REFORMA JUDICIAL
Magistrada Dra. LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ
Doctora en Ciencias Penales. Docente universitaria. Jueza y magistrada. Consejera de la Judicatura Federal. Autora de: Reflexiones sobre la justicia: retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora; y Protección de Testigos en el Derecho Penal Mexicano, así como de artículos publicados en revistas especializadas. Actualmente participa y en el debate público sobre justicia, democracia y derechos humanos. Magistrada en retiro forzado.
La pregunta no es retórica. Tiene fecha, personas destinatarias y consecuencias: 2 de junio de 2026, Diario Oficial de la Federación. Ese día, el oficialismo no sólo ajustó piezas del sistema electoral y judicial; envió un mensaje político inequívoco: la independencia incomoda, la lealtad se recompensa y la crítica externa puede ser tratada como amenaza jurídica.
La reforma de la reforma judicial (2024), presentada como una medida de “contención”, no contiene el deterioro institucional, lo ordena, lo normaliza y le da cauce jurídico. Bajo el discurso de la soberanía nacional, se incorporó la intervención extranjera como causal de nulidad electoral; se amplió la capacidad de filtrar candidaturas; se robustecieron mecanismos disciplinarios sobre la judicatura; y se abrió la puerta para prolongar la influencia de ciertas magistraturas electorales cuya actuación –cuestionable- ha sido clave en la validación del nuevo diseño judicial. El problema no está únicamente en cada medida aislada, sino en el patrón que las une: el poder político modifica las reglas mientras amplía su capacidad de incidir en quién compite, quién juzga y qué crítica resulta jurídicamente tolerable.
La nueva causal de nulidad por intervención extranjera es, quizá, el ejemplo más delicado. En abstracto, ningún Estado democrático puede ser indiferente ante la injerencia de gobiernos extranjeros en sus elecciones. La defensa de la soberanía es legítima. El riesgo aparece cuando esa defensa se formula con conceptos amplios, procedimientos inciertos y autoridades políticamente condicionadas. ¿Qué se entenderá por intervención? ¿Financiamiento ilegal? ¿Campañas de desinformación? ¿Presión diplomática? ¿Informes de organismos internacionales? ¿Reportajes de prensa extranjera? La diferencia no es menor,una cosa es sancionar una operación clandestina financiada desde otro país; otra, convertir la observación internacional o la crítica democrática en amenaza jurídica.
La ambigüedad normativa no siempre es accidente. A veces es método. Una regla vaga permite aplicarse selectivamente, se invoca contra adversarios y se interpreta con indulgencia frente a aliados. En materia electoral, ese margen de discrecionalidad es especialmente peligroso, porque la nulidad de una elección no es una sanción menor, pues cancela la voluntad expresada en las urnas. Por eso, las causales de nulidad deben ser claras, verificables, proporcionales y sujetas a pruebas estrictas. Cuando no lo son, dejan de proteger el voto y empiezan a servir al poder.
La paradoja es evidente. El discurso oficial se reviste de soberanía, pero adopta una lógica conocida en procesos de deterioro democrático: proteger al régimen frente al escrutinio externo mediante fórmulas jurídicas abiertas. Venezuela, Nicaragua, Rusia y Turquía han mostrado cómo la defensa abstracta de la soberanía puede convertirse en coartada para descalificar observadores, organismos internacionales, prensa crítica y voces incómodas. México no necesita recorrer ese camino. Pero una democracia empieza a debilitarse cuando confunde crítica con injerencia y control constitucional con hostilidad política.
El papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) agrava el problema. Un tribunal electoral debe ser árbitro, no notario del poder. Debe contener excesos, no justificarlos. Debe resolver con independencia, no con cálculo de supervivencia institucional. No obstante, en el proceso de reconfiguración judicial, el TEPJF ha terminado por validar decisiones que redujeron la deliberación, normalizaron, al son del acordeón, la intervención política en la elección judicial y permitieron que un proceso de enorme trascendencia constitucional avanzara bajo reglas confusas, plazos estrechos y escasa transparencia.
