El presente artículo fue publicado en la página 88, edición número 53, mes de junio, de revista Jurista, “Edición Especial de Mecanismos de Solución de Conflictos. Voces construyendo paz y diálogo en México”.
MTRA. DIANA GABRIELA CAMPOS PIZARRO
Mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Escuché en un video del Maestro Joseph Redorta una frase con la que me identifiqué profundamente: “Uno sabe cuándo entra a la mediación, lo que no sabe es que ya no saldrá de ella”. Y sí, eso fue exactamente lo que me pasó.
Y viene a cuenta comentar que, en los perfiles psicológicos que me han realizado a lo largo de los años, aparecían de manera constante dos rasgos en mis análisis: la tendencia natural a conectar personas y, por otro lado, la inclinación a apoyarlas para que se reconcilien y encuentren soluciones a sus diferencias y conflictos. Esa insistencia me hizo mirarme distinto y asumir que soy una mediadora nata. Y fue igualmente importante darme cuenta de que, aunque tenía esa inclinación natural, carecía de herramientas y comencé a buscarlas.
Así fue como encontré que el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM abría la Especialización en Mediación y MASC, y que el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ofrecía un diplomado para certificarse como persona mediadora. En la UNAM tuve el privilegio de ser alumna del doctor Othón Pérez Fernández del Castillo.
Recuerdo con claridad la primera vez que lo escuché hablar de la mediación vinculada al derecho civil: fue revelador. En ese instante convergían mis años de preparación con el maestro don Ernesto Gutiérrez y González —como alumna y como encargada de actualizar su obra de Derecho Civil— y confieso que fue un momento cargado de emoción, en el que sentí que la mediación se convertía en un punto de encuentro maravilloso entre mi vocación, el derecho civil y todo en mi alma mater, la UNAM.
El término “facilitadoras”, no cubre la identidad de las “personas mediadoras”
En los foros del Senado tuve la oportunidad de dialogar con legisladores y sus asesores sobre la redacción de la LGMASC. Planteé dos puntos clave: que personas de cualquier profesión pudieran certificarse, y que se conservara la fe pública, aunque acotada, suficiente. Estos temas los defendí tanto en los foros como en espacios abiertos por la UNAM, lo que me permitió cercanía con las y los legisladores. Considero que ahí logré aportar mi granito de arena.
Ahora bien, el análisis de la LGMASC lo planteo en dos dimensiones: lo que no está y debería incorporarse, y lo que sí está, pero requiere perfeccionarse. En primer lugar, protesto la desaparición del término “personas mediadoras”, sustituido por el de “facilitadoras”. Se trata de un concepto genérico que desconoce el esfuerzo realizado para posicionar nuestra identidad profesional. Además, las menciones a las personas mediadoras privadas resultan marginales y abren la puerta a interpretaciones discrecionales, lo cual debilita la certeza jurídica y la visibilidad de nuestra función.
Una de las joyas de esta LGMASC, es lo dispuesto por el artículo 4º, lo cual marca un avance al poner en práctica la teoría que expone en sus libros el maestro Ernesto Gutiérrez y González, sobre los numerus apertus, al señalar: “Son mecanismos alternativos de solución de controversias, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: …”. Esto significa que más allá de los mecanismos contemplados en la propia ley, las personas legisladoras dejaron abierto el catálogo de derechos. Mi observación sería agregar en este artículo 4º dos mecanismos que, por falta de técnica legislativa, se enuncian en el artículo 6º, fracciones XV y XVI: Procesos de Justicia Restaurativa y Procesos de Justicia Terapéutica.
Otra cuestión que sí está en el artículo 36 es que las personas facilitadoras debemos abstenernos de patrocinar, representar o asesorar a las partes un año antes y otro posterior a la firma y registro de un convenio, con excepción de notarios y corredores públicos. Entiendo el sentido de esta norma, pues es importante evitar conflictos de interés; sin embargo, ¿por qué distinguir?, ¿por qué exceptuar? El conflicto de intereses puede darse también entre personas notarias y corredores públicos.
En materia de recertificación, el artículo 43 dispone que será por cinco años, pero como decía Gutiérrez y González: “¿pa’ qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?”. En lugar de recertificación, debería ser permanente, con revisiones periódicas como ocurre con otras figuras fedatarias. Además, el transitorio Décimo Primero prevé que, si no se emite convocatoria, la certificación continúa vigente hasta que se realicen los actos correspondientes; sin embargo, en la práctica esto genera un “limbo certificador”: la persona mediadora cumple con trámites, exámenes y pagos, pero si el Tribunal no publica la lista, queda sin facultad de actuar. Por ello, de mantenerse la recertificación debe ser hasta la publicación oficial, evitando que quienes cumplen con todo se vean impedidos de ejercer.
