Imagen sólo ilustrativa
La reforma electoral prometida por Claudia Sheinbaum avanza con dificultad y amenaza con naufragar antes de llegar al Congreso. Los principales obstáculos no están en la oposición, sino dentro de la propia coalición gobernante. El Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados indispensables de Morena, han condicionado su respaldo a cambios que diluyen los ejes centrales del proyecto presidencial, según un análisis del diario El País, de España.
La reducción del financiamiento público a los partidos y la eliminación de los legisladores plurinominales —los dos pilares del discurso presidencial— son también los puntos de mayor conflicto. Hasta ahora, la reforma existe más como narrativa política que como iniciativa concreta, mientras los aliados negocian su contenido en función de las elecciones intermedias de 2027, cuyo proceso comienza en enero. En privado, legisladores reconocen que el proyecto está virtualmente detenido.
El dilema para Morena es claro: cumplir la palabra presidencial o preservar la estabilidad de la alianza. Las opciones se reducen a tres. La primera es postergar la reforma indefinidamente y evitar el desgaste. La segunda, presentar una iniciativa descafeinada, sin recortes al financiamiento ni desaparición de plurinominales, o con ajustes meramente simbólicos. La tercera, mucho menos probable, es escalar el debate y presionar desde la opinión pública para forzar a los aliados a respaldar cambios que afectan directamente sus intereses.
Ante ese escenario, el oficialismo explora una salida alterna: desplazar el foco de la discusión. La idea es construir una reforma electoral más amplia, con énfasis en temas menos explosivos. En los borradores que circulan se plantea, por ejemplo, limitar el financiamiento público de los partidos únicamente a los procesos electorales y eliminar la representación proporcional solo en el Senado, manteniendo intactas las 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.
Al mismo tiempo, el círculo más cercano a la presidenta busca incorporar otros temas de alto impacto político, como la eliminación del fuero constitucional, una reconfiguración profunda del Congreso, cambios en la Auditoría Superior de la Federación y la creación de un nuevo sistema nacional anticorrupción tras la desaparición del INAI. Se trata de una agenda ambiciosa, pero con escasas posibilidades de consenso.
La reforma electoral está llamada a ser uno de los temas centrales del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero de 2026. Junto a ella se discutirían la modificación de la fecha de la revocación de mandato para empatarla con las elecciones de 2027 y la eliminación del fuero. Sin embargo, tanto aliados como oposición han adelantado su rechazo a al menos dos de estos puntos.
Dentro del oficialismo crece la percepción de que insistir en la reforma representa un costo político innecesario para Sheinbaum, en un contexto marcado por la disputa interna por candidaturas y la cercanía del ciclo electoral. En el Partido Verde dan por hecho que la iniciativa no prosperará y que, en el mejor de los casos, el debate se congelará.
“No hay certeza de que existan los votos”, reconocen legisladores involucrados en el análisis. Para algunos aliados, la reforma nació sin viabilidad real. Para otros, el mayor riesgo es que la presidenta quede expuesta, una vez más, a la capacidad de sus socios para modificar o frenar su agenda, como ya ocurrió con la reforma contra el nepotismo, cuya entrada en vigor fue postergada hasta 2030.
Con enero a la vuelta de la esquina, la decisión sigue abierta: avanzar con una propuesta diluida, asumir una derrota legislativa o guardar la reforma en el cajón. En Morena, cada vez más voces se inclinan por evitar el choque y concentrar el capital político del gobierno en áreas consideradas prioritarias, como la economía y la seguridad.
