M. EN D. ADRIANA YAMIL JIMÉNEZ ALAMILLA
Secretaria Nacional de Mujeres por México es Nuestro Compromiso, A.C. Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC). Maestría en Derecho Procesal Constitucional. Estudios de perito en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopia.
Artículo publicado en la edición 49 de revista Jurista
Hace unos días, platicando con mi amiga y colega Melissa Guadarrama, me preguntaba que, cuál era mi punto de vista o en dónde había notado alguna laguna de derecho, como abogada y en mi calidad de secretaria nacional de Mujeres por México es Nuestro Compromiso, A.C., respecto de que las víctimas por violencia de género quedaran en estado de indefensión. Mi respuesta fue inmediata, en virtud de la sociedad en donde nos desenvolvemos y en donde día a día estamos en constante conexión e interactuando con redes sociales.
Actualmente contamos con avances legislativos que protegen a las mujeres y a los hombres por ser víctimas de violencia digital, donde gracias a la Ley Olimpia la distribución o compartimiento de fotografías y videos con contenido íntimo, sin la autorización de quienes aparecen en los mismos, es un delito, el cual será juzgado y castigado.
Este es, sin duda alguna, un avance significativo en la materia, sin embargo, a mí me gustaría colocar en la mesa, bajo el ojo de todas y todos ustedes, ¿qué es lo que sucede con el resto de los delitos cometidos por medios digitales? Nos encontramos en una sociedad que se cree con el derecho de crucificar y prejuzgar a las personas mediante lo publicado en redes sociales.
Existen infinidad de actos de difamación, bullying, robo de identidad, extorsión y estafas a través de medios digitales y cuando somos víctimas de algunas de las mencionadas ¿qué hacemos? Simplemente nos deprimimos, nos damos por vencidos, nos limitamos a informar a amigos y contactos que hemos sido víctimas del robo de identidad, de hackeo del WhatsApp, de que nuestros números fueron clonados, pero sin ninguna consecuencia jurídica para los ciber delincuentes quienes, al afectar a una persona y a su entorno social salen triunfantes, sin ninguna pena o castigo legal que pese sobre sus hombros y sobre los hechos que seguramente seguirán cometiendo por medios digitales.
Minimizamos las acciones y los hechos. Total, “sólo me robaron $5,000; la culpa la tengo yo por no verificar que realmente fuera quien dijo ser; me va a salir más caro el abogado e iniciar un procedimiento legal; total estoy sufriendo de bullying a través de redes sociales; tendré que cambiar de colegio y cambiar de redes sociales; tendré que cambiar de look y pretender que el daño psicológico no me afectó…”.
La depresión y ser una persona que ha quedado seriamente lastimada en su autoestima no es suficiente para tomar cartas en el asunto y como sociedad nos escandalizamos cuando una chica o chico atentan contra su vida por la severa depresión que tenían ocultan y que nadie fue capaz de notar por tratar de cubrir las apariencias.
Total, “me robaron mis redes sociales por abrir un link de origen desconocido; eso me pasa por torpe”…, teniendo la esperanza de que nuestros amigos y contactos no caigan en la misma trampa y, si es así, nos excusamos por haber sido víctimas del robo de identidad a través de redes sociales. Podría seguir por cuartillas y cuartillas enumerando diversos ejemplos, que no se relacionan con la difusión de imágenes con contenido íntimo, y que actualmente no existe una legislación que castigue.
Mi punto y mi propuesta es que cada estado debería tener una fiscalía especializada en la comisión de delitos cibernéticos, sé y soy consciente de que por la cantidad de redes sociales y de cibernautas que existen, tal vez sea imposible dar seguimiento al 100% de los casos, sin embargo, considero que, con una propuesta de ley adecuada, en donde existan los filtros correctos y coordinación con la administración de las redes sociales y bancos, se podría coadyuvar y lograr una excelente sinergia para detener a los cíber-delincuentes.
Vivimos en el siglo XXI. Según datos oficiales, el ser humano ha avanzado más en el último siglo de evolución que en toda su historia. Iniciamos la era de la Inteligencia artificial (IA), entonces, ¿cuál es la razón para no actualizar la legislación a las necesidad y vivencias actuales? El mundo evoluciona y, por tal motivo, nuestras leyes también tienen que evolucionar. Podemos seguir dando prioridad o circunstancias que ya están fuera de circulación, tenemos que aceptar que la etapa de nuestras vidas se encuentra dentro de medios digitales y gira en torno a redes sociales.
La globalización es un punto por el cual nuestros sistemas legislativo y judicial tienen que adoptar y tomar en cuenta para avanzar. No podemos seguir cerrando los ojos ante la cruel y cruda realidad que hoy es evidente. Tenemos que buscar la forma de castigar a los cíber-delincuentes y de proteger a los usuarios del peligro que enfrentan a través de redes sociales.
Es por ello que a título personal y a través de la asociación civil a la que pertenezco, que es Mujeres por México es Nuestro Compromiso, A.C., impartimos conferencias de erradicación de la violencia con perspectiva de género, en donde nos acompañan policía cibernética y policía de género, para alertar a las personas sobre los peligros existentes en la actualidad para no ser víctimas de delitos, mostrando los tipos y modalidades de violencia y sus consecuencias, y también contra cíber-delincuentes.
