Observatorio constitucional
José Ramón González Chávez
Al parecer, la presión ejercida por el ejecutivo norteamericano hacia el mexicano, está teniendo efectos en el sistema jurídico y la política pública interna, manifestándose en diversas áreas del quehacer público, echando por tierra a golpe de telefonemas el discurso patriotero de la soberanía, siendo sustituido con el de colaboración no sumisión entre naciones cercanas.
En materia de la denominada reforma constitucional al poder judicial -la peor reforma en la historia constitucional de México desde la época de Santa Anna-, cabe mencionar que el tono festivo con que se referían hace apenas unos meses la presidente, sus colaboradores y compañeros de movimiento a la elección “popular” de juzgadores y que sustituyeron en el discurso de manera pretensiosa y excesiva por el término “reforma al poder judicial”, de repente y de manera “casual” enmudeció después de la visita de varios funcionarios de alto nivel del gobierno norteamericano al palacio nacional.
A partir de entonces y seguramente con el refuerzo de algún par de llamadas telefónicas de Trump a Sheimbaum, a algunos altos funcionarios de los tres poderes los mandaron a tragar sapos, a poner la cara para dar marcha atrás, ahora invitando a la reflexión” y “sugiriendo” pensar en la conveniencia de hacer algunos “ajustes” al proceso para terminar de sustituir al resto de juzgadores, en un proceso electoral que antes se suponía que iba a ser el próximo año junto con las elecciones de ejecutivos y legislativos federal y estatales, presidencias municipales y cabildos pero se ignora en qué términos.
Todo esto pone en evidencia algo que todo el mundo sabía y muchos hasta denunciaron (denunciamos) públicamente: que el proceso de sustitución de juzgadores (jueces de primera instancia, magistrados y ministros de la Suprema Corte) – que no “reforma al poder judicial- llevado a cabo el año pasado tenía inconsistencias y fallas de fondo y forma, tanto en su construcción como en su implementación.
Y luego, peor aún, hace unos días, un nutrido grupo de diputados federales del Morena ha presentado con una agilidad sorprendente una iniciativa para reformar algunos artículos de la Constitución en materia judicial, publicándola de inmediato en la Gaceta Parlamentaria. Lo que no sorprende es el talento de los legisladores y sus cientos de asesores para pretender corregir la plana, con un texto tecno burocrático cuyos aspectos principales son: 1) Proceso asincrónico de la elección de juzgadores con todas las demás federales y locales que quizá reduzca el embrollo de hacer todo al mismo tiempo, aunque dudo que eliminará la politización y las trampas; 2) mejoramiento de las normas y requisitos de selección, análisis y evaluación de los prospectos; 3) ajustes a la normativa para evaluación del desempeño del personal judicial, al marco de sanciones por incumplimiento y al procedimiento de sustitución de vacantes. 4) eliminar las cartas de recomendación de vecinos y el promedio de calificación de la licenciatura y que la Escuela Nacional de Formación Judicial emita una especie de certificado de aptitud y que en lugar de los comités de evaluación de los tres poderes haya uno solo, integrado -lo sabemos de sobra- desde el palacio nacional.
Lejos pretender corregir la plana y a la vez dejar intacta la necedad de una elección demagógica y sin sentido de juzgadores, su iniciativa será otro proyecto que nacerá muerto y acabará dando un fuerte golpe a la totalidad de su “nuevo modelo”, cosa que no le agradará mucho al Ejecutivo del país del norte, dado que no le dará certeza a sus paisanos que hacen negocios y tienen conflictos judiciales aquí. Al tiempo…
