Texto publicado en la página 18, edición 52, de revista Jurista.
EDUARDO DE JESÚS CASTELLANOS HERNÁNDEZ
Licenciado en Derecho (UNAM). Maestro en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctorado en Estudios Políticos (Universidad de París). Especialista en Justicia Electoral (TEPJF) y Doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (IIDE).
La reciente incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela a fin de extraer al presidente de ese país para someterlo a juicio en territorio estadounidense, invita, en principio, a reflexionar sobre la vigencia efectiva del Derecho Internacional, toda vez que se supone que sus normas impiden que un país ingrese al territorio de otro sin una previa declaración de guerra o, por lo menos, con la autorización del Congreso del país que invade -lo que desde luego no sucedió-.
Las declaraciones de la presidenta de México sobre sus conversaciones telefónicas -15 en total al momento de escribir este artículo- con el presidente de los Estados Unidos respecto de diferentes temas de la agenda bilateral, pero las más recientes sobre una eventual incursión militar estadounidense en territorio mexicano para extraer a personas vinculadas con el tráfico de drogas invita, igualmente por su parte, a reflexionar sobre la estrecha vinculación del Derecho Internacional con el Derecho nacional, así como sobre la vigencia efectiva de ambos.
Las negociaciones que llevan a cabo el gobierno estadounidense con la vicepresidenta venezolana designada por el presidente depuesto -la que asumió la presidencia inmediatamente después de la extracción-, muestran la dificultad de cambiar un régimen político sólo con mano militar, pues la élite gobernante integrada por el presidente extraído sigue gobernando Venezuela.
Poco a poco se ha filtrado que hubo, antes de la invasión militar, negociaciones entre el gobierno norteamericano y diferentes personajes que formaban parte del gobierno venezolano del presidente depuesto. Un ejemplo más de la realpolitik que conocen todos los países sin excepción.
Independientemente de su sistema de gobierno -parlamentario, presidencial o semipresidencial- y de su régimen político -dictatorial, autoritario, populista o democrático- la defensa de la soberanía nacional es una bandera que ondean todos los gobiernos, democráticos o no, cuando se ven amenazados u obligados desde el exterior a rendir cuentas por sus actos. Cada uno tiene -sistema de gobierno y régimen político- infinidad de variantes que son resultado de la historia nacional y de la coyuntura presente en el momento de esa definición constitucional o de sus sucesivas actualizaciones o reformas; pero cada uno reacciona de diferente manera frente a este tipo de situaciones coyunturales de rendición de cuentas.
Desde luego que la clave de la democracia política se encuentra en el sistema de representación política, es decir, en el diseño de los órganos formales de poder del Estado nacional y su interrelación, de una parte, así como, por otra parte, en las formas de acceder por la vía electoral, mediante procedimientos electorales -siempre que sean auténticos-, a dichos órganos formales.
La clave de la democracia económica se encuentra, a su vez, en la mayor o menor intervención del Estado o de la sociedad en la producción, distribución y consumo de satisfactores materiales. En ambos casos, la complejidad del diseño y operación de los diferentes modelos que se reclaman democráticos conduce, necesariamente, a la falta de comprensión de lo que en efecto suceda, sin dejar de ser un disuasivo para su estudio y explicación.
Esto significa que la vía electoral no es en sí misma una garantía de democracia política, pues hay que empezar por señalar -además de la autenticidad de los procedimientos de obtención, emisión y conteo de votos- aquellas actividades donde resulta conveniente y materialmente posible, es decir, idónea, la vía electoral; así como aquellas otras donde, por la propia naturaleza de las funciones, no se aconseja la vía electoral. No es posible, por ejemplo, seleccionar por vía electoral al cirujano que deba realizar una intervención quirúrgica, como tampoco es posible usar esta vía para designar a quien deba conducir un avión de pasajeros.
La vía electoral se convierte entonces en un ardid, una estratagema para banalizar las elecciones pero, sobre todo, para apropiarse de las funciones supuestamente desarrolladas por personas de elección popular directa, como recientemente ha sucedido en México, que se ha convertido en el único país del mundo donde se elije por sufragio universal a todos los juzgadores judiciales, federales y locales -cuya tarea tiene una complejidad técnica que impone la especialización profesional de quienes aspiren a desempeñar dicha función, como en los ejemplos anteriores del cirujano y del piloto de un avión-.
Según Google, la realpolitik “(del alemán “política realista”) es un enfoque pragmático de las relaciones internacionales y de la política interior que prioriza los intereses nacionales, el poder y las necesidades prácticas sobre las ideologías, la moral o el derecho”. Solamente que no siempre -sea a nivel internacional o a nivel interno- son los intereses nacionales los que se priorizan; en el mejor de los casos es la interpretación que de los intereses nacionales tenga la élite en el poder.
