JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CHÁVEZ
A la sombra de la crisis financiera mundial, la importancia de un marco regulatorio eficaz se ha hecho cada vez más evidente. Una buena normatividad es esencial para que nuestras economías, nacional, estatal y municipales, puedan funcionar de manera eficiente, buscando siempre el máximo beneficio para la sociedad. Esta labor implica una tarea y un esfuerzo permanentes.
Es indudable que la crisis financiera y de gestión muestran la importancia y la necesidad de un buen funcionamiento del marco regulatorio para hacer más transparentes las administraciones públicas, permitiendo que el regulador elija siempre los incentivos adecuados. Las sociedades actuales necesitan políticas regulatorias e instituciones para hacer frente a la interconexión de sectores y promoción de un ambiente más competitivo. Los marcos regulatorios claros y bien definidos constituyen una condición indispensable para gestionar con eficacia los problemas del acontecer público que se presenten y la igualdad en una sociedad.
En los últimos años, la posición de México en el índice de competitividad global ha decrecido considerablemente, siendo el factor o subíndice de burocracia gubernamental uno de los más influyentes en este decremento lo que contribuye en buena medida a una disminución en la atracción de inversiones y la apertura de nuevos negocios. El marco regulatorio con que cuenta México tiene un carácter mixto en el que intervienen en muchos casos para un mismo proceso, organismos federales, estatales y municipales. Y es que en México los gobiernos locales cuentan con amplias facultades regulatorias. Así pues, el desempeño de México como país competitivo no sólo depende de su mejora como entidad federal; la estrategia nacional de desarrollo debe tener también como referente los ámbitos estatal y municipal.
La política, el gobierno y la administración pública son cosas complementarias, sí, pero muy distintas. El asunto de la mejora regulatoria, dentro de la cual se ubica el tema de la simplificación de trámites y servicios, no lo va a resolver una ley como pretende hacerlo ver equivocadamente el legislativo actual; de hecho, ni ha sido, ni es, ni será nuca un asunto de leyes, ni de caprichos u ocurrencias políticas, sino de administración pública en los tres órdenes de gobierno.
La simplificación administrativa y normativa como política pública convertida en actos concretos de gobierno y administrativamente en planes, programas y acciones concretos, debe promover y facilitar el desarrollo competitivo, armonizado y coordinado de las administraciones públicas de todos los órdenes. Una estrategia eficaz para lograrlo consiste en un programa integral de modernización para simplificar y catalogar los sistemas de trámites y servicios mediante el uso de herramientas como la armonización normativa; la guillotina regulatoria para eliminar a su mínima expresión los requisitos, trámites y papeleos; la “ventanilla única” para evitar la burocracia y el peregrinar de los ciudadanos por toda la administración gubernamental; los sistemas de apertura rápida de empresas para que en un solo lugar se puedan realizar las gestiones ante varias dependencias y entidades de los tres niveles y el ciudadano pueda iniciar su negocio en el menor tiempo posible; reglas claras de coordinacion intra e inter institucionales para evitar lagunas, contradicciones y duplicidades; una estandarización de los servicios de atención e información a los usuarios; creación y actualización permanente de los portales federal, estatales y municipales, todo esto apoyado en tecnologías de información y comunicaciones y aplicando en todo caso criterios de eficacia y productividad.
Por desgracia, el gobierno federal en turno olvida todo esto y además omite que de acuerdo con la Constitución Política Federal hay materias que son exclusivamente federales, estatales y municipales, y que cada uno tiene entornos sociales, territoriales y administrativos muy diferentes, por lo que hablar de “unificación” de trámites parece ser un acto de desconocimiento total del derecho administrativo y la administración pública. Por cierto: en ningún momento se ha mencionado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que es la instancia legalmente responsable del tema…
