
| E/C.12/MEX/CO/7 | |||
| VERSIÓN PRELIMINAR SIN EDITAR | Distr. general 13 de noviembre de 2026 Original: español Español, francés e inglés únicamente | ||
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México*
- El Comité examinó el séptimo informe periódico [1] en sus sesiones 26ª y 28ª[2], celebradas los días 4 y 5 de noviembre de 2026, y aprobó las presentes observaciones finales en su 30ª sesión, celebrada el 13 de noviembre de 2026.
A. Introducción
- El Comité acoge con beneplácito la presentación del séptimo informe periódico, así como la información adicional presentada en las respuestas a la lista de cuestiones.[3] El Comité agradece el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado Parte y sus respuestas orales.
B. Aspectos positivos
- El Comité acoge con satisfacción las medidas legislativas, institucionales y políticas adoptadas, incluida la reforma constitucional que reduce gradualmente la jornada máxima laboral (2026), el reconocimiento constitucional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público y de la pensión universal para las personas adultas mayores, así como la aprobación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (2024) y la reforma de la legislación minera que prohíbe las concesiones en áreas naturales protegidas (2023). El Comité celebra los avances en la reducción de la pobreza multidimensional.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones
Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y acceso a recursos efectivos
- El Comité observa con preocupación la reforma de los artículos 105 y 107 de la Constitución[4] que excluye del control judicial el estudio de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Igualmente, le preocupan los efectos de las reformas efectuadas a la Ley de Amparo[5] que limitan el interés legítimo y la suspensión de actos para prevenir violaciones de los derechos y exigen demostrar una lesión jurídica individual o colectiva real y diferenciada para la procedencia del amparo, todo lo cual restringe la protección de los derechos del Pacto. Le preocupan asimismo las limitaciones técnicas de la judicatura en la aplicación del Pacto. También observa con preocupación la baja tasa[6] de recursos de amparo constitucional concedidos en relación con los derechos económicos, sociales y culturales y la información sobre la falta de cumplimiento de órdenes judiciales que disponen la protección del medio ambiente, indemnizaciones a poblaciones afectadas por proyectos de minería y del derecho a la salud.
- El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (2018)[7] y recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar a toda persona y comunidad un recurso efectivo, incluido, cuando proceda, un recurso judicial, frente a cualquier violación de los derechos reconocidos en el Pacto, incluidas las derivadas de reformas constitucionales o de sus actos de aplicación;
b) Revise la reforma de la Ley de Amparo para eliminar los criterios que limitan la justiciabilidad de los derechos del Pacto y asegurar el acceso a recursos judiciales y extrajudiciales y, en particular: i) reconozca ampliamente el interés legítimo de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes actúan en defensa de derechos colectivos y difusos de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o personas LGTBIQ+, o en materia ambiental; ii) reconozca a todas las personas indígenas y afrodescendientes la legitimación activa en recursos judiciales en condiciones de igualdad; iii) acepte la procedencia del recurso de amparo para la protección en caso de riesgo de violaciones y iv) asegure la competencia de las autoridades para disponer la suspensión de acciones para prevenir daños irreparables;
c) Cree un mecanismo formal de seguimiento del cumplimiento de las sentencias de amparo relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, con datos desglosados por derecho, y publique anualmente el número de sentencias en la materia cumplidas, pendientes e incumplidas;
d) Tenga presente las observaciones generales núm. 9 (1998) y núm. 27 (2025).
Independencia judicial
- El Comité observa con preocupación los riesgos para la independencia judicial derivados de la elección por voto popular de la totalidad de las personas juzgadoras, de la conclusión anticipada de los mandatos de las personas juzgadoras en funciones y de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas decisiones son definitivas e inatacables. Lamenta no haber recibido información sobre las garantías de debido proceso y los recursos efectivos ofrecidos a las personas juzgadoras cuyos cargos concluyeron, ni sobre la protección de las personas juzgadoras frente a represalias.
