
El presente artículo fue publicado en la página 6, edición número 53, mes de junio, de revista Jurista, “Edición Especial de Mecanismos de Solución de Conflictos. Voces construyendo paz y diálogo en México”.
MTRO. LUIS ENRIQUE OSUNA SÁNCHEZ
Titular del Centro Público MASC en materia de justicia administrativa*
Si trato de ubicar un punto de origen sobre el descubrimiento de mi vocación como persona mediadora o facilitadora en los MASC, regreso inevitablemente a mis años como estudiante de derecho en la Universidad de Sonora, a mediados de los noventa.
Ahí escuché por primera vez hablar de Therapeutic Jurisprudence (Justicia Terapéutica) y de mediación (por los doctores Jorge Pesqueira Leal y Miguel Ángel Soto La Madrid), profesores que ya veían venir un cambio en la forma de entender los conflictos. En ese momento no dimensionábamos quizá todo lo que vendría después, pero sí quedaba la sensación de que el derecho podía ser algo más que confrontación y sentencias.
El contacto con la justicia terapéutica —a través del trabajo de David Wexler y Bruce Winick— me ayudó a comprender algo que con los años se volvió una convicción personal: el derecho no sólo resuelve controversias, también produce efectos emocionales y sociales en las personas que lo viven. Esa idea me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional y hoy sigue siendo una brújula en mi trabajo.
Mi vocación por los MASC no nació de la teoría únicamente, sino de la experiencia cotidiana, viendo expedientes que crecían innecesariamente cuando, en realidad, lo que hacía falta era diálogo oportuno, explicación clara o una mesa de conversación antes de escalar al litigio. Con el tiempo entendí que facilitar no es una función menor dentro del sistema de justicia; es una forma distinta —y muchas veces más humana— de ejercer el derecho.
Deben fortalecerse tres líneas en la ley
La Ley General de MASC representó un avance importante. Nos dio una base común, reglas mínimas y un punto de partida institucional sólido. Pero como ocurre con muchas normas, el verdadero reto no está en el texto, sino en la forma en que se aplica.
Creo que hay tres líneas que deben fortalecerse.
Primero, la profesionalización real. No basta con establecer requisitos formales; necesitamos estándares claros, formación continua y especialización según la materia. No todos los conflictos son iguales, y no todos pueden abordarse con las mismas herramientas.
Segundo, la articulación con otros componentes del sistema de justicia. Los MASC no deben pensarse como espacios aislados, sino como parte de una ruta ordenada que permita transitar entre mecanismos según la naturaleza del conflicto.
Y, tercero —algo que pocas veces se menciona con suficiente énfasis— el fortalecimiento de la calidad del proceso. No se trata sólo de cuántos asuntos se atienden o cuántos convenios se firman, sino de cómo se atienden y qué efectos producen en las personas que participan. Porque si el proceso no genera confianza, la estructura legal pierde sentido.
Los MASC han dejado de ser una figura marginal
Aunque mi experiencia es en el ámbito federal y particularmente en materia administrativa, puedo decir que los MASC han dejado de ser una figura marginal para convertirse en una herramienta institucional relevante. Hoy ya no se discute si deben existir; se discute cómo hacerlos funcionar mejor.
Uno de los avances más importantes ha sido la creación de centros especializados que permiten a las personas y a las autoridades sentarse a dialogar en condiciones más ordenadas. En el ámbito administrativo, esto tiene un impacto especial, porque muchos conflictos no nacen de mala fe, sino de falta de comunicación o de interpretaciones distintas de una norma.
El reto principal sigue siendo cultural. Venimos de una tradición jurídica profundamente adversarial, donde muchas veces se asume que el conflicto sólo puede resolverse mediante una decisión formal. Cambiar esa lógica no ocurre por decreto; requiere práctica, paciencia y resultados que generen confianza.
También existe un desafío interno en las instituciones públicas: aprender a dialogar sin sentir que ello debilita la autoridad. La experiencia demuestra lo contrario: cuando la autoridad escucha, su legitimidad se fortalece.
