El riesgo de inventar un derecho auténticamente mexicano, de espaldas al conocimiento universal
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzado del Poder Judicial Federal.
21 de septiembre de 2026
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó recientemente que México necesita construir un sistema de justicia “auténticamente mexicano”, no importado de otras latitudes ni remendado mediante “parches extranjeros”.
La frase puede resultar atractiva. Apela a la identidad nacional, promete cercanía con la población y parece reivindicar a quienes durante siglos permanecieron excluidos de la justicia. El problema comienza cuando se pregunta qué significa, concretamente, un sistema de justicia “auténticamente mexicano”.
Hasta ahora no conocemos un proyecto articulado, una obra académica, un diagnóstico verificable ni una construcción teórica que explique cuáles serían los principios, instituciones, procedimientos y garantías de ese nuevo modelo. Lo que conocemos es una declaración general formulada durante el encuentro nacional de directores de las Casas de los Saberes Jurídicos. Según la información publicada, el ministro sostuvo también que la Corte busca emplear un lenguaje sencillo, resolver en menos páginas y, cuando sea posible, comunicar sus decisiones en lenguas indígenas.
Explicar mejor el derecho es una finalidad legítima. Traducir las resoluciones a las lenguas indígenas es una obligación de inclusión. Reconocer los sistemas normativos de los pueblos originarios es parte del pluralismo constitucional mexicano. Nada de eso debe desdeñarse.
Pero una cosa es incorporar la diversidad cultural al sistema de justicia y otra muy distinta construir una ideología jurídica oficial que pretenda desechar, por “extranjero”, el conocimiento acumulado durante siglos por la humanidad.
Ya basta de convertir a México en laboratorio
La preocupación no surge en el vacío.
Ya hemos observado los resultados de diversos proyectos presentados como transformaciones radicales. En 2024 se modificó el sistema de designación de las personas juzgadoras para sustituir la carrera judicial, la preparación especializada y los concursos profesionales por la elección popular.
Para realizar ese experimento se dispuso la terminación escalonada de los cargos de jueces y magistrados que se encontraban en funciones. Después aparecieron las tómbolas, los listados interminables, las candidaturas improvisadas y los tristemente célebres “acordeones”.
Cuando los juzgadores acudieron al juicio de amparo para reclamar su cese sin audiencia individual, se reformó nuevamente la Constitución para declarar improcedentes los medios de control contra las adiciones y reformas constitucionales. Es decir, se necesitó otro parche constitucional para proteger jurídicamente el primer experimento.
Ahora comienzan a reconocerse sus consecuencias.
El senador Javier Corral, uno de los impulsores de la reforma judicial, admitió que se perdió alrededor de 60 por ciento de los jueces locales que ya estaban capacitados y formados para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según reportó Proceso.
Primero se destruye la experiencia acumulada; después se advierte que capacitar a quienes sustituyeron a los juzgadores desplazados costará tiempo y dinero.
Era perfectamente previsible.
La experiencia judicial no se improvisa, no se sortea y tampoco aparece por virtud del voto popular. Se construye durante años de estudio y trabajo cotidiano: examinando expedientes, valorando pruebas, escuchando argumentos, enfrentando casos difíciles y asumiendo la responsabilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio, la familia y los derechos de las personas.
Por eso preocupa que, antes de evaluar con seriedad los efectos del experimento de 2024, se anuncie ahora la construcción de un nuevo sistema “auténticamente mexicano”.
La justicia no puede reformarse mediante ocurrencias sucesivas.
México no tiene una identidad jurídica pura
La expresión “auténticamente mexicano” podría sugerir que existe un derecho nacional puro, aislado de influencias externas. Esa idea es histórica y jurídicamente insostenible.
México es producto del mestizaje. Nuestra identidad no se formó borrando culturas, sino mediante su encuentro, muchas veces conflictivo, y su transformación recíproca. En ella participan los pueblos originarios, la tradición jurídica hispánica, el derecho romano, el pensamiento grecolatino, la filosofía cristiana española, la Escuela de Salamanca, el constitucionalismo estadunidense, la tradición anglosajona, las declaraciones de derechos surgidas de la Ilustración y de la Revolución francesa, así como el constitucionalismo europeo desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial.
También forman parte de nuestro pensamiento jurídico autores como Hans Kelsen, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, Robert Alexy, Luigi Ferrajoli y Manuel Atienza. Sus obras no pierden valor por haber sido escritas fuera de México. De la misma manera, las aportaciones de Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, Emilio Rabasa y Héctor Fix-Zamudio forman parte del patrimonio jurídico universal, no solamente del mexicano.
