Comunicado 21 / 2026
*Normatividad debe sujetarse estrictamente a los marcos constitucionales sin invadir facultades de contrapeso ni someter el libre ejercicio periodístico
*Pretender dictar o limitar el ejercicio de los medios de comunicación violenta el artículo 6° constitucional y atenta contra los pilares de la democracia
Ciudad de México, 28 de julio de 2026. – A propósito de los recientes anuncios sobre la puesta a consulta de nuevos lineamientos dirigidos a regular los derechos de las audiencias en radio y televisión por parte del Ejecutivo Federal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) hace un llamado urgente a respetar los derechos fundamentales.
Las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el libre derecho a la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y difusión.
Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley. Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público.
Durante décadas, los contrapesos constitucionales e institucionales han garantizado que el ejercicio periodístico y de transmisión de pensamientos no quede al arbitrio o fiscalización del poder en turno. Frente a ello, intentar normar o constreñir las libertades de los medios de comunicación fractura el principio democrático, puesto que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes.
Existe una profunda inconsistencia argumentativa e institucional. Si la Constitución establece con claridad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pretender establecer marcos de control sobre las emisiones periodísticas y de análisis vulnera el espíritu garantista del Estado de Derecho.