- El Comité recomienda al Estado Parte que garantice la imparcialidad y la independencia del poder judicial teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes, en particular los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, asegure a las personas juzgadoras cuyos cargos concluyeron el debido proceso y el acceso a recursos efectivos y las proteja contra toda represalia, en particular cuando conceden amparos u otras medidas de protección de los derechos del Pacto. Asimismo, le recomienda que asegure la capacitación de las y los jueces sobre la naturaleza y la exigibilidad de las obligaciones derivadas del Pacto y sobre la aplicación de la perspectiva de género e intercultural y le remite a su observación general núm. 9 (1998).
Impacto de la delincuencia organizada en los derechos del Pacto
- Preocupan al Comité los efectos de la violencia asociada a la delincuencia organizada en los derechos del Pacto, en particular la interrupción de servicios de salud, incluidos la vacunación y los tratamientos especializados, por los bloqueos al acceso del personal sanitario a algunas comunidades, el cierre de escuelas, la deserción escolar, el desplazamiento forzado y la pérdida del empleo, de bienes y de medios de subsistencia por amenazas y extorsiones. Le preocupa asimismo la falta de información sobre las investigaciones y condenas de servidores públicos por posible colusión con organizaciones delictivas.
- El Comité insta al Estado Parte a que:
a) Adopte mecanismos a nivel local, estatal y federal para identificar riesgos, detener y prevenir los actos de violencia que afectan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos derivados del Pacto, teniendo en cuenta los factores de riesgo como la edad, el sexo, el género, el origen indígena o afrodescendiente, la discapacidad, la situación migratoria o de asilo, la residencia en zonas rurales o remotas o cualquier otro factor de exclusión social;
b) Evalúe, por entidad federativa y municipio, los impactos de la inseguridad y la violencia en los derechos reconocidos en el Pacto, asegurando la participación de la sociedad civil, incluida la participación sistemática de las mujeres y de sus organizaciones;
c) Garantice la continuidad de servicios esenciales en todo el territorio mediante la presencia de autoridades civiles y adopte medidas de protección individual y colectiva para el personal que los presta;
d) Vele por que todas las denuncias de violaciones de los derechos del Pacto, incluidas las derivadas de la connivencia de autoridades con grupos delictivos o de operaciones militares o policiales, se investiguen con prontitud y eficacia, para que los responsables sean llevados ante la justicia y para que las víctimas obtengan una reparación integral.
Institución Nacional de Derechos Humanos
- Preocupan al Comité la información recibida sobre las limitaciones de recursos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su falta de eficacia para cumplir su mandato, incluso respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la percepción de su falta de independencia.
- El Comité recomienda al Estado Parte que tome medidas para garantizar la independencia y la eficacia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), incluso dotándola de recursos suficientes para cumplir eficazmente su mandato.
Personas defensoras de los derechos humanos
- Preocupan al Comité las amenazas, la intimidación, los asesinatos, las desapariciones y la criminalización de las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de la tierra, el territorio y el medio ambiente y de los Pueblos Indígenas. También le preocupa que el mecanismo de protección excluya a las personas sindicalistas y que las medidas de protección sean predominantemente individuales. Observa asimismo la falta de información sobre las investigaciones y las sanciones penales por las agresiones en su contra.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Reconozca la labor legítima de las personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, ponga fin a su criminalización y a las represalias y fortalezca la prevención de la intimidación y la violencia, incluidos los asesinatos y las desapariciones, contra líderes indígenas, periodistas, personas defensoras medioambientales, del territorio indígena, personas LGBTIQ+ y personas buscadoras de personas desaparecidas;
b) Garantice la eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante una evaluación independiente, medidas de protección colectiva con enfoque étnico, territorial y de género, la inclusión de las personas defensoras sindicales y de las personas buscadoras, y recursos suficientes en los tres órdenes de gobierno;
c) Investigue con prontitud todas las agresiones contra las personas defensoras, incluida la autoría intelectual, sancione a los responsables, garantice una reparación integral a las víctimas y a sus familias y publique anualmente datos sobre las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas.