El conocimiento no tiene aduana.
Nadie propondría una medicina “auténticamente mexicana” que prescindiera de los descubrimientos realizados en otros países. Tampoco tendría sentido construir una ingeniería nacional que rechazara las matemáticas desarrolladas en Europa, Asia o el mundo árabe. La física, la medicina, la arquitectura y la economía emplean un lenguaje técnico y se alimentan de conocimientos universales.
¿Por qué el derecho tendría que encerrarse dentro de una frontera ideológica?
El amparo tampoco nació en aislamiento
Durante muchos años se ha repetido que el juicio de amparo es una institución exclusivamente mexicana. México realizó, sin duda, una contribución extraordinaria al desarrollarlo y convertirlo en un instrumento de protección constitucional. Pero ello no significa que haya surgido espontáneamente ni que carezca de antecedentes comparados.
En su formación confluyeron la tradición del habeas corpus, la revisión judicial estadunidense asociada con Marbury v. Madison, las experiencias constitucionales europeas y latinoamericanas, así como las aportaciones propias de Rejón y Otero.
El amparo es mexicano precisamente porque México supo estudiar, seleccionar, transformar y mejorar instituciones procedentes de distintas tradiciones.
Lo mismo ocurre con la suspensión. No puede estudiarse como si fuera una creación ajena a la teoría general de las medidas cautelares. Su finalidad de conservar la materia del juicio, impedir daños irreparables y anticipar provisionalmente una protección cuando la urgencia lo exige forma parte de una construcción procesal mucho más amplia.
Reconocer esas influencias no disminuye la originalidad mexicana. Por el contrario, demuestra que la verdadera creación jurídica no consiste en rechazar todo lo extranjero, sino en integrar críticamente las mejores experiencias disponibles.
Una institución no deja de ser mexicana porque dialogue con el mundo.
Lenguaje sencillo no significa derecho simplificado
Coincido con la necesidad de abandonar latinismos innecesarios, frases interminables y resoluciones que resultan incomprensibles incluso para los abogados. Una sentencia debe explicar con claridad qué se decidió, por qué se decidió y cuáles serán sus consecuencias.
Pero el lenguaje sencillo no puede convertirse en pretexto para eliminar la profundidad del razonamiento.
Todas las actividades profesionales desarrollan conceptos técnicos. Los médicos, físicos, ingenieros, economistas y arquitectos necesitan un vocabulario especializado porque trabajan con problemas complejos. La solución no consiste en prohibir ese lenguaje, sino en explicar su significado cuando la decisión se dirige a personas que no tienen formación técnica.
Claridad no es superficialidad.
Brevedad tampoco es sinónimo de justicia. Una sentencia de cinco páginas puede ser clara, pero arbitraria. Otra de cien páginas puede estar plenamente justificada. Lo importante no es contar las hojas, sino examinar si la resolución estudia los argumentos, valora las pruebas, responde los planteamientos de las partes y ofrece razones susceptibles de ser revisadas.
Una Corte constitucional no está para producir consignas comprensibles, sino decisiones comprensibles y jurídicamente fundadas.
Acercar la justicia no significa acercar al juez al aplauso
También debemos distinguir entre acercar la justicia a la población y convertir a los jueces en promotores políticos de sus propias decisiones.
Las Casas de los Saberes Jurídicos pueden cumplir una función valiosa: divulgar el derecho, orientar a la ciudadanía, organizar actividades académicas, traducir materiales y conocer los obstáculos que enfrentan las comunidades para acceder a los tribunales.
Pero la legitimidad de un juez no depende de que visite plazas, comunidades o auditorios para dialogar con quienes eventualmente serán destinatarios de sus sentencias.
No se exige a un cirujano salir a la calle para legitimar una operación, ni a un ingeniero consultar una asamblea antes de calcular la resistencia de un puente. Se les exige preparación, responsabilidad profesional y resultados verificables.
Al juez debe exigírsele algo semejante: conocimiento jurídico, independencia, imparcialidad, prudencia y decisiones debidamente motivadas.
La justicia no se legitima mediante aplausos. En muchas ocasiones, la función judicial exige resolver contra la mayoría, contra el gobierno, contra los poderes económicos o contra quienes apoyaron electoralmente al propio juzgador.
Por eso resulta peligrosa la transformación del Pleno de la Suprema Corte en un escenario de declaraciones, gestos y ocurrencias. La transparencia es indispensable, pero la transmisión pública de una sesión no convierte automáticamente en rigurosa la deliberación.
