Artículo de análisis constitucional

José Manuel de Alba de Alba

Magistrado en retiro forzado

México no está frente a un golpe de Estado ni ante una ruptura abierta del orden constitucional. El peligro es más profundo y, por ello, más difícil de advertir: la utilización sistemática de la legalidad para vaciar de contenido a la democracia. Las democracias contemporáneas no suelen morir por la fuerza; mueren lentamente, por asfixia jurídica, cuando las reglas que debían limitar al poder son transformadas en instrumentos para perpetuarlo.

La reforma electoral impulsada por Morena debe analizarse desde esta perspectiva. No es una reforma técnica ni administrativa. Es una reforma estructural que incide directamente en las condiciones de competencia política y en la posibilidad real de alternancia en el poder. La pregunta constitucional es inevitable: ¿puede una mayoría aplastante, desde la posición del más fuerte y sin consenso alguno, rediseñar las reglas del juego político para impedir en los hechos que la oposición gane elecciones y seguir llamando a ese sistema democracia?

Uno de los errores más graves del debate público consiste en confundir legalidad con legitimidad democrática. No todo lo que se aprueba conforme al procedimiento constitucional es compatible con la democracia constitucional. La historia demuestra que los regímenes autoritarios modernos no necesitan abolir la Constitución; les basta con colonizarla. Reformas legales, cambios electorales, control de árbitros, debilitamiento de contrapesos y elecciones periódicas pueden coexistir perfectamente con un régimen donde el poder nunca cambia de manos.

En una democracia constitucional, la mayoría gobierna, pero no es dueña del sistema. El poder de reforma constitucional, aun cuando cuente con los votos necesarios, no es ilimitado. Existen límites materiales implícitos que protegen la esencia del orden democrático: el pluralismo político, la igualdad en la contienda, la independencia de los árbitros y, sobre todo, la alternancia como posibilidad real. Cuando una mayoría utiliza su fuerza para rediseñar las reglas con el fin de no perder el poder, deja de competir y comienza a administrar su permanencia. Ese es el tránsito clásico hacia la dictadura de las mayorías.

El modelo venezolano es un espejo incómodo pero ilustrativo. Bajo Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, Venezuela no dejó de votar ni de reformar su Constitución. Todo se hizo conforme a la legalidad formal. Lo único que desapareció fue la competencia real. Las elecciones se convirtieron en rituales vacíos, los árbitros en extensiones del poder y la oposición en un actor tolerado pero estructuralmente impotente. El resultado fue un régimen legal en la forma y autoritario en la sustancia.

Uno de los argumentos más peligrosos en este proceso es la invocación indiscriminada del principio de autodeterminación de los pueblos. Este principio nació para proteger a las sociedades frente a la imposición externa, no para justificar la supresión interna de derechos. Cuando se utiliza para legitimar reformas que destruyen el pluralismo y cancelan la alternancia, la autodeterminación se pervierte y se convierte en una coartada autoritaria.

Llevada a sus últimas consecuencias, la lógica de una mayoría sin límites conduce al absurdo constitucional. Con una mayoría aplastante capaz de reformar la Constitución, teóricamente podría aprobarse incluso una reforma que suprima el derecho al voto de las mujeres. Dicha reforma podría defenderse como una expresión de la voluntad popular y de la autodeterminación del pueblo, aprobada conforme al procedimiento constitucional y, por tanto, formalmente válida. Sin embargo, sería materialmente incompatible con cualquier noción sustantiva de democracia y derechos humanos. El ejemplo no es retórico: demuestra que, si se acepta que todo puede reformarse, entonces ningún derecho está verdaderamente protegido.

Ese es el verdadero problema de la reforma electoral en curso. No se trata únicamente de las reglas específicas que hoy se modifican, sino del precedente que se establece. Reformar desde una mayoría aplastante, sin consenso, debilitando árbitros y reduciendo las posibilidades reales de alternancia, transforma al sistema electoral en un mecanismo de permanencia en el poder. La oposición puede existir, pero no puede ganar. Y cuando eso ocurre, la democracia sobrevive solo como fachada.

La contradicción internacional es evidente. México ha sostenido frente a Venezuela que los pueblos deben resolver sus conflictos por la vía electoral y sin intervención externa. Ese discurso pierde toda coherencia cuando, en el plano interno, se erosionan deliberadamente las condiciones que hacen posible elecciones auténticas. No puede exigirse democracia fuera mientras se desmonta dentro.

México enfrenta hoy un punto de inflexión histórico. La reforma electoral presentada por la presidenta de la República no es un ajuste menor: es un salto al vacío. El peligro no es la ilegalidad abierta, sino una legalidad sin frenos, una legalidad utilizada para cerrar el sistema desde dentro. Cuando la Constitución deja de ser límite y se convierte en herramienta del más fuerte, la alternancia muere y con ella muere la democracia, aunque conserve su nombre.

Las dictaduras de las mayorías no se corrigen en las urnas, porque ellas mismas se encargan de clausurar las puertas por las que llegaron. Ignorar esta advertencia no es un error político; es una irresponsabilidad constitucional y generacional.