Mayoría de estados no ha expedido sus actualizaciones normativas
En este punto, en atención al espacio para esta entrevista, sólo menciono el reto, y llamo a la atención urgente: las entidades federativas tenían un año para expedir sus actualizaciones normativas y, al momento de este análisis, sólo tres lo han hecho (por ejemplo, Yucatán). Urge mover a las cámaras legislativas. Recordemos que esta LGMASC tuvo que ser emitida por mandato de la SCJN ante la omisión legislativa. ¿Qué esperan, que en cada entidad se promuevan amparos en ese mismo sentido? En el caso de la CDMX está pendiente esta actualización normativa y, lo reitero, es urgente.
Personas mediadoras y facilitadoras certificadas pueden apoyar a universidades en la creación de formadores
Estoy convencida de que los Mecanismos de Solución de Conflictos (MSC), como considero correcto referirlos —sin el término de “alternativos” y siendo más precisos al hablar de “conflictos”— son herramientas jurídico‑sociales capaces de contribuir, junto con otras disciplinas y áreas del conocimiento, a la mejora social y al desarrollo del país.
Hoy somos más de 5,000 personas mediadoras y facilitadoras certificadas en la República Mexicana por los Tribunales Superiores de Justicia. Desde ese lugar podemos acompañar a escuelas y universidades públicas y privadas en la creación de formadores, para que cada docente se convierta en un faro que guíe a sus alumnas y alumnos en la construcción de convivencias pacíficas y solidarias.
Mi propuesta es reconstruir comunidades mediante una pedagogía guiada y solventada que incorpore las herramientas que nos brindan la mediación y los MSC: autoconocimiento, gestión de emociones, prevención y solución pacífica de conflictos.
Sembrando esas primeras semillas en las comunidades escolares, las y los estudiantes podrán llevarlas a sus comunidades y familias. Así, el rol social de la persona mediadora o facilitadora se convierte en una pieza clave para consolidar una cultura de paz en nuestro país.
Ciudadanía desconoce los MSC: el desafío es socializarlos
El reto en lo público es que los Centros Alternativos dependientes de los Tribunales Superiores de Justicia cuenten con autonomía técnica y administrativa, además de presupuesto propio. Tanto en lo público como en lo privado, el gran desafío es socializar los MSC: la ciudadanía los desconoce y, por ello, ignora su derecho humano de acudir a esta justicia renovada, más cercana, humana y expedita.
A esto se suma un reto interno: superar los personalismos dentro del gremio de mediadoras y facilitadores certificados. La competencia por el mercado y los liderazgos individuales han frenado proyectos comunes; el verdadero desafío es unirnos, sin importar quién lidere o aparezca en el centro de la foto, para consolidar colectivamente la cultura de paz. Y, en congruencia con lo que ofrecemos, comencemos por nuestra casa: porque, como se dice, el diablo se mete en los proyectos de paz. Hagamos lo contrario: construyamos espacios de confianza y colaboración que inviten a la unidad, a los compromisos y a las voluntades compartidas.
Llevar conocimiento de los MSC al realizarse trámites en el registro civil
La evolución del papel de la persona mediadora pasa por acciones concretas que consoliden su reconocimiento social e institucional. Una de ellas, ya la expuse, es llegar desde las escuelas y universidades públicas y privadas a niñas, niños y adolescentes, sembrando en ellos las semillas de la paz. Otra, que hoy puede parecer inusual, pero merece análisis riguroso, sería instalar módulos de MSC en los registros civiles: que al registrar un nacimiento se ofrezca una plática preventiva sobre Mediación Familiar, o al tramitar un acta de defunción se informe sobre alternativas pacíficas en conflictos sucesorios.
Si el conflicto acompaña el desarrollo humano y lo trasciende incluso en la muerte, entonces difundir desde los registros civiles estas formas de prevención y solución pacífica no resulta una propuesta improbable, sino visionaria y necesaria.
FICHA BIBLIOGRÁFICA DE LA AUTORA*
Mediadora privada certificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Licenciada en Derecho y Especialista en Mediación y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) por la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesora de asignatura en la misma Facultad, donde imparte la materia de MASC en Ciudad Universitaria. Fundadora del Colectivo Soluciones Pacíficas y Colaborativas.
Su trayectoria combina la práctica profesional, la docencia y el liderazgo comunitario. Coordina proyectos editoriales y colectivos nacionales de personas mediadoras.
