
Mtro. Luis Enrique Osuna Sánchez.
Titular del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)*.
Si algo me ha enseñado mi paso por los tribunales y por los espacios de diálogo es que las habilidades éticas, terapéuticas y restaurativas no son meramente adornos del perfil del facilitador. No son cualidades que se escriben en un manual para que suenen bonito en una presentación institucional. En la práctica diaria, son herramientas indispensables para llevar a cabo procesos que casi siempre están cargados de emociones, silencios y de heridas que nadie antes ha querido escuchar. Sin esas habilidades, puede haber técnica, sí, pero difícilmente ofreceremos una verdadera ayuda para quienes llegan buscando una mejor salida a su conflicto.
Con el tiempo también se aprende que la empatía no consiste solo en asentir y repetir frases amables. La empatía auténtica exige detenerse, escuchar sin prisa y aceptar, como facilitadores, que la versión de la otra persona puede incomodarnos o contradecir nuestras propias ideas de justicia. Escuchar activamente no es una destreza mecánica; es una expresión sólida de dignidad y de respeto. En la realidad de los procesos, cuando una persona siente que realmente fue escuchada, el ambiente se transforma. La tensión baja, el tono de las voces se suaviza y el espacio deja de percibirse como un escenario de confrontación para convertirse en un lugar donde su palabra tiene sentido, es considerada y cumple la función que merece, tener participación activa en las decisiones.
La ética se vuelve visible en la imparcialidad, pero no en esa que se recita como dogma, sino en la que se demuestra con pequeñas decisiones. Mantener neutralidad no significa permanecer distante ni indiferente. Implica intervenir cuando el diálogo se fractura, pero con equilibrio, sin permitir que la balanza se incline hacia quien habla con mayor firmeza o hacia quien coincide con nuestras propias ideas como facilitador. Lo que muchas veces no se dice es que los sesgos rara vez se presentan de manera evidente; aparecen en detalles: el tiempo que damos a cada persona en las sesiones, el tono con el que respondemos o incluso la forma en que miramos. Por eso la imparcialidad requiere vigilancia constante sobre uno mismo, empezando por nuestro lenguaje corporal y nuestro estado emocional durante nuestras intervenciones.
Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la conciencia social del facilitador. Los conflictos no surgen en escenarios idénticos. Hay casos en los que una persona llega con mayor vulnerabilidad emocional, económica o social, y fingir que todos participan desde las mismas condiciones puede convertirse en una forma silenciosa de injusticia. Detectar esas diferencias no es favorecer o privilegiar a alguien, sino crear condiciones reales para que ambas voces puedan expresarse con suficiencia. En la práctica diaria, reconocer vulnerabilidades fortalece el proceso, porque permite que la participación sea auténtica y no rigorista y formal.
También hay un tema que rara vez es mencionado: el autocuidado de quienes facilitan estos procesos. Durante mucho tiempo se pensó que el operador debía resistirlo todo, escuchar conflictos sin descanso y sostener tensiones ajenas como si fuera parte natural del trabajo. La experiencia demuestra otra cosa. Escuchar historias complejas y duras, acompañar emociones intensas y sostener espacios de diálogo desgasta y si ese desgaste no se atiende, la claridad se reduce, la paciencia se acorta y la sensibilidad empieza a desaparecer. El facilitador se desconcentra, se llena de ansiedad, frustración, angustia, estrés y hartazgo. Y cuando esto ocurre, el proceso pierde calidad humana, aunque formalmente siga cumpliendo con sus etapas.
En el fondo, muchas de estas habilidades convergen en una forma particular de comunicarse. No basta con hablar claro; hay que hablar con sentido y con cuidado. El lenguaje puede abrir espacios o cerrarlos de manera abrupta. Una explicación confusa genera inseguridad. Una frase mal colocada puede hacer que una persona se cierre justo cuando empezaba a confiar. En cambio, cuando se explica con sencillez, cuando se valida lo que la persona siente sin caer en dramatismos, el proceso se vuelve menos intimidante y más accesible. Lo que parece un detalle menor termina marcando una diferencia profunda en la experiencia de quienes participan.
Cuando se observan estas habilidades de manera independiente, parecen evidentes. Nadie discutiría su importancia. Pero cuando se miran en conjunto, se entiende que configuran algo más complicado: nuestra posición de facilitadores frente al conflicto. No se trata de acumular cursos y diplomas, sino de desarrollar una presencia profesional que transmita serenidad, respeto y confianza. Esa presencia no se improvisa; se construye con práctica, con reflexión y con conciencia de lo que implica trabajar con personas en momentos difíciles.
Desde la mirada de la justicia terapéutica, estas habilidades no buscan únicamente alcanzar acuerdos. Buscan reducir el impacto emocional que el conflicto genera en quienes participan. Cada palabra, cada decisión y cada silencio puede tener un efecto que ayude o que lastime. Esa idea cambia la manera de entender el papel del prestador de servicios. Ya no se trata solo de ayudar a resolver controversias, sino de hacerlo de tal forma que las personas no salgan más dañadas de lo que ya estaban cuando llegaron.
Con el paso del tiempo se vuelve evidente que el perfil ético del facilitador no se define en certificaciones ni en descripciones académicas. Se construye en actos diarios que, vistos desde fuera, pueden parecer simples: escuchar sin interrumpir, explicar sin complicar, contener sin imponer, formular preguntes que enriquezcan la conversación y acompañar sin invadir. Son acciones pequeñas que sostienen la legitimidad del proceso y que, en muchos casos, permiten que las personas recuperen la confianza en los mecanismos de solución de controversias y por supuesto en la justicia.
Porque, al final, la ética en este campo no se mide por lo que se declara en un código deontológico, sino por lo que se hace cuando nadie nos ve. Ahí, en esos momentos, se define si el facilitador actúa solo como un operador técnico legacentrista o como alguien verdaderamente comprometido con el sentido humano de la justicia.
*Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora en México y Maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa. Realizó estudios de doctorado en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad La Trobe en Australia, así como en Deakin University, Australia, donde incorporó en su investigación doctoral los principios de la Justicia Terapéutica a la administración tributaria.