Abrir espacios donde el conflicto pueda ser entendido antes de ser juzgado
La cultura de paz no es un discurso abstracto ni un concepto reservado a organismos internacionales. Es una práctica cotidiana que se construye en cada interacción institucional donde se decide escuchar antes de imponer.
Desde esa perspectiva, el papel del facilitador consiste en abrir espacios donde el conflicto pueda ser entendido antes de ser juzgado. No se trata de evitar el desacuerdo —porque el conflicto es parte natural de la convivencia— sino de gestionarlo de manera responsable y respetuosa de la dignidad de las personas.
En la práctica, construir cultura de paz implica algo muy concreto: ofrecer a las personas un proceso donde puedan expresar su versión, comprender la del otro y participar en la construcción de la solución. Esa participación transforma la forma en que las personas perciben la justicia y fortalece la confianza en las instituciones.
Debemos construir una voz institucional distinta
Uno de los principales retos es evitar que los MASC se conviertan en una formalidad más dentro del sistema. Existe el riesgo de replicar prácticas tradicionales dentro de estructuras nuevas, cambiando el nombre del procedimiento, pero no la forma de pensar el conflicto.
Otro desafío importante es el lenguaje. Muchas veces seguimos comunicándonos como si estuviéramos en un juzgado, utilizando expresiones que generan distancia en lugar de comprensión. Si queremos construir espacios de diálogo, también debemos construir una voz institucional distinta, más clara y accesible para quienes participan.
También enfrentamos el reto de cuidar a quienes facilitan estos procesos. El desgaste emocional es real y, si no se atiende, termina afectando la calidad del servicio. La técnica es importante, pero sin conciencia ética y autocuidado, el proceso pierde sentido humano.
Visualizo facilitadores cada vez más preparados
Creo que el futuro de los MASC no está en multiplicar estructuras, sino en mejorar la práctica.
Visualizo facilitadores cada vez más preparados, no sólo en técnicas jurídicas, sino en habilidades humanas: comunicación clara, manejo emocional, análisis del conflicto y comprensión del contexto social en el que surge cada caso.
También veo una integración más estrecha entre los mecanismos alternativos y el sistema de justicia tradicional. No como caminos rivales, sino como rutas complementarias dentro de una misma lógica institucional.
Pero, sobre todo, veo un cambio en la percepción social. Cuando las personas comiencen a identificar los MASC no como una alternativa secundaria, sino como una vía legítima y confiable para resolver conflictos, habremos dado un paso importante.
Al final, el reconocimiento institucional no se obtiene sólo con normas o certificaciones. Se construye con resultados visibles, con procesos que generen confianza y con experiencias que hagan sentir a las personas que fueron escuchadas y tratadas con respeto.
Porque, cuando eso ocurre, el derecho deja de ser únicamente una herramienta de resolución y se convierte en un espacio real de reconstrucción social.
*FICHA BIBLIOGRÁFICA DEL AUTOR
Luis Enrique Osuna Sánchez es un jurista mexicano con sólida trayectoria académica y una especialización reconocida en Derecho Administrativo, Justicia Terapéutica y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, Maestro en Derecho Fiscal y Financiero con mención de excelencia y honorífica, y cuenta con estudios de posgrado en Australia, orientados a MASC y Justicia Terapéutica. Ocupó el cargo de Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actualmente es el Titular del Centro Público MASC en materia de justicia administrativa. Su formación incluye, además, una Especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa.
Ha desarrollado una obra académica constante como autor y coautor de libros, capítulos y artículos sobre Justicia Terapéutica, Derechos Humanos, Derecho administrativo y Justicia Fiscal. Es una de las voces mexicanas más visibles en la promoción de los MASC en sede administrativa y en la proyección iberoamericana de la Justicia Terapéutica.
Su trabajo representa la convergencia entre rigor académico, experiencia jurisdiccional y compromiso con una justicia que, además de resolver conflictos, contribuya a reparar, dignificar y transformar.


