
Juan José Sierra Álvarez. Foto de archivo. Zeta.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por legisladores de Morena y sus aliados, tendrá un impacto negativo en la inversión y la confianza empresarial en México.
“La inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona cuando la ley deja de ofrecer certeza y legalidad”, señaló el organismo en un comunicado emitido este miércoles.
La Coparmex, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, afirmó que esta reforma envía un mensaje preocupante a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, al evidenciar que las reglas pueden modificarse sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser un recurso confiable.
La organización subrayó que esta reforma no debe analizarse de forma aislada, ya que forma parte de una serie de cambios judiciales y electorales orientados a concentrar el poder, debilitar la independencia del Poder Judicial y poner en riesgo la división de poderes.
“En un momento en que México busca aprovechar las oportunidades del T-MEC y del nearshoring, esta reforma representa un retroceso en términos de competitividad al debilitar la certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho”, indicó.
Se debilita un pilar del Estado de Derecho
Coparmex sostuvo que, lejos de fortalecer el marco legal, la reforma a la Ley de Amparo debilita uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en México.
Alertó sobre la reincorporación de la cláusula retroactiva, la cual representa una amenaza para los juicios en curso, además de mantener restricciones que limitan el acceso a la justicia, reducen el control judicial sobre los actos de autoridad y afectan la seguridad jurídica tanto de personas como de empresas.
Uno de los aspectos más preocupantes, señaló, es la restricción a la suspensión del acto reclamado, incluso en temas fiscales. Esto significa que una empresa podría sufrir embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas bancarias antes de que un juez determine si la autoridad actuó conforme a derecho.
En la práctica, esto elimina la posibilidad de que los contribuyentes se protejan frente a actos arbitrarios o desproporcionados, lo cual compromete la liquidez y la operación continua de muchas empresas.
Saturación de tribunales y desigualdad en el acceso a la justicia
La Coparmex también advirtió que, al exigir que cada persona o empresa promueva su propio amparo, se incrementarán los costos legales y se saturarán los tribunales, generando un sistema desigual donde las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentarán mayores obstáculos frente a quienes tienen recursos para sostener procesos largos y costosos.
Asimismo, criticó la nueva definición de “interés legítimo”, por considerarla más restrictiva, ya que limita la defensa de derechos colectivos y restringe la participación de asociaciones, cámaras empresariales o colegios en la representación de causas comunes.
Finalmente, señaló que, bajo esta reforma, si una norma afecta a toda la sociedad, solo quienes interpongan amparos individuales podrán recibir protección judicial, dejando abierta la posibilidad de que se mantengan en vigor disposiciones inconstitucionales que afecten a la mayoría de la población.