No se trata de exigir a los magistrados que fallen, por principio, contra el gobierno. Se trata de exigirles que resuelvan conforme a la Constitución incluso cuando ello incomode al gobierno. Esa es la esencia de la independencia judicial. Cuando un tribunal sabe que su estabilidad, permanencia o futuro institucional depende de no contrariar al poder, la imparcialidad deja de ser una garantía y se convierte en una expectativa ingenua.
La reforma , además, consolida tres fracturas del régimen constitucional mexicano. La primera es la ruptura del pacto judicial. La carrera judicial descansaba en una idea elemental: las y los jueces deben llegar por mérito, experiencia y formación técnica, no por popularidad, propaganda o alineamiento político. Sustituir esa lógica por elecciones judiciales masivas altera la naturaleza misma de la función jurisdiccional. Una jueza o magistrado no está para agradar a mayorías; está para proteger derechos, controlar abusos y aplicar la Constitución aun contra la corriente.
La segunda fractura es el debilitamiento de los contrapesos. Desde 2018, el país ha visto una tendencia sostenida a concentrar poder, desmantelar órganos autónomos, presionar instituciones incómodas y presentar toda resistencia institucional como sabotaje. La reforma judicial y la electoral no surgen en el vacío, forman parte de una secuencia más amplia en la que las instituciones dejan de funcionar como límites y empiezan a operar como extensiones del proyecto gobernante.
La tercera fractura es democrática. El oficialismo ha intentado presentar la elección popular de personas juzgadoras como una expansión de la democracia. Pero no todo lo que pasa por las urnas es automáticamente democrático. La democracia constitucional no se reduce al voto; exige división de poderes, derechos protegidos, árbitros imparciales y reglas previsibles. Cuando la justicia se subordina a la competencia política, el voto deja de ser garantía democrática y se convierte en vehículo de retroceso autoritario.
La velocidad con la que se aprobaron estos cambios confirma la gravedad del momento. Una reforma de esta magnitud, como la de 2024 que se aprobó fast track y con métodos cuestionables, exigía debate técnico, audiencias públicas, deliberación plural y examen constitucional serio. En su lugar prevaleció la lógica del acelere. Prisa legislativa que no fue eficiencia, sino una forma de evitar el escrutinio. Una democracia no se fortalece cuando la transformación de sus instituciones cede ante la urgencia del poder, sino cuando ese poder acepta someterse a deliberación, límites y análisis constitucionales.
El costo de esta captura no lo pagan quienes reciben estabilidad ni quienes acumulan poder. Lo paga la ciudadanía. Lo paga quien acude a tribunales esperando una decisión imparcial. Lo paga quien vota confiando en que su sufragio será contado y respetado. Lo paga quien critica al gobierno y descubre que la crítica puede ser presentada como amenaza. Lo paga el país entero cuando la justicia deja de ser contrapeso y se convierte en instrumento.
La pregunta inicial — ¿cuánto cuesta capturar la justicia? — admite una respuesta dolorosa: cuesta la credibilidad de las instituciones, la confianza ciudadana y la posibilidad de un Estado de derecho. Cuesta la independencia judicial, que no es un privilegio de quienes juzgan, sino un derecho de todas las personas. Cuesta, en última instancia, la vigencia de la República y la delimitación objetiva de los poderes del estado.
Pero captura no es destino. La erosión democrática puede enfrentarse si se documenta, se litiga, se denuncia y se organiza una defensa pública de la independencia judicial. Se requiere transparencia radical en las decisiones del TEPJF; criterios estrictos para acreditar cualquier causal de nulidad; escrutinio nacional e internacional de los efectos de la reforma; y una coalición amplia de juristas, periodistas, organizaciones civiles, academia y ciudadanía que entienda que defender jueces y magistradas independientes no es defender corporaciones, sino poner límites al poder.
La independencia judicial no se pierde únicamente cuando un tribunal se somete, sino cuando el sistema entero aprende que contrariar al poder tiene costo y obedecerlo tiene recompensa. Ese es el punto de partida para recuperar lo que hoy se intenta reducir a trámite legislativo: la dignidad de la justicia y la vigencia democrática de México.
