México es el país que más conflictos tiene con inversionistas junto con Rumania, Eslovenia y Venezuela. En 2023 nuestro país encabezó la lista con 10 casos; en 2024 se mantuvo en el primer lugar con cuatro, y en 2025 tuvo cinco casos.
Así lo indican los Reportes Mundiales de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), dados a conocer este martes por el diario El Universal.
“En 2025 se iniciaron controversias comerciales contra (gobiernos de) 37 países. México y Ucrania fueron los demandados que se mencionaron con más frecuencia, con cinco casos nuevos cada uno”, expuso la UNCTAD.
El Estado mexicano enfrenta alrededor de 26 controversias comerciales promovidas por inversionistas extranjeros, quienes reclaman indemnizaciones que, en conjunto, superan los 6 mil millones de dólares. A estos procedimientos se suman 10 avisos de intención de empresas que consideran emprender acciones arbitrales contra el país por presuntas violaciones a acuerdos comerciales, principalmente relacionados con Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo con los registros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, así como de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), entre otras instancias, hasta el 18 de septiembre pasado se contabilizaban 19 arbitrajes pendientes de laudo y otros siete casos en los que las resoluciones podían ser impugnadas o ya habían sido recurridas y esperaban una determinación definitiva.
Dentro de los procedimientos en curso, ocho tenían plazos relevantes para su resolución entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, de acuerdo con la información disponible en los expedientes de los organismos internacionales y las cortes competentes.
Las controversias tienen su origen en reclamaciones de inversionistas que consideran vulnerados sus derechos o incumplidos los compromisos asumidos por México en el marco de distintos acuerdos comerciales y de protección de inversiones. Los procedimientos se tramitan ante instancias internacionales de arbitraje y tribunales de Estados Unidos y Canadá, según la naturaleza de cada asunto.
Pese al monto de las reclamaciones, los antecedentes muestran que las cantidades solicitadas por los inversionistas suelen superar considerablemente las indemnizaciones que finalmente reconocen los tribunales o paneles arbitrales. De los últimos 29 casos resueltos, México obtuvo una resolución favorable en 15, perdió 13 y alcanzó un acuerdo con una empresa en el caso restante.
Las condenas y el acuerdo correspondientes a 14 asuntos representaron un desembolso conjunto de 468.3 millones de dólares, frente a los 6 mil 769 millones de dólares reclamados. Esto significa que las cantidades reconocidas equivalieron aproximadamente al 6.9 por ciento del monto total exigido por los inversionistas.
Los expedientes también reflejan que algunos procedimientos permanecen estancados debido a desacuerdos entre las partes, incumplimientos en el pago de gastos procesales o dificultades para integrar los tribunales arbitrales. En determinados casos, la renuncia de uno de los árbitros y la falta de designación de su sustituto han impedido que las actuaciones continúen con normalidad.
Juristas consultados por El Universal, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron entre los asuntos que enfrentan este tipo de dificultades los relacionados con Caisse de dépôt y CDP, Mario Noriega Willars, Draslovka Holding, Aria Capital y Publio.
Corte canadiense reabre reclamación por 270 millones de dólares
A las controversias pendientes se añadió una determinación judicial que podría reactivar una reclamación por 270 millones de dólares. A mediados de octubre, una corte de Ontario admitió el planteamiento de un grupo de inversionistas, entre cuyos integrantes figura Alicia Grace, quienes alegan violaciones a sus derechos derivadas del arrendamiento de plataformas marinas a Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2013 y 2017.
El procedimiento arbitral comenzó en 2018. En aquella etapa, el CIADI determinó que carecía de jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas por los inversionistas y ordenó a estos pagar a México 400 mil dólares por concepto de costos del arbitraje.
Sin embargo, una corte de Ontario revirtió posteriormente esa determinación, lo que abre la posibilidad de que los demandantes soliciten nuevamente el examen de sus reclamaciones. El cambio representa un nuevo frente jurídico para el Estado mexicano en un litigio que se remonta a casi una década.
Casos con plazos de impugnación y solicitudes de anulación
Entre los procedimientos que requieren especial atención se encuentran los de Silver Bull Resources, Draslovka Holding, Lion Mexico Consolidated y Legacy Vulcan, en los cuales se aproximan o se cumplen los plazos para solicitar la anulación de las condenas dictadas recientemente.
También figuran los asuntos promovidos por Cyrus Capital Contrarian, Almaden y Almadex Minerals, así como Odyssey Marine, en los que México ha recurrido a mecanismos de impugnación relacionados con las determinaciones arbitrales. En este último grupo se encuentra una solicitud de anulación cuyo trámite involucra a la Suprema Corte de Ontario, según los registros citados.
La evolución de estos expedientes dependerá de las decisiones de los tribunales competentes y del resultado de los recursos interpuestos por las partes. Por ello, los montos reclamados no necesariamente se traducirán en obligaciones de pago para el gobierno mexicano, pues cada controversia deberá resolverse conforme a sus antecedentes y a las reglas aplicables.