Pero la realidad nos indica que no siempre es el interés nacional -como quiera que sea definido éste- del país lo que mueve a sus gobernantes. El primer interés que los mueve -habitualmente- es afirmar su supremacía o poder -si se puede absoluto y sin controles de cualquier tipo, mejor para ellos-; y luego mantenerse en el gobierno el mayor tiempo posible, lo cual suena lógico y necesario para hacer efectiva su oferta electoral, programa de acción, declaración de principios o como se le quiera llamar.
En Venezuela, la invasión militar, consistente en la extracción del presidente, no significó el final de la dictadura política y económica, solamente implicó su sustitución por una sección de la misma élite dispuesta a negociar con el gobierno de Estados Unidos. En México, la élite surgida del partido político que llevó a la presidencia a su fundador y anterior presidente -por lo que se habla de un ejecutivo bicéfalo y los problemas que esto conlleva-, se ha visto obligada a sustituir la anterior política pública de “abrazos no balazos” frente al crimen organizado, por la de una mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatirlo. El punto culminante de esa colaboración es, hasta el momento, haber facilitado la expulsión -que no extradición- de un total de 92 personas hasta entonces mantenidas en prisión y sometidas a proceso penal en México, que han sido entregadas al gobierno norteamericano.
En diferentes entrevistas de prensa, pero sobre todo en el Foro Internacional de Davos (Suiza, 2026), el presidente de los Estados Unidos ha confirmado, aunque con diferentes modalidades y amenazas -al parecer ya no ha insistido en la invasión militar de Groenlandia, por ejemplo-, lo que el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha llamado -también en Davos- una ruptura del modelo tradicional de relaciones internacionales en el mundo y, particularmente de la relación de los Estados Unidos con sus aliados políticos, económicos y militares en Europa y Canadá.
Esta evidente ruptura del modelo tradicional aludido tiene un impacto directo en México, país con el que este año Estados Unidos deberá ratificar, modificar o cancelar el tratado de libre comercio -suscrito también con Canadá-. Después de los discursos y definiciones de Davos, todo parece indicar que a lo sumo se podrá aspirar a un acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos -con las consecuencias evidentes de deterioro de nuestros intercambios comerciales y de la economía nacional-.
La reforma electoral que el gobierno de México prepara y que, según sus propias declaraciones, busca por lo menos la reducción de los representantes electos mediante el principio de representación proporcional, la reducción del financiamiento a los partidos políticos, la sustitución de la autoridad administrativa electoral y la modificación de la jurisdiccional, ha sido cuestionada por los partidos opositores -incluso dos aliados suyos-, quienes la califican de una regresión democrática -tan grave como la elección popular directa de ministros, magistrados y jueces-.
Pero esperar que los problemas internos de política electoral mexicana u otros puedan tener una solución con la intervención del gobierno norteamericano resulta a todas luces ocioso. Son las fuerzas políticas internas que actúan como opositoras al gobierno mexicano en turno, y los ciudadanos interesados en lo que sucede en su país, los únicos obligados a responder de la manera que les parezca más conveniente.
En cualquier hipótesis -y siguiendo el ejemplo de Venezuela-, las negociaciones comerciales con el gobierno de Estados Unidos y la reforma electoral que busca el Gobierno Mexicano no se interrelacionan materialmente -salvo en los resultados electorales a que pueda conducir la situación económica derivada de la relación comercial por definirse-, y mucho menos incluyen expresamente el tema de la reforma electoral -al igual que el tema del petróleo que se vende o regala a Cuba-, lo que no impide que implícitamente estén presentes y que corresponda al Gobierno Mexicano -pero también al norteamericano- evaluar sus alcances y prevenir sus resultados.
En México se busca la eliminación de los frenos y contrapesos al poder político en turno para asegurar su hegemonía y permanencia. En cambio, a nivel internacional apenas empiezan a emerger nuevos frenos y contrapesos al poder imperial surgido de la Primera Guerra Mundial, consolidado después de la Segunda y supuestamente resueltos al finalizar la Guerra Fría.
Si desea jugar a las vencidas con un imperio mundial el gobierno de un país que es, -en el mejor de los casos- apenas un satélite subordinado y dependiente de la mayor potencia económica del mundo actual, los resultados son previsibles para esa élite gobernante y para el país. Algún día ese país podrá dejar de ser un satélite subordinado y dependiente, pero para empezar primero hace falta que se lo proponga y que adopte los medios idóneos.
