José Ramón González Chávez
Observatorio Constitucional
La investigación es una de las actividades mas importantes para el desarrollo de un país. Esta, junto con la docencia y la extensión académica conforman la trilogía básica con que debe contar toda institución de enseñanza superior, ya sea pública o privada.
En el campo del Derecho históricamente y hasta hace relativamente pocola investigación en México y en Latinoamérica en general ha desempeñado un papel que pudiéramos llamar deontológico documental, es decir, se ha orientado a l estudio de la norma jurídica escrita, debido esto sobre todo a la fuerte influencia del positivismo kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis jurídica en todos los países de la región.
Durante el siglo XX pero más notablemente a partir de la década de los setenta, el conocimiento envejece cada vez más pronto, tanto que, parafraseando a un querido profesor “las palabras se nos hacen viejas en la boca”.. La gran cantidad de información -y desinformación- de las redes sociales y los medios y ahora hasta la tan mentada Inteligencia Artificial de la que todo el mundo habla pero nadie es capaz de explicar qué es y para qué sirve realmente en el ámbito jurídico como herramienta que ayude a crear un mayor y mejor conocimiento en lo que a las distintas fuentes del Derecho se refiere, hacen que aprenderlo y aplicarlo, sea para un operador jurídico cada vez más complicado independientemente de la actividad que desarrollemos en la profesión.
De hecho Principios Generales del Derecho como el que indica que “la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento” caen en un severo estado de crisis, generando un debate donde expresan posiciones que hacen dudar de su aplicabilidad, como la hipótesis de Luigi Ferrajoli de lo que llama “hiperinflación jurídica”, o sea la sobre generación de leyes y leyes y reformas y reformas que tienen en la mayoría de los casos fines más mediáticos populistas que lejos de mejorar el sistema constitucional llegan incluso a complicarlo y deteriorarlo gravemente haciéndolo cada vez más incoherente.
Estudiar e interpretar la realidad social para conducirla a través de normas jurídicas y luego observar el impacto objetivo de éstas sobre las conductas del ente colectivo a fin de retroalimentar el sistema, es un quehacer que debe seguirnos ocupando a los abogados, más ahora que cualquiera se siente administrador público, legislador o juzgador, bajo la pauta que impusiera el ejecutivo federal del periodo anterior con su frase: “no tiene ciencia”.
Hacer Derecho claro que tiene ciencia, y mucho más que nunca, en un mundo cada vez más interactivo, con sistemas jurídicos nacionales e internacionales que pueden y deben ser aplicables y aplicados a través del principio constitucional de la “interpretación conforme” con relaciones económicas abiertas, con medios de comunicación e información globales conocer, comprender y aplicar la ciencia jurídica es una necesidad y actualmente en el caso mexicano una obligación, que nos evite caer en los ridículos que lamentablemente vemos que ocurren seguido en este campo en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno.
