Por Juan José Llanes Gil del Ángel
4 de marzo de 2025
Me permito matizar con algunos comentarios la nota que gentilmente se publicó visibilizando el laudo que -de manera íntegra- el tribunal burocrático del Estado debió entregar en idioma náhuatl a trabajadores.
Primero, a manera de antecedentes, considero importante recapitular:
A principios del año 2018, más de treinta trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Veracruz, fueron despedidos de su empleo, por lo que demandaron su reinstalación y el pago de diversas prestaciones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz. Nos distinguieron solicitando nuestros servicios como abogados.
En el devenir del juicio fue necesario que interviniera un intérprete para auxiliar, en particular, a una trabajadora, Ana María Hernández Hernández, que sólo comprende el idioma náhuatl. Otros, también pertenecientes a pueblos originarios, son bilingües, aunque comprenden mejor su lengua materna, que es precisamente el náhuatl.
Tras un juicio largo, cansado y tedioso, se dictó un primer laudo, adverso a los intereses de los trabajadores, en contra del cual interpusimos una demanda de amparo directo concediéndose la protección federal a los trabajadores. Revertida la decisión inicial, les informamos que ya se había dictado un fallo a su favor.
Tuvimos dificultades para exponer el sentido del laudo a los trabajadores dada nuestras propias limitaciones: nosotros no hablamos náhuatl, pero enfatizamos que la limitación es nuestra. Consideramos que era procedente solicitar al Tribunal burocrático del Estado que le permitiera a los justiciables referidos tener acceso a una versión del fallo en su idioma, que les permitiera conocer con precisión su contenido y alcances.
Previo a presentar formalmente la solicitud correspondiente, sostuvimos un diálogo con el Tribunal para advertirle (en apego a un principio de lealtad que profesamos a las instituciones), que formularíamos la petición correspondiente para que nos diera una versión transliterada al náhuatl del laudo. Enfatizamos que sería una oportunidad para el propio Poder Judicial del Estado de brindar a la sociedad una muestra de inclusión y respeto a los Derechos Humanos, temas a los que se alude con frecuencia en la narrativa oficial.
No encontramos eco.
Tras presentar la petición formalmente, el Tribunal nos dio vista con el costo (en pesos), que tendría la transliteración. Y aunque la autoridad no fue explícita, sí de forma subyacente, sugería que, si los trabajadores indígenas deseaban tener acceso a un laudo en náhuatl, tendrían que cubrir el costo correspondiente. Tenemos copia de los autos que demuestran lo anterior.
Inconformes con el proceder de la autoridad laboral, promovimos amparo indirecto, que conoció y resolvió el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, quien tras conceder la protección federal solicitada determinó que el proceder de la autoridad violentaba sus Derechos dado que no existe impedimento real que impidiese al Tribunal entregar a los trabajadores un laudo transliterado en su idioma.
Definió, además, que el proceder de la autoridad local configuraba una “distinción injustificada”, contraria a la Constitución, que violentaba los Derechos Humanos de los quejosos, por lo que se ordenaba que se les entregara, de manera gratuita, una versión íntegra del laudo transliterada al náhuatl.
Así pues, requerido el Tribunal burocrático de Veracruz por la Potestad Federal, el viernes 21 de febrero se nos hizo entrega del documento de 145 fojas impreso por ambas caras, que contiene la versión íntegra del laudo dictado a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, transliterado al náhuatl.
Consideramos, entonces, que resulta pertinente visibilizar y destacar los siguientes puntos:
Se trata del primer laudo que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, entrega a trabajadores indígenas en su idioma. Lamentamos que lo haya hecho forzado por el Poder Judicial Federal y no de manera voluntaria y espontánea. Así pues, considero que ninguna razón válida habría para que el tribunal burocrático estatal pudiese presumir (en el caso de que lo pretendiera), la emisión de una resolución que demuestra que las políticas de inclusión, están más en el discurso que en la realidad.
Consideramos relevante destacar también, el que se construyó un precedente muy valioso que dará acceso a las personas trabajadoras indígenas de Veracruz a una Justicia que podrá ser completa solamente cuando, primero, se emitan resoluciones comprensibles para los justiciables, y cuando se cumplan cabalmente los fallos judiciales.
Lamentamos, sin embargo, que, si bien hasta ahora los trabajadores de Benito Juárez tienen acceso a un fallo en su idioma, ellos -al igual que muchos más trabajadores- no han visto cumplido el laudo dictado a su favor ante la contumacia de las entidades públicas que deben satisfacerlos, y la tolerancia ante el desacato e ineficacia del Tribunal burocrático estatal para hacer cumplir sus propias determinaciones, hecho que revictimiza (como en este caso) a trabajadores indígenas.
Ello, sin embargo, no menoscaba el precedente que se logró construir y que beneficiaría, en el futuro, a los trabajadores burócratas indígenas de Veracruz.
El esfuerzo conjunto que desplegamos tuvo su punto más importante en las demandas de amparo que, gracias al talento como abogado del señor licenciado Alan Cervantes Domingo, autor de estas, se tradujeron en el actual precedente judicial.
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