*El Rector Rodolfo Torres Velázquez no ha podido poner orden a casi un año de su nombramiento
*Los adeudos continúan y los problemas aumentan al sumarse alumnos sin matrícula
Quetzalli Carolina Vázquez
Xalapa, Veracruz, México, 27/10/2026.-Docentes de distintas regiones de Veracruz, en su mayoría integrantes del Movimiento Estatal de Docentes y Directores de la UPAV, A. C., denuncian que continúan los adeudos, la incertidumbre laboral y un desorden administrativo que afecta tanto al personal como a los estudiantes.
Sostienen que es posible que la mandataria estatal, Rocío Nahle, esté siendo mal informada por los responsables de atender el tema pues de otra manera no entienden cómo ella asegura que existe orden y pagos regularizados en la UPAV.
Los profesores y personal administrativo refieren que continúa existiendo maestros que reclaman remuneraciones por su trabajo, estudiantes sin matrícula y dificultades administrativas que comprometen el funcionamiento de la institución.
El conflicto no se limita a una disputa entre trabajadores y autoridades, sino que también involucra la regularización de miles de expedientes laborales, el nuevo esquema de contratación, el manejo de los recursos universitarios y una investigación ministerial por presuntas irregularidades financieras en administraciones anteriores.
Aseguran que hay adeudos correspondientes a 2025 y a periodos académicos de 2026 y cuestionan la utilización de contratos temporales de carácter civil, sujetos a renovaciones periódicas, pues consideran que esa modalidad no les garantiza los derechos laborales que les corresponderían según la naturaleza real de sus servicios.
A los retrasos se suma el procedimiento de validación documental que deben cumplir los trabajadores para acceder a sus pagos.
Según las denuncias, los docentes deben renovar sus contratos y cargar periódicamente sus documentos a la plataforma institucional, entre ellos la Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría estatal, cuyo costo señalado es de 164 pesos.
El problema, afirman, es que la validación documental no parece traducirse en un criterio uniforme para liberar los recursos: algunos profesores aseguran haber cumplido con todos los requisitos sin recibir su dinero, mientras otros habrían cobrado sin completar el mismo procedimiento.
Cabe recordar que el 24 de septiembre, el rector Rodolfo Torres Velázquez informó que se habían pagado alrededor de cuatro millones de pesos por concepto de adeudos y que la regularización continuaría conforme se validara la documentación. Sin embargo, no estableció una fecha para concluir todos los pagos pendientes y si bien la cifra reportada acredita que hubo pagos, no permite determinar por sí sola cuántos trabajadores siguen pendientes, cuánto dinero falta por cubrir ni qué proporción representan esos cuatro millones frente al total de las obligaciones.
La incertidumbre no afecta únicamente a los docentes, existen estudiantes de nuevo ingreso que pagaron inscripciones y mensualidades y aún no cuentan con una matrícula asignada.
La situación que vive la UPAV pone bajo escrutinio el destino de los ingresos que genera la institución a través de sus servicios y trámites, incluidas las cuotas estudiantiles y los pagos por constancias y titulaciones, conforme al esquema aplicable.
El 24 de septiembre, el propio rector reconoció que la regularización seguía en curso y reportó cuatro millones de pesos pagados por adeudos. Esa declaración evidencia que el proceso no estaba concluido en esa fecha, aunque la Rectoría sostuvo que los recursos estaban garantizados y descartó una crisis financiera.
Los docentes mencionan que necesitan fechas y montos de pago claros y los estudiantes, matrículas y certeza sobre sus estudios.
La Rectoría de UPAV ha creado un sistema falaz e ilegal de contratos temporales de carácter civil, que deben ser renovados cada tres meses, pretendiendo evadir las obligaciones patronales que deben regirse por la legislación laboral.
Alumnos carecen de matrícula
Por otro lado, afirman quejosos, hay un desorden administrativo que ha incluido las renuncias de todos los directivos designados por el Rector Rodolfo Torres Velázquez, a quien se le han impuesto nuevos funcionarios que no son de su confianza, pero que además son inexpertos, a tal punto que los alumnos de nuevo ingreso, carecen de matrícula a pesar de haber pagado sus inscripciones y mensualidades, lo que les impide la realización de numerosos trámites laborales a aquellos que son trabajadores.
