Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
“Sufragio efectivo, no reelección”, ese lema que ha ocupado desde hace tiempo un lugar preponderante en la cultura jurídica y política mexicana, que se ha atribuido a Francisco Madero pero que realmente acuñó Porfirio Díaz hace 150 años como protesta primero, ante la reelección del presidente Juárez y la pretendida en 1876 por Sebastián Lerdo de Tejada, presidente interino, tras la muerte del caudillo oaxaqueño. El lema ha sido desde la revolución mexicana, una especie de “cláusula pétrea”, un principio inamovible dentro del sistema jurídico y político de nuestro país, aunque en no pocas ocasiones ha despertado la inquietud de ciertos personajes de romperla, llegando a lograrse a ciertos niveles como en la cámara de diputados federal y presidencias municipales e incluso actualmente queriendo imponerse en el poder judicial, con especial acento en el ámbito electoral.
Efectivamente, desde hace al menos 150 años en nuestro país el sufragio, ese derecho político de ser elegido y elegir de manera libre y transparente a sus representantes -no confundir con el voto que es el medio o instrumento para ejercerlo – es uno de los pilares que sustentan el edificio democrático de todo Estado Constitucional, debe ser efectivo en cuanto a que debe estar caracterizado por ser libre, universal, secreto, igual, directo, y ser garantizado por el poder público para que refleje realmente la voluntad ciudadana ajustándose a los requisitos que la propia Constitución establece.
Por su parte, la no reelección, lejos de ser un capricho en la historia política, es un producto de ella, pues desde que nos erigimos como país independiente, hemos presenciado y sufrido las consecuencias nefastas de la ambición de algunos, de continuar y perpetuarse en el poder. Además, es un prerrequisito para la sana renovación de los cuadros gobernantes que también es un presupuesto del Estado democrático, aunque en la realidad y por desgracia, hoy existen de facto restricciones legales y prácticas que limitan el ejercicio efectivo del sufragio y la participación política.
Pues bien, todo esto dicho, se confronta ante lo que está pasando actualmente en nuestra realidad política y jurídica, particularmente en la pretensión desde el legislativo (el ejecutivo se ha pronunciado claramente en contra de la reelección) de que los magistrados del tribunal electoral se reelijan en su cargo con el objeto de validar los abusos de autoridad e ilegalidades que se presenten en las elecciones, sin que medie un proceso electoral que desde el inicio estuvo viciado gravemente y de lo cual todos hemos sido testigos y víctimas.
El pasado 28 de mayo la cámara de diputados aprobó una reforma constitucional que entre otras cosas pospone la elección de juzgadores a 2028 y de chicaneando de ultimo minuto aumentó el texto para permitir tácitamente la reelección de magistrados del tribunal federal electoral para permanecer en el cargo hasta 17 años, por lo que algunas organizaciones civiles promovieron una demanda ante la suprema corte para que resuelva una contradicción constitucional, dado que el artículo 99 de la carta magna dispone que el cargo de magistrado electoral es por 6 años y es improrrogable. La posibilidad de esta acción inconstitucional sentaría un grave precedente a que mediante una modificación constitucional por mayoriteo como lo que esta sucediendo actualmente, cualquier cargo de elección popular, incluso el de presidente, podría ser prorrogado a placer, cuestión que es a todas luces inconstitucional, antidemocrática y contraria al principio de no reelección, cosa que hasta algunos legisladores del propio Morena han estado en desacuerdo.
Esta barbaridad dejaría a la ciudadanía en estado de indefensión puesto que reformas anteriores, eliminan por una parte, el juicio de inconstitucionalidad en vista de que la oposición no tiene el 33% necesario para presentarla, y por otra parte, tampoco se puede iniciar juicio de amparo que excluye el tema electoral, todo lo cual nos coloca ante una de las transgresiones mas graves a este principio que ha regido nuestro vivir jurídico y político y sus consecuencias serían muy graves…
