Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
Desde hace más de un sexenio, el Estado Constitucional en México padece de una enfermedad progresiva y mortal: el populismo demagógico; y en el avance de esta patología jurídica y política, la denominada “reforma judicial” es un episodio más de este proceso de demolición que fue a la vez un fraude y un fracaso.
En primer lugar, fue todo un fraude porque no obstante que la titular del ejecutivo ha venido ostentado desde el púlpito presidencial una popularidad de 80% -mayor que la de su antecesor- y usado recursos públicos para actuar como militante y porrista de su movimiento y no como jefa de Estado, no logró convocar ni a la cuarta parte de quienes votaron por ella año pasado, a pesar de las insostenibles reformas a la legislación aprobadas por mayoriteo; sin ningún pudor para elegir por tómbolas, en remembranza a las tan conocidas y cantineras “rifas del pollo”; con todo cinismo para financiar campañas y promover candidatos con dinero ilegal; inducir al voto con los ya mundialmente famosos “acordeones”, entre otras argucias y agandalles más que claros, antes, durante y después del proceso electoral, el 1° de junio pasado se puso de manifiesto que esa supuesta aprobación presidencial resultó no ser más que una cortina de humo para ocultar la otra muy distinta realidad de que la ciudadanía incluyendo 75% de sus votantes de hace unos meses, rechazó la mentira y no fue a las urnas.
En segundo término, se trató de un fracaso tomando en cuenta todo lo anterior más la grotesca validación institucional de los resultados. El raquítico 8.9% de votos válidos del total del padrón, en cualquier proceso electoral en cualquier otra parte del mundo hubiera conllevado la anulación del proceso y eventualmente su repetición con otros candidatos, pero en este caso, en un afán ingenuo para ocultar el fiasco, el oficialismo vitoreó el proceso como “todo un éxito” y no les faltó razón, pues desde su óptica autocomplaciente, indudablemente obtuvieron los resultados esperados para la presidente, su mentor y su séquito, no así para los mexicanos, pues 91.1% de los electores (más de 9 de cada 10) se negaron a hacer el papel de comparsas y no asistieron o anularon su voto, lo que independientemente de lo que digan o callen los corifeos del régimen, ambas, son formas perfectamente legítimas de expresión política en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática; y aun así, la maquinaria autocrática desde el ejecutivo, el legislativo, el INE o lo que queda de él, y el tribunal electoral validaron -que no legitimaron- la supuesta elección.
Este fallido proceso electoral que ya es parte de la historia jurídica y política de México y el mundo, ha pasado a formar parte de las acciones tendentes a desmantelar el sistema institucional del país, elemento que junto con los derechos fundamentales del Estado sostiene el edificio constitucional, aunado a la cancelación de la división de poderes, la anulación de los partidos políticos y por ende de la imprescindible pluralidad política, la desaparición del sistema representativo, y los medios de contrapeso al poder como los Organismos Constitucionales Autónomos, la sumisión del INE y del Tribunal Electoral, todo lo cual es una demolición sin alternativa, sin propuesta de sustitución.
Sustituir personas no cambia en nada al poder judicial tan necesitado corregir sus deficiencias y mejorar sus normas, organización, métodos y procedimientos para impartir justicia; reforma judicial no es sustituir a juzgadores de carrera con capacidad y experiencia por militantes y simpatizantes del Morena y sus aliados, que en muchos casos ni siquiera cuentan con lo requisitos para ocupar el cargo y más aún tienen probados antecedentes delictivos y de corrupción. De verdad, ¿alguien en su sano juicio podrá sostener que esto construirá un mejor poder judicial?
Todo esto fue señalado por el grupo de expertos electorales observadores de la OEA que invitó el INE y que después todo el aparato oficial empezando por el ejecutivo y el propio INE rechazaron sus resultados preliminares, conclusiones y sugerencias. El Estado Constitucional se ha demolido. Consumatum est…
