José Ramón González Chávez
La fuerza pública se entiende como la atribución legítima y legal otorgada a los servidores públicos de ciertos organismos para prevenir, monitorear, contener y en su caso, reprimir en nombre de la colectividad, acciones violentas capaces de transgredir el orden público mediante intervenciones persuasivas, disuasivas e incluso coercitivas que pueden llegar en casos excepcionales al uso de la fuerza física. En el contexto de los acontecimientos sucedidos recientemente en Michoacán y en Uruapan en particular, hay que subrayar el tema de la participación, intervención y en ciertos casos superposición de las fuerzas armadas en las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, incluidas desde luego las vinculadas al uso legítimo de la fuerza coercitiva del poder público.
En México como en muchos otros países, la historia muestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en contextos violentos en muchos casos ha ido acompañada de violaciones a los derechos humanos. Las cifras de los últimos 7 años así lo demuestran. Por otra parte, su creciente intervención en tareas propias de los cuerpos de seguridad pública para las cuales no están ni estarán formados por su propia naturaleza y características, so pretexto de la ineficacia de las corporaciones policiacas civiles para hacer frente a situaciones de riesgo para la sociedad, aunada a la ausencia de políticas públicas programas y acciones concisas y concretas para la mejora institucional, ha provocado entre otras cosas la superposición de los procedimientos, equipamiento y prácticas castrenses en los cuerpos policiacos que anteponen el uso de la fuerza a los medios de persuasión y disuasión previos propios de la seguridad preventiva.
En estos últimos siete años, ha sido notable el incremento del gasto público federal dedicado a las corporaciones militares con la pretendida justificación de requerirse para hacer frente a sus labores de recuperar y mantener la seguridad interna, lo cual y a pesar de la narrativa desde palacio nacional, no solo no se ha logrado sino que al contrario ha propiciado un efecto negativo, y el asesinato del presidente municipal de Uruapan y la ejecución ilegal y fuera de todo protocolo de su asesino así lo demuestran.
Otro aspecto que debe añadirse para el conocimiento y comprensión del tema que aquí nos ocupa, es el de la participación de las empresas privadas que prestan servicios denominados de seguridad y protección, incluso en instalaciones e instituciones públicas, además de una notoria desvinculación al tema de los derechos humanos por dejar de ser un servicio a la población y convertirse en un producto comercial sujeto a la oferta y la demanda, que además hay que decir que adolecen por mucho de una adecuada regulación y coordinación normativa entre los tres ámbitos de gobierno y se encuentran impedidos para ejercer fuerza material sobre la población que altere el orden público, no cuentan con reglas para el reclutamiento y selección del personal, su formación inicial y continua, su armamento y equipo, etc. .
Todos estos factores se reflejaron con una gran claridad en un solo evento: la noche de las velas en Uruapan, y sus resultados están a la vista. Ante este panorama, el denominado “Plan” para la paz y la seguridad en Michoacán parece ser de nuevo una carta de buenos deseos, un instrumento que ayude a recuperar realmente la tranquilidad de los uruapanenses y los michoacanos.
