La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de la Suprema Corte, al considerar que no existían elementos suficientes para anular los resultados. Con una votación dividida de tres contra dos, el Pleno rechazó las propuestas que buscaban invalidar el proceso.
Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso respaldaron la legalidad de los comicios. Por el contrario, Reyes Rodríguez Mondragón apoyó la anulación total, mientras Jeanine Otálora Malassis presentó un voto particular en la misma línea. La mayoría coincidió en que los señalamientos no alcanzaban el umbral jurídico requerido para revertir los resultados.
Durante la sesión, Soto Fregoso defendió la integridad del proceso, afirmando que “no se puede subestimar la inteligencia de la ciudadanía” y que no basta con datos estadísticos sin pruebas directas para invalidar una elección.
Denuncias por uso de “acordeones”
La sesión, iniciada con retraso a las 14:00 horas, abordó decenas de impugnaciones, entre ellas las relacionadas con la presunta distribución masiva de “acordeones”, materiales de propaganda prohibidos, durante la jornada electoral.
Reyes Rodríguez propuso declarar la nulidad total bajo el argumento de una operación ilícita, organizada y generalizada para influir en el voto. Su proyecto incluía revocar acuerdos del INE, ordenar al Senado convocar a una nueva elección y pedir al INE investigar el origen y distribución del material propagandístico.
Sin embargo, los magistrados que validaron la elección concluyeron que la existencia de propaganda irregular no era suficiente para anular el proceso, al no probarse un efecto determinante en los resultados.
Fin a un proceso controvertido
Con esta decisión, el TEPJF cierra uno de los episodios más discutidos del reciente ciclo electoral, marcado por acusaciones de irregularidades y un intenso debate jurídico.
La ratificación de la elección de la Suprema Corte también valida la actuación del INE y garantiza la continuidad institucional del máximo tribunal del país. Aunque persisten las críticas, la mayoría del Pleno priorizó la certeza jurídica ante la falta de pruebas contundentes de una alteración sustancial del voto.