A la falta de pago por los servicios, las denuncias públicas también apuntan a cambios en las condiciones de contratación, reducción de las remuneraciones por hora clase, incertidumbre sobre los derechos del personal académico y cuestionamientos acerca del manejo de los recursos de la institución.
Durante 2026, el conflicto se ha manifestado en Xalapa y ha involucrado a representantes de distintas regiones del estado. Las diferencias entre los trabajadores inconformes y el Gobierno de Veracruz también han dado lugar a versiones encontradas sobre quiénes participan en las protestas y qué pagos se han cubierto.
Los adeudos salariales son de 2025 y 2026
Los integrantes del Movimiento Estatal de Docentes y Directores de la UPAV denunciaron retrasos en el pago de sus honorarios. En las protestas más recientes señalaron que algunos trabajadores seguían esperando pagos de 2025, mientras que para 2026 persistían adeudos correspondientes a periodos académicos completos o parciales.
Como el sistema les exige que cada cuatrimestre tengan que renovar su contrato y subir los documentos a la plataforma digital de la Universidad, incluyendo una Constancia de No Inhabilitación expedida por la Contraloría del Estado y que cuesta 164 pesos, esos documentos deben ser validados para que el empleado pueda recibir sus pagos.
Sin embargo, es tal el desorden, que hay profesores que tienen todos sus documentos validados y no reciben pagos, mientras que hay muchos otros que no han subido nada y a los que sí les han pagado.
¿A dónde se van las cuotas?
Los propietarios de dos bodegas arrendadas por la UPAV acaban de impedirle el uso de ambos locales a la institución por falta de pagos, lo que resulta insólito, ya que, la Universidad cuenta con recursos derivados de las cuotas mensuales de sus alumnos y de otros trámites como constancias y titulaciones, ya que tiene casi 60 mil alumnos, de acuerdo a datos oficiales, distribuidos en 168 municipios veracruzanos, con 254 sedes de educación superior y 435 centros de bachillerato.
No se han recuperado 557.5 millones de pesos
Por otro lado, tres o más ex directivos de la UPAV deben reintegrarle a la institución por lo menos 557.5 millones de pesos de presunto saqueo realizado mediante el empleo de una asociación civil que recibía las cuotas de los alumnos sin enterarlos a los órganos universitarios.
El Proceso penal se identifica con el número 17/2026. A esta fecha, el caso sigue abierto en dos frentes, por una parte, el proceso penal contra tres exfuncionarios y por el otro, las investigaciones financieras sobre la red de empresas usadas para desviar los recursos. Los exfuncionarios detenidos ya fueron vinculados a proceso. Ellos son Sergio “N”, exrector, Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo y Frida “N”, pero ésta ya abandonó la prisión aunque continúa procesada.
Los delitos atribuidos por la Fiscalía incluyen peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público e incumplimiento de un deber legal.
También hubo lavado de dinero
El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, informó que se presentaron dos denuncias, una ante la FGE y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionadas con recursos administrados por la Fundación EDAL, A. C.
Según lo expuesto por Sefiplan, el dinero habría circulado a través de una cadena de empresas, entre ellas inmobiliarias y una agencia de publicidad que pagaba honorarios a docentes. Las autoridades buscan esclarecer el origen, el destino y la trazabilidad de los recursos.
En el informe financiero de la UPAV correspondiente al segundo trimestre de 2026 registró 42 litigios judiciales: 41 laborales y uno ordinario civil.
Errónea percepción de la Gobernadora
La gobernadora Rocío Nahle García ha sostenido una posición distinta de la expresada por los manifestantes, especialmente respecto de la magnitud de los adeudos y de quiénes participan en las protestas.
En agosto afirmó que muchos de quienes participaron en las protestas no pertenecían a la universidad. Según su declaración, basada en un video difundido por el rector Rodolfo Torres Velázquez, sólo dos o tres de las personas identificadas serían personal de la institución.
También sostuvo que se había pagado a más de cinco mil docentes y advirtió que el Gobierno podría buscar a otros docentes
La mandataria señaló que nadie tenía prohibido manifestarse, pero advirtió que si el personal actual no quería trabajar bajo las nuevas condiciones, el Gobierno tendría que convocar a otras personas para impartir clases.
La declaración generó controversia porque los inconformes reclaman precisamente pagos pendientes y condiciones contractuales que consideran desfavorables.
