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Por Jorge Ramón Rizzo*
El reciente Índice de Estado de Derecho 2026 publicado por el World Justice Project (WJP) arroja un diagnóstico alarmante sobre la realidad institucional de México. El país cayó cuatro posiciones respecto al año anterior, ubicándose en el paupérrimo lugar 125 de 143 naciones evaluadas a nivel global, y ocupando el puesto 28 de 32 en América Latina y el Caribe: ¡Algo verdaderamente vergonzoso!.
Con una calificación general de 0.39 sobre 1, el informe no retrata un accidente casual, sino el reflejo de una erosión institucional acumulada que pone en entredicho el desarrollo económico y social del país: ¡Un país carcomido!.
Para escribir esta entrega, conversé con muchas y muchos abogados para tener un mayor contexto y lo que me dejaron claro, es que el desplome de México en el índice no es nuevo, ya que acumula una caída del 8.4% en su calificación general desde 2021, pero adquiere matices críticos en rubros específicos que definen la vida diaria de la ciudadanía y la viabilidad del Estado, como la justicia penal, la corrupción, la inseguridad y la confiabilidad gubernamental.
Varios vectores del reporte de WJP son reveladores por si mismos, donde se aprecia por los suelos el rubro de la Justicia Penal, donde México obtuvo apenas 0.22 puntos en este componente, colocándose en el lugar 139 de 143. Esto significa que casi no hay países en el mundo peor evaluados que México en la persecución y sanción del delito: ¡Imagínense tan triste realidad!.
Fíjense que la impunidad y el uso faccioso del poder siguen fracturando la confianza pública, con 0.26 puntos y el puesto 135. Mientras que estamos en el sitio 132 en control efectivo del crimen y la contención de la violencia, lo que nos deja en claro que dichos tópicos continúan siendo asignaturas pendientes para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues aún no evalúan como una estrategia confiable de contención al crimen la labor de los últimos 25 meses de Omar García Harfuch en materia de seguridad.
Internacionalmente se revela que no confían en nuestro gobierno, en la “separación” de poderes y en los contrapesos: Este indicador cayó un 11.6% en cinco años (0.39 puntos), reflejando lo carcomido que se encuentran nuestros contrapesos institucionales.
Este declive institucional ocurre en un momento histórico particular: El primer año de funcionamiento de jueces, magistrados y ministros elegidos mediante voto popular. Lo que desde el discurso oficial se ha celebrado como una “democratización de la justicia”, organismos internacionales y especialistas lo interpretan como el tiro de gracia a la independencia judicial.
¿Sabían ustedes que nuestros magistrados y ministros mexicanos fueron excluidos de la Unión Internacional de Magistrados (UIM)? Y sacaron a México por vulnerar estándares globales de autonomía técnica de nuestros juzgadores. Permítame decirles que actualmente el organismo agrupa a 93 asociaciones judiciales representativas de países de los cinco continentes. Lo que se significa como una prueba contundente de que el aislamiento normativo del país tiene costos reales.
La UIM tiene como misión fundamental, salvaguardar y defender la independencia del Poder Judicial en todo el mundo. Dicho organismo sostiene que la autonomía de los jueces frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo en cada país miembro es un requisito indispensable para garantizar los derechos humanos, las libertades civiles y la existencia de una democracia. Y esta exclusión, hace que resulte altamente vergonzoso para México y los mexicanos que nos hayan sacado de la Unión Internacional de Magistrados
Cuando la justicia deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en un reflejo de las mayorías políticas en turno, el Estado de derecho deja de existir en la práctica para convertirse en una formalidad vacía. Las luces rojas de alerta las han prendido en el concierto internacional, pero eso no lo aceptará nunca el actual régimen de gobierno.
La enfermedad que retrata el World Justice Project 2026 es mucho más peligrosa porque es silenciosa: Es el goteo diario de una fiscalía que no investiga, de un juez que depende del favor político, de una víctima a la que la ley le da la espalda y de un ciudadano que asume la impunidad como el estado natural de las cosas.
México no está cayendo por culpa de factores externos; está cayendo porque se ha decidido debilitar deliberadamente las herramientas institucionales que protegen al débil y limitan al poderoso.
En conclusión, si queremos concretar una serie de acciones urgentes para que el gobierno de Claudia Sheinbaum mejore la posición de México, el enfoque debe centrarse en cuatro medidas drásticas: Primero, arreglar las fiscalías; segundo, garantizar jueces capaces; frenar la extorsión y el cobro de piso, como tercera medida y en cuarto lugar, digitalizar trámites que impidan contacto humano para reducir la corrupción imperante en muchas oficinas de gobierno. No estará fácil.
*Periodista/Tlaxcala