Derechos de los Pueblos Indígenas y afromexicanos
- Preocupa al Comité la ausencia, hasta la fecha, de legislación reglamentaria sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de Pueblos Indígenas y afromexicanos. Le preocupan asimismo los escasos avances en la titulación de tierras de los Pueblos Indígenas y afromexicanos, que limitan la restitución en casos de desplazamiento y desalojo, y el subregistro en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de pueblos que han sido previamente reconocidos, como en el caso de la comunidad Triqui de San Luis Potosí.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Garantice el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas reconocido en el artículo 2 de la Constitución, incluso en las constituciones de las entidades federativas, la legislación y las políticas públicas, incluido su derecho a recibir y administrar recursos públicos en ejercicio de su derecho a la autonomía y al autogobierno, en concordancia con el artículo 1 del Pacto y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular sus artículos 3, 4 y 5, incluso mediante el reconocimiento de municipios indígenas;
b) Garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas y afromexicanos, incluidos aquellos en contextos urbanos, de desplazamiento y migración;
c) Revise, con la participación amplia de los Pueblos Indígenas y afromexicanos, los criterios del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas y tenga en cuenta para la inscripción las acreditaciones municipales y estatales;
d) Adopte una estrategia con objetivos a mediano y largo plazo para acelerar la titulación de tierras de conformidad con el derecho de los Pueblos Indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos naturales;
e) Tenga presente las observaciones generales núm. 21 (2009), en particular sus párrafos 36 y 37, y núm. 26 (2022).
Consulta y consentimiento libre, previo e informado
- El Comité reitera su preocupación[8] por el carácter no vinculante de los protocolos de actuación sobre la consulta previa y la ausencia de mecanismos de búsqueda del consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas. En este contexto, le preocupa que, según la información recibida, las consultas sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no hayan aclarado suficientemente si las comunidades podían rechazarla en su conjunto, así como las consultas percibidas como un mero trámite de validación, iniciadas al mismo tiempo que la aprobación de proyectos energéticos, mineros o de infraestructura, o después de esta, la falta de participación en las evaluaciones de impacto, los límites a la participación de las mujeres indígenas y de la niñez, incluso en los proyectos del Plan México 2025-2030, y el incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
- El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (2018)[9], su carta de seguimiento a las recomendaciones de 15 de junio de 2020[10] y recomienda al Estado Parte que:
a) Asegure que las consultas con Pueblos Indígenas y afromexicanos se realicen con la finalidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado, incluido el derecho a prestar o negar el consentimiento frente a cualquier medida susceptible de afectar el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, de conformidad con las normas internacionales, así como la participación de las mujeres indígenas, los niños y los jóvenes, con información culturalmente adaptada y adecuada a la edad y el género;
b) Garantice que la consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se realice con tiempo suficiente y con toda la información pertinente en formatos culturalmente adecuados, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, y siga metodologías de deliberación acordes con los sistemas de decisión de cada pueblo;
c) Realice consultas para obtener el consentimiento respecto de todos los proyectos del Plan México 2025-2030, incluidos los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar;
d) Integre sistemáticamente en las consultas estudios independientes del impacto social, ambiental y en los derechos humanos de los proyectos energéticos, mineros o de infraestructura;
e) Adopte mecanismos formales de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de consulta, incluidas las reparaciones e indemnizaciones por los riesgos identificados y los daños causados.
