algo más que un techo: seguridad jurídica sobre la nueva propiedad, acceso a servicios, conectividad, empleo, educación, salud y reconstrucción de los vínculos colectivos.
Reubicar viviendas es relativamente sencillo. Reconstruir comunidades exige otra visión del Estado.
Municipios que expulsan y municipios que reciben
El desplazamiento climático ocurre dentro de un sistema territorial. Una comunidad pierde habitantes, pero otra localidad los recibe. Una ciudad deja de ser segura, mientras otra enfrenta de manera inesperada una mayor demanda de vivienda, agua, transporte, escuelas, servicios médicos y empleo.
La política pública suele concentrarse en el lugar del desastre y presta menor atención a los territorios receptores. Sin embargo, si las ciudades que reciben población no están preparadas, el desplazamiento puede reproducir la vulnerabilidad en otro sitio. Las familias terminan instalándose en periferias sin servicios, ocupando suelo irregular o construyendo nuevamente en zonas de riesgo.
De poco sirve sacar a una persona del peligro si la pobreza la obliga a instalarse en el siguiente.
Por ello, propongo incorporar a la planeación nacional y estatal una clasificación dinámica de municipios de permanencia, municipios expulsores y municipios receptores de población climática. No serían etiquetas permanentes, sino categorías de análisis para orientar decisiones e inversiones.
Los municipios de permanencia requerirían recursos para adaptación y protección de medios de vida. Los expulsores necesitarían estrategias de atención, recuperación o reubicación. Los receptores deberían anticipar reservas territoriales, vivienda asequible, infraestructura y mecanismos de integración comunitaria.
Esta visión permitiría dejar atrás la respuesta fragmentada. También obligaría a reconocer que los gobiernos municipales estarán en la primera línea de un fenómeno que supera ampliamente sus capacidades financieras y técnicas.
La federación y los estados no pueden limitarse a entregar atribuciones. Tendrán que transferir capacidades, información, tecnología y recursos. México no construirá una política nacional de movilidad climática si sus municipios continúan planeando con cartografía desactualizada, personal insuficiente y presupuestos incapaces de sostener la prevención.
Del atlas de riesgos al sistema territorial de anticipación
Los atlas de riesgos seguirán siendo indispensables, pero ya no bastan. México necesita evolucionar hacia sistemas territoriales de anticipación que funcionen permanentemente y relacionen información ambiental, urbana, demográfica y social.
Cada municipio expuesto debería conocer cuántas personas viven en zonas de riesgo, cuáles requieren apoyo especial para evacuar, qué infraestructura crítica podría fallar, dónde se habilitarían alojamientos temporales y qué condiciones permitirían el retorno. También debería identificar aquellas comunidades en las que el deterioro gradual del territorio comienza a provocar salidas de población.
Esto demanda construir observatorios territoriales que no permanezcan encerrados en las oficinas gubernamentales. Las comunidades poseen información que ningún satélite puede registrar por sí solo: saben dónde aparece primero el agua, qué caminos quedan incomunicados, qué cultivos dejaron de producir y qué familias ya comenzaron a marcharse.
La inteligencia territorial no consiste únicamente en acumular datos. Consiste en convertir conocimiento técnico y experiencia comunitaria en decisiones oportunas.
México también necesita un sistema nacional interoperable que registre los desplazamientos sin convertir a las personas en números ni poner en riesgo sus datos. Debemos saber quiénes se desplazan, desde dónde, hacia qué lugar, por cuánto tiempo, en qué condiciones y si han encontrado una solución duradera. Sin esta información seguiremos administrando emergencias aisladas, incapaces de reconocer el patrón nacional que las une.
Un nuevo pacto territorial
La NDC 3.0 de México incorpora por primera vez la movilidad humana dentro de su componente de pérdidas y daños y prevé acciones relacionadas con la prevención, la reubicación planificada, la atención a poblaciones atrapadas y la construcción de sistemas de información. Es un avance relevante. La Ley General de Cambio Climático, por su parte, ya vincula la adaptación con el ordenamiento ecológico, el desplazamiento interno, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.
El desafío consiste ahora en transformar esos principios en decisiones territoriales, presupuestos, capacidades locales y resultados verificables.
Necesitamos un nuevo pacto territorial entre la federación, los estados, los municipios y las comunidades. Un pacto que establezca responsabilidades antes, durante y después del desplazamiento; que impida autorizar nuevos asentamientos en zonas no habitables; que movilice financiamiento hacia la adaptación local; y que proteja tanto a las comunidades que desean permanecer como a aquellas que necesitan comenzar de nuevo.
Ese pacto debe reconocer que el desplazamiento climático no es únicamente una emergencia humanitaria. Es también un desafío de desarrollo institucional, justicia territorial y gobernanza.
El costo de actuar será considerable, pero el costo de improvisar será mucho mayor. Cada peso que no se invierta oportunamente en prevención, adaptación y ordenamiento terminará multiplicándose en reconstrucción, pérdida patrimonial, interrupción económica y sufrimiento humano.
Planear el territorio será planear la vida
El nuevo diagnóstico nacional tiene el mérito de hacer visible una realidad que durante años permaneció fragmentada. Ahora corresponde evitar que se convierta en otro documento valioso cuya influencia termine diluyéndose en los archivos gubernamentales.
México debe prepararse para un siglo en el que la habitabilidad del territorio cambiará. Algunas ciudades crecerán por razones que todavía no aparecen en sus proyecciones demográficas. Algunas comunidades necesitarán inversiones extraordinarias para sobrevivir. Otras enfrentarán decisiones dolorosas sobre su permanencia. Lo que hoy consideramos una emergencia excepcional puede convertirse en una condición recurrente de la vida pública.
Todavía estamos a tiempo de elegir cómo responder
Podemos esperar a que cada desastre desplace a miles de personas y reconstruir, una vez más, en los mismos lugares y bajo las mismas condiciones. O podemos reconocer que la planeación tiene una nueva responsabilidad histórica: anticipar el mapa humano que está produciendo el cambio climático y conducir su transformación con inteligencia, justicia y dignidad.
El territorio mexicano comenzará a cambiar bajo la presión del clima. La pregunta ya no es si ocurrirá, sino si permitiremos que suceda mediante desplazamientos caóticos, desarraigo y nuevas desigualdades, o si seremos capaces de construir una política que proteja el derecho de las comunidades a permanecer y que acompañe con dignidad a quienes deban partir.
Planear el territorio será, cada vez más, planear la vida