Una Corte puede ser muy visible y, al mismo tiempo, jurídicamente débil.
El problema no es lo indígena sino su utilización dogmática
Debe quedar perfectamente claro: reconocer a los pueblos indígenas, sus lenguas, sus autoridades y sus sistemas normativos no amenaza al derecho mexicano. Forma parte de la Constitución y de la composición plural del país.
El peligro aparece cuando una legítima reivindicación histórica se transforma en una nueva ortodoxia y se pretende que sólo una visión cultural representa al México auténtico.
México no es exclusivamente indígena ni exclusivamente hispano. Es ambas cosas y muchas más. Su identidad comprende las culturas originarias, pero también cinco siglos de mestizaje, la lengua española, la tradición jurídica romano-germánica y las influencias científicas, filosóficas y constitucionales recibidas de todo el mundo.
Reivindicar una parte de nuestra identidad no autoriza a borrar las demás.
Una justicia plural debe permitir que los sistemas normativos indígenas dialoguen con la Constitución, con los derechos humanos y con las garantías del debido proceso. No debe sustituir un antiguo centralismo por un nuevo dogmatismo cultural.
La experiencia de Bolivia debió ser una advertencia
El precedente comparado más cercano a la elección popular de autoridades judiciales era Bolivia. Su experiencia mostraba que llevar a los jueces a las urnas no elimina la intervención política: puede simplemente trasladarla a la preselección de candidaturas, al control de los listados y a las estructuras que orientan el voto.
Sin embargo, México decidió realizar un experimento todavía más amplio.
Ahora tenemos una elección marcada por acordeones y por la sustitución masiva de personas que habían construido una carrera judicial. Y apenas comenzamos a conocer sus consecuencias institucionales, económicas y humanas.
La comparación internacional no debe utilizarse para copiar mecánicamente modelos. Sirve para aprender de sus resultados y evitar sus errores. Eso es precisamente lo que parece no haberse hecho.
La advertencia internacional ya existe
No es necesario esperar a que algún organismo internacional declare que el sistema mexicano no resulta recomendable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no debe confundirse con la Corte Interamericana, manifestó desde el 12 de septiembre de 2024 su grave preocupación por los posibles efectos de la reforma sobre el acceso a la justicia, la independencia judicial y el Estado de derecho.
La Comisión advirtió que el cese escalonado de personas juzgadoras y la elección popular podían afectar las garantías de idoneidad y el acceso meritocrático a la carrera judicial. También recordó que los procedimientos de selección deben fundarse en el mérito, las capacidades profesionales y las calificaciones jurídicas apropiadas. Así consta en el comunicado 213/24 de la CIDH.
La CIDH no afirmó literalmente que el modelo mexicano fuera “no recomendable”. Pero la advertencia es suficientemente clara. Esperar a que los daños se consoliden o a que exista una futura condena internacional sería una irresponsabilidad.
Una justicia mexicana abierta al mundo
México necesita una justicia propia, pero no una justicia improvisada.
Necesita tribunales capaces de comprender su realidad social, reconocer su diversidad cultural y comunicarse claramente con la población. Pero también necesita jueces que conozcan la teoría constitucional, la jurisprudencia comparada, el derecho internacional de los derechos humanos y las grandes corrientes del pensamiento jurídico.
Una justicia auténticamente mexicana no es la que cierra las puertas al conocimiento extranjero. Es la que recibe el patrimonio jurídico universal, lo somete a crítica, lo adapta a su realidad y lo enriquece con sus propias aportaciones.
No necesitamos borrar a Kelsen, Dworkin, Alexy, Ferrajoli, Habermas o Atienza para reivindicar a Rejón, Otero, Vallarta o Fix-Zamudio. Tampoco necesitamos abandonar la tradición occidental para reconocer los sistemas normativos indígenas.
La verdadera identidad mexicana no está en la pureza. Está en el mestizaje.
Después de la destrucción de la carrera judicial, de la elección por acordeones, de la pérdida de experiencia y de los parches constitucionales utilizados para blindar la reforma, lo último que México necesita es otro experimento encabezado por el dogmatismo.
La Suprema Corte no debe convertirse en un espectáculo de ocurrencias ni en un laboratorio ideológico.
Debe volver a ser una institución seria, técnicamente preparada e independiente.
México necesita una mejor justicia, no una justicia inventada desde cero. Porque cuando se experimenta con la educación pueden perderse generaciones; pero cuando se experimenta con la justicia se pierden libertades, patrimonios, familias, derechos y vidas.
Ya basta de experimentos.
