Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
Hace unos días pude ver el fragmento de un video donde la presidente le ordena al titular de áreas protegidas de Tulum no aplicar la Ley y en su lugar aplicar “el sentido común”, narrativa muy similar a la de su antecesor y tutor político y actualización de aquel mal famoso dicho de que “no me vengan con es de que la ley es la ley”; De aquel personaje no me extraña, pero de la actual me causa una gran y muy poco grata sorpresa, pues fue el Ejecutivo Federal -máxima autoridad del Estado y el Gobierno de nuestro país- quien la pronunció ademas en público, ante las personas y los medios presentes y gracias a las “benditas redes sociales” a todo el país y al mundo.
En un Estado de Derecho o mejor dicho en un Estado Constitucional TODOS, poder público (incluidos sus órganos y funcionarios) y población, tenemos la obligacion y la responsabilidad política de cumplir las normas, disposiciones, principios y prácticas que componen el sistema jurídico vigente, pero con mayor razón quien se ostenta como jefe del Estado y del gobierno que se supone reprersenta a todos lo smexicanos y quien al asumir el cargo, lo único que “protestó”, o sea la sola cosa a la que se comprometió solemnemente, fue a cumplir y hacer ccumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, entendiendo como “Constitución” tanto el texto constitucional en sí como los distitntos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tienen ese mismo rango de norma suprema de la federación.
Para realizar esta premisa fundamental del Estado de Derecho, hay que tener en cuenta la gran diferencia entre población y poder público, pues mientras que para la población se trata de ejercer el derecho de hacer todo lo que la ley no le prohibe, lo cual implica ejercer una libertad, para los servidores públicos significa la obligación se solo hacer, ni más ni menos, lo que la ley les permite, lo que quiere decir que se trata de una atribución.
Esto significa que ningún servidor público, trátese de quien se trate, puede aplicar o no la ley según se le dé la gana, haciendo distinciones entre personas, hechos y actos juridicos a su conveniencia; por por eso resulta por demás inconcebible que una persona que se dice jefe de Estado, conmine frente a todos a un funcionario de menor jerarquía que incumpla con eso que también él mismo protestó al asumir el cargo; además, ante todo porque si ella es la primera que lo hace, ¿qué otra cosa se puede esperar que hagan los demas servidores públicos?.
En tal sentido, esto aparte de un acto anticonstitucional a todas luces, es en elnguaje político una consigna para que hagan lo mismo todos los funcionarios de su gobierno federal y de los gobiernos locales y municipales que son de su partido y coaligados, lo que se convierte en una ruptura abierta al Estado de Derecho e indirectamente, una provocación más para el gobierno de Estados Unidos que sin duda pues lo ha venido haciendo en reiteradas cocasiones, aprovechará manifestaciones como esta para intensificar su presión hacia México y su gobierno.
El llamado al no respeto a la ley y el Estado de Derecho ya se refleja tambien en la conducta a todas luces ilegal y antoconstitucional de su partido a adelantar indebidamente las camapañas electorales a los distintos cargos municiapels estatales y federales que se votaran el próximo año, pasando por encima de todo el marco jurídico que regula los procesos electorales.
El problema de fondo está en que si ella es capaz de hacer eso, habrá quien piense en por qué otros funcionarios no pueden hacer lo mismo y en por qué la ciudadanía sí tendría que cumplir con las reglas del Estado constitucional si ella y sus secuaces no lo hacen. Grave, muy grave.
