Redacción
La doctora Lilia Mónica López Benítez, magistrada en retiro forzado, publicó un artículo en el que sostiene que las recientes modificaciones a la reforma judicial y electoral representan un paso más en la concentración del poder político y ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial.
En su texto, titulado ¿Cuánto cuesta capturar la justicia?, afirma que los cambios publicados el 2 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación consolidan un modelo que, a su juicio, debilita los contrapesos institucionales y condiciona el ejercicio de la función jurisdiccional.
La jurista considera especialmente preocupante la incorporación de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, al estimar que la amplitud de su redacción podría dar lugar a interpretaciones discrecionales. Advierte que, sin definiciones precisas ni criterios estrictos de prueba, esa figura podría utilizarse para descalificar observaciones internacionales, investigaciones periodísticas o críticas al gobierno, en lugar de sancionar únicamente actos reales de injerencia en los procesos electorales.
En su análisis, López Benítez también cuestiona el papel desempeñado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la implementación de la reforma judicial, al considerar que ha validado decisiones que redujeron la deliberación pública y permitieron el avance de un nuevo modelo de elección de personas juzgadoras bajo reglas poco claras y con escasa transparencia. Sostiene que un tribunal constitucional debe actuar como contrapeso del poder y no como un órgano que legitime decisiones gubernamentales.
La magistrada en retiro identifica tres efectos principales de la reforma: la ruptura del modelo de carrera judicial basado en el mérito, el debilitamiento de los contrapesos constitucionales y una afectación al sistema democrático al sustituir, según su perspectiva, la independencia judicial por mecanismos sujetos a la competencia política.
Asimismo, critica la rapidez con la que fueron aprobadas las modificaciones, al considerar que una transformación de esa magnitud debió discutirse mediante un amplio proceso de deliberación técnica, pública y plural.
Finalmente, López Benítez sostiene que el verdadero costo de una eventual “captura de la justicia” recaería sobre la ciudadanía, al erosionar la confianza en las instituciones y el Estado de derecho. Frente a ese escenario, hace un llamado a fortalecer la transparencia, el escrutinio nacional e internacional, la defensa jurídica de la independencia judicial y la participación de la academia, organizaciones civiles, periodistas y profesionales del derecho para preservar el equilibrio constitucional y la vigencia democrática del país.
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