Entre enero de 2018 y mayo de 2026, México ha solicitado a Estados Unidos 269 extradiciones, de las cuales no se ha concretado ninguna. Del total, 233 siguen pendientes de resolución y 36 fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses, según reclama la presidenta Claudia Sheinbaum al Tío Sam.
En cambio, México ha concedido y ejecutado la extradición de decenas de personas reclamadas por Estados Unidos (incluyendo figuras de alto perfil del crimen organizado), sin procedimiento legal, sólo recurriendo a una decisión política, se trata de 92 sujetos de interés para el Gobierno de Donald Trump.
La mandataria señala falta de “reciprocidad” en la materia, cuando México ha recurrido a expulsión, entrega, envío, traslado, destierro, para enviar presuntos criminales, sin el debido proceso de extradición que señalan las leyes.
El diario español El País publicó un análisis sobre el tema de las extradiciones entre México y Estados Unidos, asunto que ha ocupado un lugar central en la agenda bilateral y que ha generado tensiones por la aparente disparidad en el trato entre ambos países.
El medio recuerda que Washington sí ha concedido extradiciones relevantes a México, como la del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de corrupción y entregado en 2022; así como la de Miguel Ángel Berraza Villa, alias La Troca, identificado como líder de La Familia Michoacana y extraditado en 2025. Sin embargo, el reclamo del Gobierno mexicano apunta a que no existe reciprocidad.
La inconformidad se intensificó luego de que autoridades estadounidenses formularan señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya captura y eventual extradición fueron planteadas desde Estados Unidos. México se negó a procesar la solicitud bajo el argumento de que Washington no presentó elementos probatorios suficientes contra un mandatario en funciones.
La decisión abrió un debate incluso dentro del oficialismo, donde algunas voces señalaron que no era indispensable contar con todas las pruebas desde el inicio del procedimiento. En respuesta a las críticas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió casos en los que Estados Unidos ha rechazado solicitudes mexicanas de extradición bajo argumentos de carácter técnico o formal.
Según El País, las negativas estadounidenses no se limitan a la administración de Donald Trump, sino que también ocurrieron durante el gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, Washington ha mantenido una presión constante sobre México para incrementar las entregas de objetivos criminales prioritarios.
El periódico recordó además que en 2022 reveló documentos obtenidos del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales mostraban la preocupación estadounidense por la disminución de extradiciones desde México y el objetivo de regresar a un promedio cercano a 60 envíos anuales. Entre las prioridades de Estados Unidos figuraban nombres como Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia “El Cuini” y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, líderes de Los Zetas; todos ellos terminaron siendo entregados con el paso del tiempo.
Esta semana, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer algunos de los casos que México ha solicitado formalmente a Washington, revelando el tipo de expedientes que la administración federal busca acelerar.
Entre ellos destaca el caso Ayotzinapa, uno de los mayores pendientes de justicia heredados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México solicitó la entrega de dos personajes considerados relevantes para la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas: el exjuez de Iguala José Ulises Bernabé, actualmente protegido por asilo político en Estados Unidos, y Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, señalado como operador de Guerreros Unidos.
También sobresalen investigaciones relacionadas con corrupción y desvío de recursos públicos, particularmente casos vinculados al sexenio de Enrique Peña Nieto. Uno de ellos involucra al abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado como pieza clave en esquemas de empresas factureras y acusado por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.
Aunque existía una orden de captura desde 2021, México solicitó formalmente su extradición hasta finales de 2025, aprovechando que autoridades migratorias estadounidenses lo mantenían retenido. De acuerdo con el Gobierno mexicano, la petición fue rechazada bajo el argumento de que el delito imputado no es considerado violento.
Otro expediente relevante corresponde al presunto desfalco al Infonavit mediante operaciones relacionadas con la empresa Telra Realty, caso que involucra a Rafael Zaga Tawil y familiares. La Fiscalía mexicana sostiene que funcionarios del organismo habrían operado pagos irregulares en complicidad con empresarios, pero nuevamente Estados Unidos rechazó la solicitud de entrega al considerar que los acusados no representan un riesgo social.
La lista de prioridades mexicanas también incluye al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, investigado por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Las indagatorias incluyen información aportada por agencias estadounidenses y reportes financieros que, según las autoridades mexicanas, acreditarían operaciones patrimoniales irregulares.
El País destaca además una ausencia que llama la atención: entre las prioridades expuestas por el Gobierno mexicano no aparecen personajes relacionados con el llamado “huachicol fiscal”, esquema de contrabando de combustibles que habría involucrado empresarios, operadores financieros, integrantes del crimen organizado y altos funcionarios.
Incluso, el periódico asegura haber confirmado que entre las 269 solicitudes de extradición activas no figura la familia Jensen, empresarios estadounidenses acusados de traficar cargamentos de petróleo presuntamente robado a Petróleos Mexicanos.
El análisis concluye que, más allá de casos específicos, la disputa por las extradiciones refleja una relación bilateral marcada por exigencias mutuas, criterios jurídicos distintos y una creciente utilización política de los procesos judiciales entre ambos países.
