ALBA YANELI BELLO MARTÍNEZ
Licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana. Maestría en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio. Doctorado en Derecho Civil. Diplomados en Juicio de Amparo y en Derecho Tributario. Jueza de Distrito, en funciones en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito.
Artículo publicado en la edición 49 de revista Jurista
La importancia de la participación ciudadana en la justicia nacional: un viaje a través de la evolución democrática
La participación de las ciudadanas y los ciudadanos es un pilar fundamental en cualquier democracia, y su relevancia se intensifica en momentos cruciales como las elecciones judiciales implementadas para la elección de las y los diferentes operadores jurídicos.
Para comprender la importancia de esta participación, es esencial considerar el viaje evolutivo que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia, donde cada etapa y sociedad ha moldeado su forma de gobierno y su estructura social, de acuerdo con sus ideologías, costumbres y tradiciones.
Desde la independencia de México en 1810, el país ha atravesado un proceso democrático complejo y multifacético. A lo largo de los siglos, hemos sido testigos de transformaciones significativas que han buscado consolidar la democracia, aunque no sin enfrentar retos considerables. Desde los tlatoanis en la época prehispánica, pasando por la conquista y el establecimiento de un México monárquico, hasta llegar al presidencialismo actual, uno de los cambios más significativos en la evolución democrática de México ha sido el reconocimiento del derecho al voto de la mujer, pues este avance no sólo representa un triunfo en la lucha por la igualdad de género, sino que también subraya la importancia de la inclusión en el proceso democrático.
Así, la participación activa de las mujeres en la política y en la elección judicial es esencial para garantizar que las decisiones reflejen la diversidad y las necesidades de toda la población, pero, sobre todo, de este grupo social que históricamente ha sufrido una discriminación sistemática.
Dicho de otro modo, la evolución social en México ha estado marcada por cambios en las estructuras sociales y en las relaciones entre individuos y grupos; cambios que han sido influenciados por el desarrollo de nuevas ideas, avances tecnológicos y la interacción entre diversas culturas. De ahí que se puede afirmar que la participación ciudadana se convierte en un mecanismo indispensable para que las y los ciudadanos ejerzan su voz y su derecho a influir en las decisiones que afectan sus vidas.
En el contexto de las elecciones judiciales, la participación ciudadana se vuelve aún más crucial, toda vez que la elección de las y los jueces y magistrados, entre otros, no sólo impacta en el sistema jurisdiccional, sino que también lo hace en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de impartición de justicia, ya que un sistema jurisdiccional independiente y transparente es fundamental para el estado de derecho y para la protección de los derechos humanos.
En esa medida, la participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos en este proceso puede ayudar a asegurar que se elijan a las y los mejores candidatos, comprometidos con la justicia y la equidad, pues cuando los mexicanos y las mexicanas se involucran en los procesos de elección popular, se convierten a su vez en vigilantes del sistema de impartición de justicia federal, exigiendo transparencia y responsabilidad a quienes ocupan cargos de poder, lo que no sólo se traduce en un fortalecimiento a la democracia, sino que también promueve un sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad.
Ahora, partiendo de la base de que las elecciones judiciales son una realidad que está a la vuelta de la esquina, cobra importancia el hecho de que, si bien existen ciertos retos que no deben perderse de vista (ante la demanda social y la evolución de la población mexicana), también concurrren los siguientes beneficios:
1. Refuerzo de la justicia social. La democracia participativa fomentará la inclusión de todos los sectores de la sociedad en la elección de las personas encargadas de administrar justicia; esto ayuda a asegurar que las personas juzgadoras federales reflejen la diversidad social y cultural del país, y tomen decisiones que sean más representativas de las necesidades de la sociedad.
2. Mayor control sobre el poder judicial. También se promueve un sistema de pesos y contrapesos. Los ciudadanos pueden ayudar a evitar que se nombren personas juzgadoras federales con intereses políticos o privados, protegiendo la independencia judicial, la que radica en la libertad de decisión, sin influencias externas.
3. Mejor selección de jueces: Un proceso más abierto y participativo podría llevar a una selección más idónea de las juezas y los jueces del país, toda vez que, al tener acceso a información sobre las personas candidatas, pueden tomar decisiones informadas y elegir a aquellas con las cualidades y la experiencia necesarias para desempeñar un buen papel en la administración de justicia.
4. Mayor transparencia en los procesos jurisdiccionales. Debido a la participación de la ciudadanía en el proceso de selección, esto podría generar confianza, en virtud de que se pensaría que las personas que están en los cargos de juzgadores y juzgadoras federales fueron electos por ellos y, por ende, representan el mejor perfil para ese puesto; aunado a que, al estar involucrada la sociedad en la elección jurisdiccional, se podría reducir la percepción de corrupción o favoritismo.
5. Aumento en la participación cívica. Las elecciones judiciales en un sistema de democracia participativa pueden despertar el interés de la población por involucrarse más activamente en los asuntos del país. Esto fomenta un mayor compromiso cívico, donde la gente se sienta parte de la toma de decisiones importantes que impactan directamente en su vida cotidiana.
6. Protección a los derechos humanos. Un sistema judicial elegido por el pueblo puede estar más alineado con la protección de los derechos humanos, ya que, debido a la nueva visión jurisdiccional, se entiende que las personas juzgadoras deberán tener una visión social hacia las necesidades y derechos de los ciudadanos.
Por tanto, la democracia participativa en la próxima elección judicial tiene retos y beneficios, que no veremos materializados hasta después de un tiempo, y queda en las personas juzgadoras legitimar esta transición a través de las sentencias y resoluciones que emitan, las que deberán comprender una visión más social, más humana, pero sin desatender los principios básicos que cada procedimiento establece, ya que las implicaciones benéficas de este enfoque van más allá de la simple participación en la elección popular, porque mejora la calidad de la justicia y fomenta una ciudadanía más activa y comprometida.
En conclusión, la participación ciudadana en la elección judicial en México es un reflejo de la evolución democrática del país, pues a medida que avanzamos hacia este importante evento, es fundamental recordar que la participación activa de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres, es esencial para construir un sistema judicial que sea justo, equitativo, paritario y representativo.
