Abogados y jueces frente a la intimidación
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzado del Poder Judicial de la Federación
Hay pronunciamientos que tienen un valor mayor que el caso concreto que los origina.
El emitido por organizaciones de abogados del Estado de Veracruz en respaldo del licenciado Gabriel Salas Águilar es uno de ellos.
La Alianza Mexicana de Abogados, CONAMEX y la Federación de Abogados del Estado de Veracruz, Zona Sur, hicieron algo que merece reconocimiento: frente a lo que consideran una posible utilización indebida del aparato institucional contra un compañero por actos relacionados con el ejercicio de su profesión, no guardaron silencio.
Lo acompañaron. Se pronunciaron públicamente. Exigieron debido proceso. Y formularon una advertencia que trasciende cualquier nombre propio: no se debe criminalizar ni utilizar el poder para intimidar el libre ejercicio de la abogacía.
Estoy de acuerdo. Pero precisamente por estar de acuerdo creo que debemos dar un paso más.
La defensa de la independencia profesional no puede detenerse en la puerta del despacho del abogado. Debe entrar también a los tribunales.
Porque tan peligroso es un abogado que tenga miedo de defender como un juez que tenga miedo de resolver.
Defender abogados libres exige defender jueces libres
Un abogado independiente necesita poder promover demandas, ofrecer pruebas, cuestionar actos de autoridad y defender a personas incómodas sin preguntarse previamente si ejercer su profesión le provocará represalias.
Pero existe la otra mitad de la ecuación.
Ese abogado necesita también llegar ante un juez capaz de escuchar sus argumentos y resolver conforme al derecho sin calcular qué consecuencias personales podría sufrir por hacerlo.
¿Qué ganamos con proteger la libertad del abogado si el juez ante quien comparece sabe que determinado criterio puede llevarlo después ante un tribunal disciplinario? Muy poco.
La libertad de defensa y la independencia judicial son vasos comunicantes.
Sin abogado libre, el ciudadano queda indefenso. Sin juez independiente, la defensa puede convertirse en una simulación.
Por eso el pronunciamiento de los abogados veracruzanos contiene, quizá sin proponérselo, una enseñanza que hoy debería extenderse al Poder Judicial Federal.
El caso de Martha Magaña
En agosto y septiembre de 2024, la entonces jueza federal Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, concedió suspensiones dentro de juicios promovidos contra aspectos del proceso de reforma judicial.
Se podrá estar jurídicamente de acuerdo o en desacuerdo con aquellas determinaciones. Eso es perfectamente legítimo. Para eso existen los recursos.
De hecho, la propia juzgadora sostuvo públicamente entonces que correspondía a un Tribunal Colegiado revisar su decisión. Esa es precisamente la lógica ordinaria de la independencia judicial: una resolución que se considera equivocada se combate jurisdiccionalmente ante otro tribunal; no se corrige intimidando al juez que la dictó.
Hoy el problema adquiere otra dimensión.
Martha Magaña enfrenta un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina Judicial relacionado con aquellas decisiones y ha sido llamada a audiencia. La información más reciente señala que esa audiencia fue diferida para el 8 de octubre de 2026.
Y aquí debería encenderse una alarma mucho más grande que la defensa de una sola juzgadora.
Porque el verdadero asunto no es Martha Magaña. El asunto es qué mensaje reciben todos los jueces que siguen resolviendo asuntos contra el poder.
Una cosa es sancionar corrupción; otra, disciplinar criterios
Nadie puede sostener seriamente que los jueces deban ser irresponsables.
Un juzgador corrupto, deshonesto o que deliberadamente abuse de su función debe responder.
Pero existe una frontera que un Estado constitucional no puede cruzar sin poner en peligro su sistema de justicia: convertir el sentido de una resolución jurisdiccional en materia de persecución disciplinaria.
Si una sentencia es jurídicamente equivocada, existen recursos. Si una suspensión es improcedente, puede revocarse. Si una interpretación constitucional es incorrecta, un órgano superior puede modificarla. Eso es derecho.
Lo distinto es transmitir al juzgador el mensaje de que una determinada interpretación puede producir consecuencias sobre su propia persona.
