La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la comparecencia de cuatro magistrados del Tribunal Superior Agrario (TSA), a quienes investiga como probables responsables de diversas irregularidades. Las diligencias están programadas entre el 20 y el 23 de abril de 2026, y se les apercibe que, de no acudir, podrán ser sujetos a sanciones como multas, arresto o incluso ser presentados mediante el uso de la fuerza pública, informa el medio Luces del Siglo.
Las indagatorias apuntan a decisiones judiciales que habrían favorecido el despojo de tierras a un ejido, presuntamente en beneficio del banco Scotiabank, empresarios y el gobierno de Nuevo León.
De acuerdo con documentos oficiales en poder del periodista Zósimo Camacho, la investigación quedó registrada bajo el expediente FED/NL/ESC/0000893/2025. Los citatorios fueron emitidos el 13 de abril por Rosa Hilda González Santiago, funcionaria de la FGR en General Escobedo, Nuevo León.
Los funcionarios llamados a declarar son Maribel Concepción Méndez de Lara (20 de abril, 11:00 horas), Claudia Dinorah Velázquez González (22 de abril, 13:00 horas), Carmen Laura López Almaraz (23 de abril, 11:00 horas) y Alberto Pérez Gasca (23 de abril, 13:00 horas). En todos los casos, la autoridad los señala expresamente como imputados.
La investigación también alcanza a otros integrantes del Poder Judicial: Juan Carlos Amaya Gallardo, en activo, así como Miguel Ángel Cantú Cisneros y Jorge Meza Pérez, ya retirados, quienes integraron el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey.
El caso gira en torno al ejido San Nicolás de los Garza, cuyos integrantes han denunciado durante años un entramado de resoluciones judiciales que, aseguran, buscó privarlos de sus tierras. Actualmente, su representación está encabezada por Petra Ortega Morales, Cassandra Guadalupe Montoya Marín y Gloria Nelly Sauceda González.
Uno de los focos principales de la investigación es la actuación de la magistrada Méndez de Lara, a quien se le atribuyen decisiones reiteradas en contra del ejido, incluyendo intentos por impedir el reconocimiento de 222 hectáreas pendientes de entrega.
En distintos expedientes agrarios, dicha magistrada revocó fallos favorables a los campesinos y sostuvo criterios que negaban la restitución de tierras. Posteriormente, tribunales colegiados respaldaron esas determinaciones al considerar que no existían violaciones constitucionales, bajo el argumento de que el propio ejido había tolerado la afectación a sus derechos.
En otro episodio, relacionado con la restitución de tierras, un tribunal ordenó dejar sin efectos una revocación previa; sin embargo, se acusa que algunos magistrados intentaron eludir esa resolución reabriendo indebidamente el procedimiento. A la fecha, la restitución sigue sin concretarse.
También se encuentra bajo revisión un caso vinculado al acceso al agua del ejido. Aunque un tribunal corrigió inicialmente un criterio adverso, posteriormente se volvió a negar el derecho bajo argumentos cuestionados, a pesar de que la autoridad demandada había reconocido no haber cumplido con la entrega durante años.
El conflicto continúa en tribunales, con nuevos amparos en curso y solicitudes de recusación por posibles conflictos de interés.
En paralelo, las representantes del ejido llevaron su caso hasta Palacio Nacional el pasado 18 de marzo, donde lograron reactivar la ejecución de una resolución presidencial. No obstante, esa medida fue impugnada mediante diversos juicios promovidos por particulares.
Los campesinos sostienen que existe una estrategia para legalizar la posesión irregular de sus tierras y trasladar al Estado el costo de una eventual indemnización, esquema que comparan con un “Fobaproa agrario”.
A lo largo del proceso, los ejidatarios han denunciado amenazas e intimidaciones. Más allá del conflicto territorial, el caso plantea un cuestionamiento de fondo: la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en materia agraria.
El pueblo de San Nicolás de los Garza no pide caridad. Pide justicia. Pide que se aplique la ley. La que está escrita. La que ordena que las resoluciones presidenciales se cumplen y que el despojo debe ser castigado. El mensaje, por fin, debe ser claro: quienes desde los tribunales agrarios hacen negocios con la justicia no merecen seguir en sus cargos.
