José Ramón Chávez González
José Ramón González Chávez
La conectividad es un derecho fundamental, es decir, un derecho humano reconocido en la Constitución que puede entenderse como la capacidad de una persona de establecer y mantener interacción, comunicación e intercambio de información con equipos, sistemas y dispositivos tecnológicos.
En el artículo 6° de la Constitución mexicana este derecho se establece de manera articulada con otros que le son correlativos, como el derecho a la libre expresión y difusión de las ideas, el de acceso a la información. Es un derecho fundamental positivo, es decir, se establece cuando se vuelve norma vigente, pero se perfecciona en el momento en que se ejerce y se aprovecha. Y esto es lo que realmente ha sucedido, pues al paso del tiempo se ha vuelto imprescindible para la vida privada, social, educativa, laboral, económica, comercial, empresarial, política, etc. de las personas y las sociedades, a grado tal que actualmente es prácticamente necesario mantenerse conectado.
En nuestro país esto puede constatarse con relativa facilidad mediante el hecho de que si bien el total de la población (se supone que mexicanos, migrantes. Extranjeros residentes temporales o en tránsito) dentro del territorio nacional es de unos 134 millones, existen unas 160 millones de líneas móviles contratadas, tanto por el régimen renta fija (plan) o bien por pre pago.
Recientemente, el gobierno federal ha dispuesto de forma unilateral que todos los usuarios de un teléfono móvil deben registrar su línea añadiendo ciertos datos personales, con el ingenuo pretexto de que esto es para combatir delitos como la extorsión.
También el gobierno federal y diversas de sus agencias especializadas en el tema han informado que a la fecha se tienen registradas unas 48 millones de líneas, pero mañosamente no mencionan que esa es una cantidad muy similar a la de las líneas contratadas por plan, que por estar bajo ese régimen se registran automáticamente ya que las empresas de telefonía, al hacer el contrato, tienen nuestros datos personales, incluso biométricos. Esto quiere decir que prácticamente nadie ha registrado por propia mano su línea, a tres semanas de que expire el plazo previsto para el siguiente 30 de junio.
¿A qué se debe esto? Hay varios factores, pero el principal es que en los hechos la disposición no ha tenido muy buena recibida porque resulta más que evidente que desde hace tiempo, las bases de datos personales en nuestro país de organismos oficiales han sido y siguen siendo vulneradas y expuestas abiertamente, generando una gran desconfianza entre la población, además de que el sentimiento generalizado es que la medida tiene la intención de acentuar el control gubernamental de la información y las comunicaciones personales más que de combatir al crimen. De hecho, hay medidas que podrían ser mas efectivas para esos efectos, además de que las autoridades de la materia están omitiendo que las extorsiones, continúan con toda libertad mediante las clonaciones, los robos de aparatos y chips, los celulares obtenidos mediante secuestros, desapariciones, y hasta la venta pirata de chips que con solo ir a Tepito o la plaza de la computación se venden por unos cuantos pesos. Otra vez, la carga del cumplimiento de la disposición va a dar a la ciudadanía, en lugar de dirigirse a las empresas para que se les obligue a recabar los datos personales de las líneas de pre pago, tal como lo hacen con las de plan.
¿Qué va a pasar si más de 120 millones de mexicanos deciden no registrar su línea de pre-pago? ¿Qué van a hacer las compañías telefónicas y el gobierno ante la eventual pérdida de los ingresos y en qué medida estarían coartando el derecho constitucional a la conectividad, que está por encima de cualquier medida administrativa?