Porque entonces aparece algo mucho más peligroso que una sentencia equivocada: el miedo judicial.
Y un juez con miedo ya no necesita recibir una llamada telefónica desde el poder. Le basta preguntarse antes de resolver: “¿Qué me ocurrirá si concedo este amparo?”, “¿Qué pasará si suspendo este acto?”, “¿Me abrirán un procedimiento?”, “¿Me citará el Tribunal de Disciplina?”
En ese momento la independencia judicial puede desaparecer sin necesidad de que nadie dicte expresamente una orden.
No se trata de una preocupación imaginaria
El problema tampoco puede reducirse a un solo expediente.
Durante 2026 se han documentado controversias en torno a procedimientos disciplinarios seguidos contra personas de carrera judicial y, particularmente, la preocupación de que criterios jurisdiccionales puedan convertirse en materia de sanción.
Por eso la discusión ya no puede considerarse un problema personal.
Estamos hablando del modelo de juez que queremos para México.
¿Queremos un juez que consulte la Constitución? ¿O uno que consulte primero el posible costo disciplinario de su decisión?
A los abogados de Veracruz: acompañemos también a la jueza
Por eso quisiera formular respetuosamente una invitación a las mismas asociaciones de abogados de Veracruz que acompañaron al licenciado Gabriel Salas Águilar.
Hicieron bien en no dejarlo solo.
Hicieron bien en sostener que el poder público no debe convertirse en instrumento de intimidación contra el ejercicio profesional.
Pero justamente por la autoridad moral que produce esa posición, ahora existe una oportunidad para demostrar que el principio defendido no depende de quién sea el afectado.
El próximo 8 de octubre, acompañemos también a Martha Eugenia Magaña López.
No para anticipar el resultado jurídico de su procedimiento. No para pedir impunidad. No para sostener que un juez jamás pueda ser investigado.
Sino para defender algo mucho más importante: que ningún juez sea castigado por el simple hecho de haber sostenido un criterio jurídico que incomodó al poder.
Así como frente al caso de un abogado se proclama: “Ni intimidación ni abuso de poder: justicia y debido proceso”, esa misma exigencia debe valer para quien viste una toga.
Hoy por el abogado; mañana por el juez; finalmente por nosotros
Los abogados debemos entender algo elemental.
La independencia judicial no pertenece a los jueces. Pertenece a los ciudadanos.
El juez independiente no constituye un privilegio de la judicatura. Es una garantía para la persona que mañana demande al gobierno, reclame una pensión, defienda su libertad, impugne un impuesto, denuncie un abuso o solicite un amparo.
Por eso tampoco debería existir una separación artificial entre barras de abogados, asociaciones de juzgadores, universidades y sociedad civil.
Todos estamos defendiendo la misma cosa: el derecho a que los conflictos sean resueltos conforme al derecho y no conforme al miedo.
Hoy puede ser Gabriel Salas. Mañana Martha Magaña. Después cualquier abogado. Cualquier juez. Y, finalmente, cualquier ciudadano.
El 8 de octubre comparece algo más que una jueza
Por eso el próximo 8 de octubre no debería verse simplemente como la fecha de una audiencia administrativa.
Hay algo más profundo en juego.
Ese día comparece también la independencia judicial.
Y los abogados tenemos que decidir si observaremos desde lejos o si entenderemos que aquello que hoy sucede a un juez puede determinar mañana la clase de justicia ante la cual tendremos que defender a nuestros clientes.
Celebro la solidaridad que mostraron los abogados veracruzanos con uno de sus compañeros.
Ahora llevemos esa solidaridad hasta sus últimas consecuencias.
Defendamos al abogado frente a la intimidación. Defendamos al juez frente a la intimidación. Defendamos el derecho de ambos a hacer su trabajo sin miedo.
Porque la justicia y la independencia no las construyen solamente los jueces.
Las construyen los abogados. Las universidades. Los colegios profesionales. Los periodistas. Y los ciudadanos que deciden no quedarse callados.
La independencia judicial la construimos —o la perdemos— entre todos.
Referencias periodísticas consultadas
