Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Con información de Sonora Presente
Un grupo de diputados y senadores de Morena, cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum prepara un amplio paquete de reformas constitucionales y legales para combatir la corrupción mediante la transformación del Sistema Nacional Anticorrupción, que contempla la eliminación del fuero de legisladores y altos funcionarios, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), nuevos mecanismos para recuperar recursos públicos desviados., reorganizar las auditorías y ampliar las herramientas de investigación y sanción de delitos relacionados con el uso indebido del dinero público.
Las acciones pretenden contrarrestar los escándalos que han generado las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y abrió investigaciones sobre contratistas y funcionarios relacionados con posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.
El objetivo es presentar las primeras iniciativas antes del 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Ante la magnitud de las modificaciones, también se contempla convocar a un periodo extraordinario en enero para discutirlas.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, encabeza parte de los trabajos legislativos y ha adelantado que las propuestas implican modificaciones a una decena de ordenamientos legales, incluida la Ley Orgánica de la FGR.
Entre los cambios destaca el fortalecimiento de la autonomía presupuestal de la Fiscalía y de las fiscalías especializadas en combatir la corrupción, además de una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de investigar irregularidades y sancionar a los responsables.
“Estamos trabajando en una reforma integral para reconstruir el sistema de auditorías en el país y fortalecer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo el legislador.
La eliminación del fuero constitucional es uno de los puntos más sensibles del paquete, debido a que permitiría retirar la protección jurídica que actualmente tienen determinados servidores públicos frente a procesos penales.
Sheinbaum ya había respaldado la discusión de este planteamiento en marzo de 2025, aunque reconoció la necesidad de debatirlo. “Siempre estuvimos en contra del fuero. Se debe poner a debate”, declaró entonces la presidenta.
Otra de las propuestas consiste en ampliar la aplicación de la extinción de dominio para recuperar bienes y recursos financieros vinculados con actos ilícitos, además de fortalecer las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal y las redes de facturación falsa.
Las modificaciones también buscan establecer mecanismos de prevención y fiscalización que permitan detectar irregularidades en el ejercicio del presupuesto público.
El impulso a estas reformas ocurre después de que se revelaran presuntas irregularidades en contratos del INE, un caso que ha colocado bajo investigación a proveedores y funcionarios del organismo electoral.
La controversia también ha alcanzado a la expresidenta Guadalupe Taddei, cuya salida de la presidencia del Instituto ocurrió en medio de señalamientos relacionados con presuntos conflictos de interés y contrataciones cuestionadas.
Sin embargo, el paquete anticorrupción enfrenta resistencias dentro de Morena, donde algunos sectores han mostrado diferencias respecto de los alcances de las modificaciones.
Ramírez Cuéllar ha evitado confirmar públicamente que existan intereses internos que obstaculicen las iniciativas, aunque reconoció que su aprobación dependerá del respaldo político que consigan. “Vamos a presentar las propuestas. Veremos quién las apoya”, expresó.
Las diferencias dentro del oficialismo tienen antecedentes en otras reformas promovidas por Sheinbaum, como la iniciativa contra el nepotismo electoral, cuya aplicación fue trasladada de 2027 a 2030 por presiones de sus aliados políticos.
También se han registrado desacuerdos en torno a la reforma político-electoral, que contemplaba eliminar espacios de representación proporcional en el Congreso y adelantar la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones del próximo año.
En el caso del sistema anticorrupción, otro punto de discusión será la independencia de las instituciones encargadas de vigilar al Gobierno, particularmente después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en mayo de 2025, cuando sus funciones quedaron bajo control gubernamental.
La propuesta pretende reorganizar las responsabilidades de fiscalización e investigación, aunque la autonomía de las fiscalías y la publicidad de los resultados de las auditorías forman parte de los asuntos que deberán abordarse durante el proceso legislativo.
En los trabajos de elaboración del paquete participan representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico de Monterrey, el Consejo Mexicano de Negocios, la Asociación de Bancos de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
También se han incorporado magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, representantes de la Comisión Antimonopolios, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción.
Como parte de las gestiones legislativas, Ramírez Cuéllar presentó este lunes una parte de las propuestas al presidente del Senado, Higinio Martínez, mientras continúa la preparación de las iniciativas que Morena y el Ejecutivo federal buscarán llevar al Congreso
