Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
Ya decíamos en entregas anteriores que el Estado de Derecho es el principio nuclear del cualquier sistema democrático desde que iniciaron las revoluciones liberales en a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX y que éste implica el acato de todos -población y autoridades- a las normas y disposiciones que integran el orden jurídico vigente, empezando claro está, por la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual la propia Ejecutivo federal (y a nivel estatal los ejecutivos de las entidades federativas y municipios) protestó cumplir y hacer cumplir junto con las demás leyes que de ella emanen, de hecho es a lo único que se comprometió al asumir el cargo que hoy ostenta.
En este contexto, los inauditos acontecimientos políticos de la reciente semana nos muestran con toda claridad que este compromiso constitucional esta lejos de cumplirse y que por ende esta institución esta muy pero muy lejos de ser acatada por los gobiernos actuales, empezando por el del palacio nacional.
La CPEUM establece con toda claridad las obligaciones a cumplir por todos los que pretendan ejercer un cargo público, y entre ellos está la de desempeñar el cargo y las atribuciones por las que han sido electos y en caso de no poder cumplir con esta alta responsabilidad, presentar su renuncia exponiendo obligatoriamente la o las causas graves que le impidan seguir desempeñando las funciones propias de dicho cargo.
Por desgracia para la constitucionalidad de nuestro país hemos podido constatar en estos días la nula predisposición de ciertos funcionarios para cumplir con esta y otras obligaciones constitucionales, como es el caso de la magistrada del tribunal electoral federal Monica Soto, que campechanamente nada más aviso que ya no quería seguir desempeñando su cargo sin siquiera tomarse la molestia de presentar alguna razón de peso que justificara su dimisión.
Pero el colmo ha sido el numerito que armó el desgobernador del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien aprovechando el desorden que provocó el arguende armado por el hijo el expresidente Lopez Obrador dado el retiro de su visa por parte de las autoridades del los estados unidos de norteamérica, supuso que ante la coyuntura podía ocupar de nuevo la gubernatura, pasándose por el arco del triunfo a la presidente de México, tomando en cuenta la estrecha relación que tiene con el ex presidente López, indisciplina que es verdaderamente inaudita y además fue apoyada desde palenque y que implica un golpe de estado técnico orquestado en lo oscurito con el único propósito de salvar el pellejo del Andy y el propio del cacique tabasqueño.
Increíble que en aras de salir a defender lo indefendible, se pase por encima del orden constitucional y se pretenda argüir la defensa de la soberanía nacional con fines personales, y que la propia presidente diga que el asunto de Rocha y de Inzunza no son más que “decisiones personales”, como si fuera capricho el cumplir con sus responsabilidades como servidores públicos, como si sus acciones u omisiones solo impactaran su ámbito personal y no el interés de la nación que es lo que realmente está en juego.
De verdad ¿la soberanía esta en manos de los caprichos individuales? El Estado de Sinaloa y la federación completa ¿dependen del humor de funcionarios acusados de tener nexos con el crimen organizado solicitados para ser investigados por los EUA? Dejando en total estado de indefensión al estado, el territorio y el poder público sinaloense que hasta este momento esta al borde de la desaparición de poderes?
