Desde el sector empresarial organizado, la iniciativa de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe analizarse con responsabilidad, pero también con claridad.
Nadie en el ámbito productivo serio cuestiona hoy la necesidad de fortalecer la protección ambiental. El derecho a un medio ambiente sano no solo es un mandato constitucional, es una condición para la viabilidad económica del país en el largo plazo.
Sin embargo, una buena intención normativa no garantiza buenos resultados.
La iniciativa propone un modelo ambicioso, con una fuerte carga de principios como el precautorio, el pro natura y el interés superior del ambiente. Este último establece que, ante la duda, las decisiones deben favorecer a la naturaleza.
Desde una perspectiva empresarial, el problema no es el principio, sino su aplicación.
Cuando no existen criterios claros de interpretación, se genera un entorno de incertidumbre jurídica. Las inversiones requieren reglas previsibles. Sin certeza, el riesgo no es solo jurídico, sino económico: se inhibe la inversión, se encarece el cumplimiento y se debilita la competitividad.
A esto se suma un elemento estructural: la iniciativa amplía de manera significativa las facultades de la Federación en la conducción de la política ambiental. Aunque el esquema formal sigue siendo de concurrencia, en la práctica se advierte una tendencia hacia la centralización.
Para el sector productivo, esto implica procesos más largos, mayor carga burocrática y menor capacidad de interlocución a nivel local.
Otro punto que merece atención es la incorporación de múltiples instrumentos regulatorios evaluación ambiental estratégica, compensación ambiental, valoración económica de servicios ecosistémicos. Son herramientas modernas, sin duda, pero su implementación exige capacidades institucionales que hoy no están plenamente desarrolladas.
El riesgo es claro: una sobrerregulación que no se traduce en mejores resultados ambientales, pero sí en mayores costos operativos.
Particularmente delicado es el esquema de compensación ambiental. Si no se regula con precisión, puede generar distorsiones: por un lado, permitir que ciertas actividades internalicen el costo del daño; por otro, abrir espacios de discrecionalidad administrativa que afecten la certeza jurídica.
El sector empresarial no se opone a la regulación ambiental. Lo que exige es regulación eficaz, proporcional y técnicamente viable.
México necesita avanzar hacia un modelo donde la sostenibilidad no sea un obstáculo, sino un motor de desarrollo. Para ello, la ley debe generar incentivos claros para la innovación, la inversión en tecnologías limpias y la transición hacia esquemas de economía circular.
Pero también debe evitar caer en un exceso regulatorio que termine por desincentivar precisamente a quienes pueden ser aliados en la protección ambiental: las empresas.
El desafío es encontrar el equilibrio.
Porque sin medio ambiente no hay economía.
Pero sin certeza jurídica, tampoco hay desarrollo.
Dr. Octavio Ruiz Méndez es abogado, mediador privado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Ambiental y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Su trayectoria combina la investigación jurídica con la promoción de una cultura de paz y justicia ecológica. Ha participado en proyectos de innovación normativa y mediación socioambiental, impulsando la integración de los principios de sostenibilidad y empatía inter-especie en el ámbito jurídico. Su trabajo académico se centra en la transformación del derecho hacia modelos más inclusivos, participativos y respetuosos con todas las formas de vida.
