Por si Estaban con el Pendiente
Quetzalli Carolina Vázquez
Dante Delgado “dueño de Movimiento Ciudadano” —dirían los morenistas—vino a Veracruz a denunciar algo que, en cualquier democracia, debería resultar gravísimo: que las instituciones de justicia puedan utilizarse para perseguir adversarios políticos.
La acusación podría quedarse en el terreno de la disputa partidista si no existieran antecedentes que obligan a formular preguntas incómodas.
¿Existe la justicia en Veracruz? ¿Se investiga cuando se comenten delitos o cuando se fabrican? ¿Se persigue adversarios políticos?
Florencio Hernández, exjuez del Poder Judicial de Veracruz, ha señalado que recibió presiones para dictar vinculaciones a proceso y que detrás de la instrucción de perseguir a cinco adversarios politicos de morena, estuvo Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, entonces presidenta del Poder Judicial.
La exjueza Angélica Sánchez también ha señalado a la entonces presidenta del Poder Judicial en el contexto de las presiones que, según su versión, recibió después de resolver un asunto relacionado con la libertad de un presunto delincuente al que intereses políticos querían mantenerlo tras las rejas.
Son acusaciones y señalamientos y precisamente por eso deberían investigarse, contrastarse y someterse a prueba.
Pero existe un dato institucional que vuelve todavía más incómoda la discusión.
Antes de dejar la presidencia del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia participó en el proceso mediante el cual fueron designados los integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial, encargado de administrar y conducir aspectos fundamentales de la estructura judicial.
Ese órgano tiene atribuciones sobre la administración, la carrera judicial, las adscripciones y otros aspectos que inciden directamente en el funcionamiento de los juzgados.
Después, Lisbeth Aurelia dejó la presidencia del Poder Judicial y asumió la Fiscalía General del Estado.
Es decir: quien fue señalada por dos exjuzgadores por presuntamente haber ejercido presión sobre decisiones judiciales pasó de encabezar el Poder Judicial a dirigir la institución encargada de investigar y perseguir delitos.
¿Significa esto que actualmente controla también al Poder Judicial?
No es un hecho pero existe la posibilidad; eso se asegura en los pasillos de la Fiscalía, del Poder Judicial y entre juzgadores, que señalan la existencia de una sincronia entre ambas instituciones —no precisamente para bien— y, que quien la dirige es la actual Fiscal General del Estado que ha pasado a ser la segunda mujer más poderosa de Veracruz después de la gobernadora Rocío Nahle.
Entonces, ¿Significa que existe una relación institucional y una sucesión de posiciones de poder que merece ser examinada?
Obviamente sí
Precisamente ahí es donde aparece la verdadera duda razonable que Dante Alfonso Delgado Ranauro mencionó en su discurso.
Ese discurso que provocó una reaccióninmediata de varios políticos morenistas que salieron, casi en cadena, a descalificarlo y a cuestionar sus dichos. “Nado sincronizado”, le llamaría la gobernadora Rocío Nahle.
Algunos fueron bastante lejos y redujeron el planteamiento a una supuesta defensa de delincuentes.
Pero en esa reacción parece perderse de vista algo elemental: pedir que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia no equivale a defender la impunidad.
Dante no dijo que los alcaldes de Movimiento Ciudadano fueran inocentes, dijo que si cometieron un delito, deben ser investigados y, si existen pruebas, sancionados.
Reclamó presunción de inocencia, debido proceso y la misma ley para todos.
También recordó que un desafuero no es una sentencia condenatoria.
Veracruz ya tiene antecedentes que hacen imposible despachar la discusión con un simple “Dante está defendiendo delincuentes”.
Con lo señalado por los exjueces Forencio Hernández y Angélica Sánchez, confiar en que las instituciones actúen con independencia, imparcialidad y sin consigna es complicado.
No hay que olvidar que los exalcaldes emecistas señalados, también tienen derecho a que se les respete la presunción de inocencia y ese principio no puede depender del partido al que pertenezca el acusado.
Quizá por eso los antecedentes de Florencio Hernández y Angélica Sánchez resultan tan relevantes para esta discusión. No porque sus versiones deban asumirse automáticamente como verdad, sino porque ambos han formulado señalamientos similares desde dentro del propio sistema de justicia.
Y ambos han colocado sobre la mesa el mismo nombre… Lisbeth Aurelia.
Dante lo denuncia desde la política.
Florencio lo cuenta desde una prisión.
Angélica lo denunció desde el banquillo de los acusados.
Tres posiciones distintas, tres historias distintas y una misma pregunta que sigue sin respuesta:
¿Qué ocurre en Veracruz cuando alguien dentro de las instituciones toma una decisión por cumplir ordenes de personajes en el poder?
La pregunta no debería responderse con discursos partidistas sino con expedientes, resoluciones, nombramientos, vínculos y decisiones judiciales.
Por eso, más que discutir si Dante Delgado tiene razón, habría que responder algo mucho más importante:
¿Puede Veracruz demostrar que sus instituciones de justicia son realmente independientes del poder político?
Esa es la duda razonable.
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