Políticas, traiciones y algo más
Marco González Kuri
Hubo un momento, allá en el primer semestre de 2021, en que el esquema de outsourcing fue prácticamente convertido en el villano de la película fiscal mexicana. Los discursos gubernamentales lo describían como el mecanismo favorito de la evasión corporativa, el instrumento mediante el cual las grandes empresas despojaban al Estado de sus contribuciones al IMSS, al INFONAVIT y al erario. La narrativa era poderosa. La reforma que vino después fue radical. Y como suele ocurrir con las reformas de alta carga narrativa y baja ingeniería técnica, sus consecuencias no fueron exactamente las prometidas.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, la LISR, la LIVA y otras disposiciones relacionadas, publicada en abril de 2021, buscaba eliminar los esquemas de subcontratación usados para disminuir artificialmente la base gravable del ISR y las aportaciones de seguridad social. Difícilmente alguien podía oponerse a ese principio. Lo que siguió fue una avalancha regulatoria que no puso en jaque a los grandes corporativos — que reestructuraron sus esquemas y migraron hacia el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) con sus equipos legales de primer nivel — sino a las empresas medianas y pequeñas que utilizaban la subcontratación lícitamente, y que terminaron pagando la factura de un fraude que no cometieron.
¿Fue buena la reforma? Desde luego que sí, sobre todo para los trabajadores del sector formal, sí. Cerca de 2.7 millones de personas accedieron por primera vez al reparto de utilidades en 2022, una prestación que el outsourcing les había negado sistemáticamente durante años. El IMSS cerró 2021 con una recaudación de 382 mil millones de pesos, 32 mil millones más que el año anterior. El fisco y el trabajador formal ganaron. Eso no es menor.
Para las Pymes, la historia fue más dura: incrementos sustanciales en la carga de nómina, responsabilidad solidaria con proveedores y una curva de aprendizaje regulatorio para la que nadie las preparó. Para el sector informal — más de la mitad de la fuerza laboral mexicana — la reforma fue, en términos prácticos, invisible: sin PTU, sin IMSS, sin esquema que los alcanzara.
El pasivo es igualmente claro: la informalidad no se redujo estructuralmente, los esquemas de evasión sofisticados encontraron nuevas rutas y el peso de cumplir la norma recayó de manera desproporcionada sobre quienes ya cumplían. La reforma atacó el síntoma con una maza cuando requería un bisturí.
Cinco años después, el SAT ha desarrollado sistemas de cruce automatizado que verifican en tiempo real la consistencia entre los CFDI de servicios de prestadores con Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y sus CFDI de nómina. Quien opera hoy con esquemas de subcontratación sin haber revisado su posición frente al nuevo marco no está en zona gris: está en zona de auditoría y de grave riesgo fiscal. Y quien todavía no sabe con certeza si su modelo es compatible con el artículo 13 de la LFT tiene un problema que se agrava con cada mes que pasa sin atenderse.
El porqué de esta reforma, como el de cualquier transformación fiscal de alto impacto político, es siempre el mismo: se diseña desde la narrativa hacia la técnica y termina siendo justa en sus principios e inequitativa en su aplicación. La lección no cambia: las reglas fiscales no esperan a quien no las entiende.
El costo de aprender en una revisión del SAT o del IMSS siempre es mayor que el de prevenirla con un asesor que conozca el marco completo. En materia de subcontratación, como en toda la fiscalidad mexicana, quien llega tarde llega caro.
