Por Rubén Ricaño Escobar
El poder público no es un privilegio, es una responsabilidad sagrada. Quien lo ejerce debe entender que representa algo mucho más grande que su nombre, su cargo o su salario: representa a la ciudadanía, al Estado y a la esperanza colectiva de vivir en una sociedad más justa, más humana y más digna.
Sin embargo, con tristeza vemos que en muchos espacios institucionales se ha relajado la exigencia ética que debería acompañar a todo servidor público. Es común encontrar actitudes de desprecio hacia los ciudadanos, negligencia en el deber, e incluso conductas escandalosas fuera del horario laboral, en donde algunos servidores públicos —hombres y mujeres— actúan con prepotencia, bajo el influjo del alcohol o transgrediendo abiertamente la ley. No son casos aislados: son síntomas de una enfermedad silenciosa que va carcomiendo la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana.
Ser servidor público exige integridad, tanto en la oficina como en la vida cotidiana. Quien ha elegido este camino debe saber que el uniforme, la investidura, la credencial o el escritorio no le otorgan superioridad sobre nadie. Al contrario: le obligan a ser humilde, a actuar con respeto, a no abusar de su posición ni ostentar lujos que insulten la realidad de quienes menos tienen.
Existen leyes sobre responsabilidad administrativa y códigos de ética que regulan el comportamiento de la función pública, no obstante, esto parece haberse relajado de un tiempo para acá; la capacitación siempre ha sido importante y las instituciones de gobierno también tienen por ley la obligación de capacitar a las mujeres y hombres que desempeñan un cargo público sin importar la jerarquía de este.
Cursos como “Valores y ética en el servicio público”, “ Responsabilidades de los servidores públicos”, “Inducción a la Administración Pública”, etcétera son muy importantes pero que parecen haber desaparecido de las actividades institucionales de las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipales, ello aunado a la improvisación y la contratación de gente escasamente preparada o sin experiencia, o bien de personas que por ser familiares de otros servidores públicos más encumbrados, hace una combinación que genera ineficacia en sus funciones y quien al final termina pagando el costo de ello es la ciudadanía, quienes acuden a las oficinas públicas en busca de servicios o respuestas y, además, frena el desarrollo y ralentiza el logro de los objetivos institucionales.
El influyentismo, los excesos y la soberbia no tienen cabida en el servicio público del siglo XXI. Necesitamos una nueva ética, una nueva mística: servidores públicos con vocación, con sensibilidad social, con respeto por la ley, los derechos humanos y el medio ambiente. Que vean en cada ciudadano a un igual, y en cada tarea diaria una oportunidad de servir con honor.
Porque gobernar no es mandar, es servir. Y el verdadero servidor público lo demuestra no con discursos, sino con su comportamiento.
