Rafael Guerra Álvarez.
La tarde de este viernes 14 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) celebró la votación que culminó con la tercera reelección de Rafael Guerra Álvarez como magistrado presidente. La decisión se tomó en medio de la inconformidad de trabajadores que rechazaban que continuara en el cargo.
La sesión fue conducida por el magistrado decano, Salvador Ávalos Sandoval, y reunió a 79 integrantes del pleno. Para designar a la persona ganadora se requería obtener al menos dos terceras partes de los votos.
Antes de la votación, cada candidatura contó con cinco minutos para presentar su plan de trabajo. Al finalizar el proceso, Guerra Álvarez obtuvo 60 votos, con lo cual fue ratificado para permanecer al frente del Tribunal del 1 de enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.
Paralelamente, trabajadores del TSJCDMX iniciaron un paro en las colonias Doctores y San Rafael. Con bloqueos en los accesos, manifestaron su exigencia de un aumento salarial y su rechazo a la reelección del magistrado. Además, recordaron los señalamientos sobre la cercanía de Guerra Álvarez con Andrés Manuel López Obrador, a quien asesoró durante su proceso de desafuero.
Controvertido
El jurista es cercano a Andrés Manuel López Obrador. Llegó a la Presidencia del tribunal local en el año 2019, durante el mandato de Claudia Sheinbaum en la CDMX.
Una mañana de lunes de octubre, en pleno centro del poder judicial capitalino y en una zona habitualmente resguardada por numerosos elementos de seguridad, el abogado David Cohen fue atacado a tiros por dos sicarios. Aunque fue trasladado con vida al hospital, murió horas después. El asesinato sacudió a la Ciudad de México.
Tras el crimen, la fiscal Bertha Alcalde ordenó revisar todos los expedientes en los que Cohen había participado. La instrucción fue interpretada por algunos especialistas como un gesto de confrontación hacia Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, debido a la supuesta cercanía entre ambos. Guerra negó cualquier tipo de vínculo y descartó que ese día estuvieran citados: “No hubo cita, ni encuentro informal, ni conversación entre Cohen y Guerra”.
El atentado incrementó el temor dentro del Poder Judicial. “Nos sentimos desprotegidos. Ya son dos ataques a las puertas de nuestra institución, es gravísimo”, expresó la magistrada Celia Marín, recordando también la agresión armada contra el chofer de un funcionario a las afueras del Tribunal. A ello se suma que, este mismo año, los trabajadores mantuvieron un paro de 34 días en protesta por sus condiciones laborales y salariales. Durante la movilización, denunciaron que el sistema judicial de la capital estaba “al borde del colapso” tras años de “rezago, simulación e improvisación”.
Durante su gestión, Guerra eliminó 24 juzgados civiles y 12 familiares de proceso escrito para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para la magistrada Rosalba Guerrero, la transición fue precipitada: “Teníamos hasta abril de 2027 para ponerlo en funcionamiento. Nos adelantamos sin una planeación adecuada y eso detonó el paro, porque el personal vio aumentada su carga de trabajo sin ninguna mejora salarial”.
Celia Marín coincide y responsabiliza directamente al presidente del Tribunal: “Guerra maneja todo: administración, recursos, jurisdicción… Él generó este caos”. Ambas subrayan que la situación se agravó con la desaparición de 36 juzgados, lo que profundizó el rezago histórico del TSJ.
Marín también señala la persistencia de estructuras discriminatorias dentro de la institución: “Este tribunal es el último bastión patriarcal. Ese patriarcado atraviesa todos los niveles, desde el personal hasta las sentencias. La presidencia no reconoce la urgencia de avanzar en igualdad y paridad; al contrario, lo permite y lo reproduce”.
El poder que ha acumulado Rafael Guerra dentro del Tribunal es conocido. Aunque debía concluir su mandato el 1 de septiembre, logró que el Congreso local lo prorrogara hasta finales del año para permitirle buscar nuevamente la presidencia. También intentó competir por un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero quedó fuera al no alcanzar el promedio académico requerido.
Después de ese revés, se llevó a cabo una maniobra —respaldada por Gerardo Fernández Noroña en el Senado— para que su esposa, Verónica de Gyves, entonces integrante del Consejo de la Judicatura Federal y sin postulación previa, fuera incorporada directamente a la lista de aspirantes al Tribunal de Disciplina. De Gyves, junto con Celia Maya y Bernardo Bátiz, apareció en las guías de votación distribuidas por Morena y hoy forma parte del órgano responsable de supervisar al Poder Judicial.
