José Ramón González Chávez
Hasta el momento de la elaboración de este texto, las lluvias han dejado decenas de muertos y desaparecidos y miles de damnificados sin contar las grandes pérdidas materiales en distintos estados del país a causa en buena parte de la negligencia de las autoridades federales estatales y municipales que hicieron caso omiso de las advertencias que hizo oportunamente el Servicio Meteorológico Nacional, desgracias que por lo visto pueden continuar en los próximos días.
Cuando vinculamos este tipo de fenómenos y sus secuelas a la actividad gubernamental tan cercanos como los que se están presentando en el golfo de México y algunas entidades federativas del interior de la República, el asunto adquiere otra dimensión, pues un asunto que está causando tantas pérdidas materiales y humanas y dolor para quienes sufren estas calamidades y que no han encontrado más respuesta que la indolencia y la falta de empatía de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se está convirtiendo lamentablemente en un medio propicio para la comisión de actos anticonstitucionales y antidemocráticos de manipulación de la desgracia con fines meramente ideológicos y electoreros.
El aprovechamiento perverso de las desgracias sociales para fines electorales no es nuevo y no solo se ha dado en el actual gobierno federal, sino también y sobre todo en el anterior y al parecer se han heredado estas prácticas perversas en contra de las personas que lo han perdido todo y que solo reciben a cambio de la máxima autoridad la soberbia orden de silencio, cuando lo que esperan y tiene que hacer la autoridad antes que nada es escuchar a los desgraciados. En efecto, las autoridades electas en los tres órdenes de gobierno a nivel nacional, ante los hechos ocurridos en varias entidades y sus repercusiones materiales, parecen voltear la mirada y hacer caso omiso no solo para prever la catástrofe, sino para atender todo lo acontecido en términos de recursos, infraestructura pública y privada, empleo, ingresos por turismo, pérdidas económicas, materiales y de vidas humanas y sus secuelas en la integridad física y psicológica de la población.
A estas alturas, es imposible imaginar siquiera que exista alguna autoridad capaz de enfrentar estos asuntos y evitar que los partidos y sobre todo el que está en el gobierno se monten sobre la catástrofe natural como la que se está sufriendo (muchos dicen que es similar o mayor a la del huracán Otis, en acapulco justo hace dos años).
Testimonios, fotos y videos entre otros documentos dan constancia del bloqueo que ha realizado el ejercito a la ayuda que han llevado las personas y organizaciones que desinteresadamente hay querido ayudar a los damnificados; excepto la que otorga el cartel jalisco nueva generación que ha tenido carta blanca por ejemplo para la entrega de despensas a su nombre. También hay pruebas de que se ha decomisado ayuda y que se ha entregado después en manos de la Sedena en bolsas del partido en el gobierno que ya sabemos que es ilegal hasta en términos penales.
Ante esta lamentable situación de ausencia de reglas y sanciones para estos casos, provocada en buena medida por la demolición del fonden y el sistema federal de protección civil, lo cual ha demostrado a todas luces ser lamentable y dañino, somos los ciudadanos los primeros que debemos estar alertas ante este tipo de arbitrariedades que son contrarios a la ley y la ética democrática, y exigir al gobierno federal estatales y municipales, que cumplan con sus obligaciones en la atención a la población, el ejercicio de recursos, acciones concretas, reporte de gastos de los recursos públicos relacionados con los desastres.
