Lic. Roberto Pablo Mercado Zamora
La reforma al artículo 127 constitucional de abril de 2026, establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos puede superar la mitad del salario neto de quien ocupe la Presidencia de la República, dicen que pone fin a los privilegios de los trabajadores de confianza de las empresas productivas del estado como PEMEX y CFE, el tope es de alrededor de los $67,000 pesos.
Surgen cientos de preguntas con relación a esta reforma, desde lo jurídico, lo político, lo económico, lo social, etc.
En lo jurídico, la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley; en lo político la famosa austeridad y la supremacía del “presidente” de la república sobre el resto de los gobernados; en lo económico, el daño al patrimonio y la estabilidad de la economía familiar de los pensionados y la economía de los lugares en los que residen; en lo social, en el impacto en la calidad de vida de los pensionados y sus familias, estrés y conflicto familiar, división social; hoy los pensionados se organizan para combatir lo injusto de dicha reforma.
La reducción del ingreso familiar generará dificultades para muchas familias, especialmente quienes tienen deudas existentes con bancos o instituciones de crédito, porque afecta ingresos consolidados que muchas familias ya habían incorporado a su presupuesto familiar a largo plazo, debiendo buscar renegociar sus créditos con los bancos de inmediato.
La reforma al artículo 127 constitucional constituye una medida regresiva en materia de seguridad social que genera inseguridad jurídica y que tendrá un impacto en la economía de miles de familias y también representa un riesgo en la oferta y demanda laboral del sector público, en fuga de talento y capital humano y en un detrimento del patrimonio y la estabilidad económica de los pensionados y sus familias.
Hoy solo nos queda la defensa de los derechos de nuestras familias de PEMEX y CFE.
