Con información de El Universal
Miami.— La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en México, ocurrida la madrugada del 15 de octubre, ha generado preocupación en Estados Unidos. La reforma endurece los requisitos para acceder a este mecanismo de protección constitucional, lo que ha despertado inquietudes tanto diplomáticas como económicas.
El momento en que se impulsa esta reforma resulta especialmente delicado, considerando que en 2026 está prevista la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las fricciones que podrían derivarse por los cambios en el amparo amenazan con incorporarse a la agenda bilateral. Fuentes del gobierno estadounidense ya han señalado que estas preocupaciones serán planteadas por la vía diplomática y en los foros comerciales correspondientes.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha manifestado su expectativa de que México garantice un entorno favorable a la inversión. Durante un foro celebrado en septiembre, su presidenta, Susan Clark, advirtió que el éxito de la relación económica bilateral depende de la certeza jurídica.
“México y Estados Unidos deben reafirmar sin reservas los valores compartidos de libre empresa, Estado de derecho y democracia que han sustentado nuestra prosperidad mutua”, subrayó. Añadió que defender esos principios no solo es una cuestión de convicción, sino también de buena política.
Para la US Chamber, la reforma al amparo no es un simple ajuste técnico: representa una amenaza directa a la confianza empresarial. Por ello, el organismo ha expresado su disposición a entablar un diálogo de alto nivel con las autoridades mexicanas para replantear la medida.
En México, la American Chamber of Commerce (AmCham), que representa a más de 1,400 empresas de capital estadounidense en el país, también expresó públicamente su desacuerdo. En un pronunciamiento, la AmCham advirtió que la reforma compromete la certidumbre jurídica y la independencia judicial, elementos que considera esenciales para continuar invirtiendo en México.
“Como empresas con décadas de inversión y generación de empleos en México, vemos riesgos en la independencia del Poder Judicial… aumento de costos, menor efectividad del sistema judicial y mayor incertidumbre para la inversión”, alertó la AmCham.
El sector empresarial binacional también recordó los compromisos internacionales adquiridos por México en el marco del T-MEC. Por ejemplo, el Anexo 23-A establece la obligación de contar con tribunales laborales independientes, y el Capítulo 31 consagra mecanismos de solución de controversias comerciales.
“El temor es que la reforma al amparo debilite estas garantías, afectando la capacidad de las empresas para defender sus inversiones”, explicó el economista Iván Jiménez a EL UNIVERSAL. La AmCham añadió que el consenso de preocupación entre diversos actores no es casualidad, sino reflejo de experiencias compartidas. Hizo un llamado a las autoridades mexicanas a escuchar las alertas y “evaluar cuidadosamente las consecuencias antes de implementar por completo la reforma”, aunque ese llamado no encontró eco en el gobierno, afirmó Jiménez.
La calificadora Fitch Ratings también expresó su preocupación. En un análisis, indicó que la reforma podría incrementar el riesgo regulatorio en México, al limitar la facultad de los jueces para suspender actos administrativos y restringir las vías de defensa legal. Esto impactaría a diversos sectores económicos, reduciendo la previsibilidad para las empresas que operan bajo permisos y concesiones del Estado. Incluso anticipó posibles repercusiones negativas en la calificación crediticia de algunas compañías, como reflejo del aumento en la incertidumbre jurídica.
Ante estas críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las advertencias: “Están equivocados. Habría que explicarles. Vamos a pedir al secretario de Hacienda [Édgar Amador] que invite al ministro a reunirse con las calificadoras para aclarar que no hay ningún problema para la inversión”.
La reforma a la Ley de Amparo se suma a otras modificaciones impulsadas por el gobierno que también han generado inquietud en Estados Unidos. Meses atrás, un grupo de legisladores demócratas y republicanos presentó la resolución H.Res.454 en la Cámara de Representantes, expresando “profunda preocupación” por las reformas judiciales promovidas en México. La resolución advierte que estos cambios podrían tener efectos negativos duraderos sobre las instituciones democráticas mexicanas y vulnerar compromisos del T-MEC, afectando intereses económicos y de seguridad compartidos.
“El Congreso de EE. UU. ve con preocupación cómo la erosión de contrapesos legales en México puede debilitar la integración económica alcanzada con el tratado de libre comercio”, explicó Jiménez.
Líderes de este esfuerzo bipartidista han sido especialmente críticos. La congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, declaró a este diario que “las reformas propuestas por el actual gobierno —de Morena— amenazan con devolver a México a los tiempos del partido único”. Insistió en la necesidad de defender la independencia del Poder Judicial mexicano frente a lo que consideró ataques populistas.
Por su parte, el congresista Greg Stanton, representante de Arizona, alertó que la reforma judicial en México pone en riesgo los intereses económicos y de seguridad compartidos, por posibles violaciones al T-MEC. Stanton lidera un grupo bipartidista enfocado en la relación con México y ha advertido que cambios de esta magnitud pueden minar años de cooperación en comercio y combate al crimen transnacional. Su posición refleja la preocupación de muchos en Washington: “Un Poder Judicial debilitado hace de México un socio menos confiable, tanto en lo económico como en lo estratégico”.
La diplomacia estadounidense también ha manifestado sus reservas. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, subrayó ante el Congreso que “la transparencia judicial es clave para todos los inversionistas, especialmente los de Estados Unidos y Canadá como socios del T-MEC”. Afirmó que EE. UU. insistirá en que se respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera contempladas en el tratado comercial.
Estos comentarios, poco comunes para un funcionario diplomático al referirse a leyes internas de otro país, muestran hasta qué punto la reforma a la Ley de Amparo ha generado alarma en el Departamento de Estado. “Se percibe como una amenaza directa a los derechos de los inversionistas estadounidenses garantizados en acuerdos internacionales”, concluyó Jiménez.
