Observatorio Constitucional
José Ramón González Chávez
El grupo político en el gobierno encabezado formalmente por el Ejecutivo Federal sigue insistiendo en un capricho que ha venido impulsando desde hace años el gobernante anterior, consistente en eliminar a los legisladores plurinominales de ambas cámaras del Congreso de la Unión, bajo “argumentos” o mejor dicho pretextos verdaderamente insostenibles con el fin de tener el control hegemónico del legislativo. Expondremos a continuación solo algunos de ellos:
1. “Hay que eliminarlos porque son muchos”. Un criterio generalmente aceptado en todo sistema democrático y representativo e incluso aceptado por el constituyente mexicano a lo largo de su historia hasta la reforma electoral de 1977, es que el número de legisladores debe estar de acuerdo la población. De tal suerte, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la de Querétaro de 1917 con sus reformas se estableció el número de habitantes que debía representar un diputado, fluctuando en cantidad menor o mayor según cada ordenamiento fundamental. Lo sustancial en todo caso es que ha hasta la última que habla del tema (1974) definiendo un diputado por cada 250 mil habitantes ha prevalecido el criterio de que haya un legislador por cierto numero de habitantes, lo que da sentido y legitima el principio de representatividad, que es uno de los rasgos fundamentales del Estado. Vale mencionar que en muchos países con un grado de avance democrático importante el número de legisladores por miles de habitantes proporcionalmente es mayor que en México, incluso algunos como el Reino Unido este va aumentando conforme aumenta la población.
2. “Hay que eliminarlos porque salen caros”. Esa también es una falacia: nadie puede aducir cuánto es el costo adecuado de la democracia, más aun comparándola con otros gastos de gobierno como el de las obras “emblemáticas” que siguen siendo pozos sin fondo totalmente improductivos. ¿Cuánto cuesta el presupuesto dedicado a la contratación de medios de comunicación a fin de lograr su afinidad al discurso oficial? Más bien habría que preguntarse cual es y será el costo económico, político y social de no tener equilibrio en la representatividad del legislativo.
3. “Hay que eliminarlos porque nadie vota por ellos”. Esa narrativa es una burda mentira: los unis y los pluris se votan en la misma boleta; la lista se encuentra al reverso de la misma, así que al momento en que el ciudadano cruza el recuadro del candidato de su preferencia también lo hace a favor de los candidatos plurinominales del partido correspondiente.
De no existir las diputaciones plurinominales, la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) en la pasada elección federal se hubiera quedado con el 62% de las curules, siendo que en las urnas obtuvo una votación del 44%, mientras que actualmente gracias a la RP con todo y sus aliados y su sobrerrepresentación, llega a poco menos del 48%, es decir, se ubica dentro del rango previsto por la Constitución (-8%) y con lo que realmente pasó en las urnas. Por ello, eliminar la RP significaría despojar de representación en el Legislativo a aproximadamente 60% de los ciudadanos, lo que significaría un terrible retroceso de más de un siglo para la democracia mexicana.
La RP en México, apareció en 1977 en contra del dominio casi absoluto del PRI, pero también para incorporar al trabajo parlamentario a especialistas en diversas materias sustantivas que apoyaran la producción legislativa, dada la falta en muchos casos de conocimiento técnico por parte de los legisladores electos popularmente. Aunque por desgracia al paso del tiempo, esta idea original se fue perdiendo convirtiéndose desde hace algunas décadas en un mecanismo por el que los partidos otorgan cuotas o bien recompensan lealtades, amistades, compadrazgos y compromisos. Esto sin duda debe desaparecer, pero no a costa de dinamitar la RP, lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, más que solución, implicaría al contrario una grave regresión al viejo problema del autoritarismo unipartidista.
La RP debe prevalecer a fin de lograr un equilibrio incluyente y plural de las distintas opciones partidistas en la misma proporción en que éstas han sido votadas y, frente al ejecutivo, constituir un contrapeso real ante las decisiones que este tome, que es lo que precisamente el grupo en el gobierno no quiere.
