El Derecho no suele avanzar de manera aislada; lo hace tensionando sus propias fronteras. El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es un ejemplo claro de ello. Desde el 1 de enero de este año, la exigencia del certificado de no inscripción dejó de ser un elemento accesorio para convertirse en un requisito con efectos tangibles en la práctica notarial, registral y administrativa.
Hoy, el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ya no es un asunto circunscrito al ámbito familiar o jurisdiccional. Se ha convertido en una condición que incide directamente en la posibilidad de celebrar actos jurídicos relevantes. La transmisión de bienes, la constitución de sociedades o incluso determinados trámites administrativos comienzan a verse condicionados por este nuevo filtro normativo. El mensaje es claro: la responsabilidad alimentaria trasciende lo privado y se inserta en el tráfico jurídico.
Desde la perspectiva de política pública, la lógica es difícilmente cuestionable. Se busca visibilizar el incumplimiento y generar incentivos reales para garantizar el interés superior de la niñez. Sin embargo, como ocurre en todo rediseño normativo que amplía sus efectos, el verdadero punto de análisis no está en el fin, sino en los medios.
El debate jurídico se ubica, inevitablemente, en el terreno constitucional. Cuando la inscripción en el RNOA se traduce en restricciones para obtener documentos, formalizar actos o ejercer actividades económicas, surge una interrogante legítima: ¿estamos frente a una medida proporcional o ante una limitación excesiva de derechos fundamentales? La línea que separa la regulación legítima de la afectación desproporcionada es, en este caso, particularmente delgada.
El test de proporcionalidad se vuelve entonces el instrumento indispensable para analizar estas medidas. ¿Es el RNOA idóneo para alcanzar el fin que persigue? Probablemente sí. ¿Es necesario en los términos en que está siendo aplicado? Esa es una cuestión que comienza a abrirse al debate. ¿Es proporcional en sentido estricto cuando sus efectos impactan derechos como el libre tránsito o el ejercicio de actividades económicas? Ahí es donde la discusión adquiere mayor densidad.
No resulta lejano pensar que en los próximos meses el Poder Judicial de la Federación comience a recibir juicios de amparo que cuestionen aplicaciones concretas del registro. La discusión no girará en torno a la legitimidad del objetivo —proteger a niñas, niños y adolescentes—, sino en torno a la constitucionalidad de los mecanismos utilizados para alcanzarlo. La experiencia comparada es consistente: cuando el Derecho de familia se proyecta como herramienta de presión estructural, el control constitucional se activa como contrapeso.
Para quienes ejercemos la función notarial y participamos en la operación cotidiana del Derecho, este escenario no es teórico. Implica ajustar protocolos, fortalecer la debida diligencia y, sobre todo, informar con claridad a los usuarios sobre los alcances de este nuevo requisito. Pero también exige anticipar escenarios litigiosos, evaluar riesgos y comprender que la función notarial no solo da forma a los actos jurídicos, sino que también opera como un primer filtro de constitucionalidad práctica.
El RNOA no es únicamente una herramienta administrativa; es un reflejo de cómo el Estado está redefiniendo la relación entre lo privado y lo público. Y cuando esa redefinición toca el núcleo de los derechos fundamentales, la intervención del foro constitucional no es una posibilidad remota, sino una consecuencia natural del propio sistema jurídico.
El notario veracruzano Israel Ramos Mange, titular de la Notaría Pública número 59 con sede en Alvarado, es doctor en Derecho por El Colegio de Veracruz, donde obtuvo mención honorífica por su investigación “Innovaciones en el derecho de familia y la función notarial”. Egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, cuenta además con dos maestrías: una en Derecho Fiscal y Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid y otra en Derecho Notarial por El Colegio de Veracruz. Con más de una década de ejercicio como fedatario, ha brindado asesoría y certeza jurídica a empresas, grupos corporativos, organismos federales y estatales, así como a particulares, consolidando una trayectoria académica y profesional que articula innovación jurídica, rigor técnico y compromiso institucional.
