Orden público contra estado de derecho
José Manuel de Alba de Alba
Magistrado en retiro forzoso del Poder Judicial de la Federación
I. Introducción
La reciente decisión judicial que dejó sin efectos las medidas cautelares obtenidas por los propietarios de palcos del Estadio Azteca con motivo de la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 plantea una cuestión de enorme trascendencia constitucional: ¿puede el interés social justificar provisionalmente la privación del uso y disfrute de derechos patrimoniales legalmente adquiridos?
La cuestión no consiste en determinar si el Mundial es importante. Lo es. El verdadero debate consiste en determinar si la importancia de un acontecimiento puede desplazar temporalmente derechos patrimoniales adquiridos sin una justificación constitucional suficiente.
II. El error conceptual: identificar interés social con constitucionalidad
Uno de los errores más frecuentes en materia cautelar consiste en asumir que la sola invocación del interés social resuelve el conflicto jurídico. Pero el interés social no es un criterio autónomo capaz de derogar la Constitución. La función de la Constitución consiste precisamente en impedir que los fines colectivos, por legítimos que sean, anulen arbitrariamente los derechos individuales.
III. El primer interés social es el respeto a la Constitución
La resolución parece partir de una premisa implícita: el Mundial es de interés social y, por tanto, los derechos de los palcohabientes deben ceder. Sin embargo, el primer interés social en una democracia constitucional es el respeto irrestricto al orden jurídico. No existe verdadero orden público fuera de la Constitución.
IV. La apariencia del buen derecho fue desplazada por una invocación abstracta del interés social
La suspensión exige una auténtica ponderación entre apariencia del buen derecho, peligro en la demora, interés social y orden público. Los derechos invocados por los propietarios de los palcos no parecen hipotéticos, sino derivados de relaciones jurídicas consolidadas. Por ello, la apariencia del derecho reclamado merecía un examen particularmente cuidadoso.
V. El problema de la desposesión temporal
Desde una perspectiva constitucional, la exclusión temporal de los propietarios del uso y disfrute de sus palcos constituye una afectación patrimonial que requiere una justificación especialmente rigurosa. El interés social no puede transformarse en una autorización para desconocer derechos válidamente adquiridos.
VI. Lo que debió ponderarse
Una auténtica ponderación exigía responder preguntas concretas: ¿cuál es el daño real para la organización del Mundial si se respetan los derechos de los palcohabientes?, ¿cuál es el daño para los propietarios si se les priva temporalmente de esos derechos?, ¿existían medidas menos restrictivas?, ¿era posible compatibilizar ambos intereses?
VII. Una lección para la teoría constitucional de la suspensión
Este caso revela un problema recurrente: la utilización del interés social como fórmula automática para negar medidas cautelares. La verdadera función de la suspensión consiste en impedir afectaciones irreparables mientras se decide si la actuación de la autoridad es o no constitucional.
VIII. Conclusión
La organización de una Copa Mundial constituye un objetivo legítimo y relevante. Sin embargo, el interés social no puede convertirse en un mecanismo para desplazar automáticamente derechos constitucionalmente protegidos. El respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos adquiridos también es interés social; de hecho, constituye el interés social más importante de todos.
