Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
En teoría política por lo general en el mundo existen dos formas de Estado básicas: Monarquía y República y en tal sentido, México adoptó desde 1824, con el intermedio del gobierno centralista de otro López, de Santa Anna -así le fue- la forma de Estado Republicana, con la característica de ser además de Representativa, Democrática y Laica, Federal.
En su origen, a principios del siglo XIX, el federalismo en Norteamérica se presentaba como un modelo Republicano innovador: los intereses políticos y económicos de las colonias requerían que éstas mantuvieran sus espacios de poder pero al mismo tiempo que se lograra garantizar la unidad para efectos de consolidarlo, tanto internamente como ante las potencias externas, principalmente frente a la monarquía inglesa. George Washington conocía las formas de organización de los grupos indígenas del norte y descubrió que ellos ejercían sus decisiones fundamentales y gobierno mediante un acuerdo entre sus líderes que lograba su cohesión política, pero a la vez les permitía mantener a cada una de las naciones integradas en el pacto su respectiva independencia y autonomía.
Y ahí encontró la fórmula para el naciente Estado norteamericano, lo que Jefferson plasmo con toda claridad y precisión técnica en la primera Constitución liberal en la historia, misma que de inmediato se difundió en Europa y entre los grupos liberales de América, los del virreinato de la Nueva España entre los primeros. De hecho, el Estado Federal implica necesariamente la figura del gobierno presidencial, como coordinador de la actividad jurídica, política y de armonización entre los estados miembros, pero de eso hablaremos en otra ocasión.
¿Qué es? ¿en qué consiste? ¿qué persigue? ¿cómo funciona? Es una característica de la forma de estado republicana en la que varios estados soberanos deciden celebrar un pacto de unión colaborativa plasmado en la Constitución, distribuyéndose funciones, participando entre sí, pero manteniendo cada uno su autonomía. En términos de soberanía, así como el Estado federal es soberano al interior e igual a sus iguales en el exterior, así los estados replican ese estatus en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, manteniendo sus leyes y atribuciones propias, pero delegando otras que por su naturaleza corresponden al Ejecutivo federal. De tal suerte, se concilian y articulan los intereses jurídicos, políticos, económicos, de cada entidad de la unión con los del Estado federal y su instrumento normativo fundamental es la Constitución Política de la República. En términos operativos el Ejecutivo Federal es el encargado de esta articulación, en el caso mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación.
De esta forma se crea y mantiene la unidad y al mismo tiempo se respeta la diversidad de las partes en todos sus aspectos. Políticamente se establece un sistema vertical de distribución de competencias jurídicas políticas y económicas entre municipios, estados y federación y administrativamente se busca lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de recursos públicos.
El problema en la práctica comienza cuando el Ejecutivo, lejos de adoptar una actitud federalista, por cuestiones político ideológicas olvida la diferencia entre política y administración pública y así sostiene una posición centralista, que da prioridad a sus intereses frente a TODOS los estados de la federación e incluso discrimina o menosprecia, las necesidades y requerimientos locales, lo cual es notorio en diversas materias, como la fiscal, la financiera, en temas estratégicos como la salud, la seguridad, la educación, la infraestructura.
Así como un presidente, jefe de Estado y de gobierno debe gobernar para TODOS no solo para sus votantes, ya que la gobernanza es tema que nos afecta a todos por igual, así también el jefe de la federación debe gobernar para todas las entidades federativas, sin distinguir la filiación política de los que gobiernan cada una, puesto que la política termina en la elección y la gobernanza empieza al asumir el cargo, sea cual sea el orden de gobierno de que se trate y está más que probado -los acontecimientos actuales dan prueba más que fehaciente de ellos- que lo que le pasa a una entidad federativa afecta directa o indirectamente al conjunto de la federación y para muestra los grandes botones actuales de la seguridad, la salud, la educación, las finanzas, la economía, la energía, entre muchas otras.
El ejecutivo federal debe entender por fin, que preside una federación y de que es su responsabilidad mantener esa unión pactada desde hace más de 200 años, apoyando a los estados miembros en lo que requieran para mantener su viabilidad y respetando al mismo tiempo los espacios que naturalmente corresponden a cada entidad federativa
