
Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
La Teoría clásica del Estado y del Derecho en términos generales, define al Estado como una entidad jurídica política, integrada indisolublemente por Población, Territorio y Poder Público. Esto quiere decir que el Estado es un sistema, un conjunto de elementos integrados entre sí, de tal suerte que si alguno de estos faltare, el sujeto ya no seria tal sino otra cosa. Como decía Maquiavelo, el Estado es lo que es para no ser otra cosa; pero si bien estos elementos inmanentes no han cambiado ni deben cambiar desde esta magistral construcción intelectual del florentino, los factores de facto, de tipo social, económico, político, jurídico etc. sí se van adaptando a las circunstancias que le marca su tiempo y lugar.
Así pues, concerniente al Estado, tenemos que la población tal como se conoció a finales del siglo XV ya no es la misma en su naturaleza y características. La dinámica poblacional, los intensos flujos migratorios actuales, las distintas calidades por las que un extranjero puede estar en nuestro país, aun el código genético de la de los mexicanos, son diversas y muy complejas. Por su parte el territorio también abarca ahora distintos aspectos inimaginables en el renacimiento, ya que evolucionó del simple espacio terrestre, la tierra o el suelo que uno pisaba, a abarcar paulatinamente, por circunstancias de política exterior, del avance tecnológico y bélico, también el espacio marítimo, el espacio aéreo, el espacio ultraterrestre y ahora incluso el espacio radioeléctrico, donde se dispersan las ondas y medos de comunicación global. En cuanto al poder público, también a lo largo de la historia el concepto ha evolucionado de un asunto relacionado con el uso de la fuerza ( el poder por la espada), a una relación entre gobernantes y gobernados, un contrato social y ahora en una capacidad del pueblo del Estado -la ciudadanía- para crear y modificar el sistema jurídico y participar en las decisiones públicas.
Cuando se habla en todo sistema democrático de un Estado de Derecho o mejor dicho, de un Estado Constitucional, deberíamos entender que es aquel en donde TODOS, ciudadanos y autoridades, nos sujetamos al conjunto de principios, normas y prácticas establecidas con el afán de conducir la actividad social. Hasta ahí la teoría es precisa, concreta. Pero cuando en esta época la teoría se somete al tamiz de la realidad, y nos damos cuenta que este principio de respeto se rompe por parte de la autoridad, cuando se pretende someter a la ciudadanía a los designios unilaterales y hasta anticonstitucionales de quien ejerce el gobierno, el sistema se rompe en su totalidad, y comenzamos a vivir en un medio anárquico, autoritario, que trata de imponer su verdad por medios autoritarios, falaces porque carecen de argumentación, esa valiosísima cualidad de convencer ya no con la imposición a ultranza, sino con la razón, con la convicción cien por ciento política de qué es lo que nos conviene e incumbe a todos, independientemente de nuestra convicciones o preferencias personales o de grupo.
El Estado también presupone un principio universal de la democracia constitucional que es la división de poderes. Pero cuando a fuera de una legitimidad electoral ficticia se concentran todos estos el Estado constitucional se destruye y entierra para ser sustituido por un estado autocrático y más aun sucede cuando los derechos humanos como el amparo, el derecho a la información, a la manifestación de las ideas, a la propiedad, a la equidad jurídica, se supeditan a los designios del grupo en el gobierno, tal como lo conformó la autonombrada “ministra del pueblo”, lo cual indigna pero no sorprende, afirme orgullosa que la Suprema Corte esta para defender al Estado (que confunde con el gobierno) cuando de acuerdo con el artículo 1° de la Carta Magna, la autoridad esta para defender, cuidar y difundir los derechos humanos sobre cualquier otra cosa. Todo un retrato de cuerpo completo del régimen que vivimos y sufrimos en la actualidad…