Megaproyectos, empresas y derechos humanos
- Preocupa al Comité:
a) La falta de un marco legal de debida diligencia en materia de derechos humanos aplicable a los actores no estatales, incluidas las empresas, y el retraso en la adopción de la política nacional sobre empresas y derechos humanos;
b) La información sobre los impactos de megaproyectos de desarrollo, infraestructura e hidrocarburos en el ejercicio de los derechos colectivos, incluido el derecho al uso de territorios y de recursos naturales;
c) La falta de reparaciones efectivas a comunidades, incluidas las comunidades campesinas en el contexto de megaproyectos;
d) El uso de servidumbres de utilidad pública que permite la ocupación de tierras en el marco de proyectos del sector eléctrico;
e) La falta de información sobre las evaluaciones de impacto y las reparaciones relativas al Tren Maya, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los parques eólicos del Istmo; los efectos, según la información recibida, del Tren Maya en el acuífero de la península de Yucatán y sus cenotes; y que la declaración de proyectos como asuntos de seguridad nacional y su administración por entidades de las Fuerzas Armadas restrinjan el acceso a la información, incluidos los estudios de impacto, la rendición de cuentas y los recursos.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte un marco jurídico de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente aplicable a los actores no estatales, incluidas las empresas mixtas, introduzca mecanismos de vigilancia independiente y supedite los incentivos a la inversión al cumplimiento de la debida diligencia y establezca sanciones en caso de incumplimiento;
b) Aplique el principio precautorio en materia ambiental al diseñar políticas de desarrollo económico y medidas para prevenir cualquier interferencia con el derecho de los Pueblos Indígenas a perseguir su desarrollo económico, social y cultural;
c) Garantice el acceso a recursos efectivos y a una reparación integral por parte de las personas y comunidades afectadas en el marco de megaproyectos;
d) Garantice el respeto del acceso a la tierra, su uso y su gestión, así como el control judicial del concepto de utilidad pública en el ámbito de proyectos de infraestructura energética y adopte un marco de protección de la tenencia de la tierra y contra los desalojos forzosos;
e) Vele por que las declaratorias de seguridad nacional no restrinjan el acceso a la información, la consulta ni los recursos judiciales y administrativos efectivos, someta a las entidades administradas por las Fuerzas Armadas a las mismas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y garantice a todas las personas y comunidades afectadas, indígenas o no, el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia, de conformidad con el Acuerdo de Escazú;
f) Tenga presente sus observaciones generales núm. 24 (2017) y núm. 26 (2022) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales[11], en particular sus artículos 2 (5) y 5.
Cambio climático y transición energética
- Preocupa al Comité la información sobre la disminución de recursos destinados al cambio climático en el presupuesto estatal, así como la falta de medidas de transición justa para las personas trabajadoras y las comunidades afectadas por la reducción de la generación a base de carbón y para las comunidades pesqueras afectadas por la degradación de los ecosistemas costeros.
- El Comité recomienda al Estado Parte que destine prioritariamente el presupuesto climático a la adaptación y a la protección de las comunidades más expuestas, adopte medidas de transición justa que incluyan la reconversión profesional y la protección social de las personas trabajadoras afectadas y garantice el acceso de todas las personas a una energía asequible. Le remite a su observación general núm. 27 (2025) y a su declaración sobre el cambio climático y el Pacto (2018).[12]
Máximo de recursos disponibles
- El Comité reconoce que la expansión de los programas sociales ha contribuido a reducir la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, le preocupan:
a) La baja recaudación tributaria, las tasas preferenciales aplicadas a los ingresos de capital y la baja tributación de la propiedad, así como la cláusula transitoria de las reformas sobre derechos humanos que excluye recursos adicionales para su aplicación;
b) La disminución de las asignaciones federales para la niñez, la cultura, la salud, la educación media y el desarrollo agrario en el presupuesto de 2026;
c) La supresión, sin evaluación previa de su impacto en los derechos del Pacto, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
d) La persistencia de la corrupción, incluso en los programas sociales y en la adquisición de medicamentos, y la falta de información sobre las condenas y los montos recuperados.
- El Comité reitera su recomendación anterior (2018)[13] y recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte una reforma tributaria progresiva que grave adecuadamente los ingresos elevados, la riqueza y el capital, fortalezca los impuestos directos, combata la evasión fiscal y revise los gastos fiscales;
b) Garantice los recursos necesarios para aplicar la legislación relativa a los derechos del Pacto, teniendo presente la carta de la Presidencia del Comité sobre las medidas de austeridad;
c) Aumente el presupuesto asignado a la infancia y el gasto público en salud, educación, vivienda social, alimentación, seguridad social, atención a víctimas y demás derechos del Pacto;
d) Asegure mecanismos de participación y de rendición de cuentas en los procesos de asignación del presupuesto;
e) Vele por que toda medida regresiva esté plenamente justificada en relación con la totalidad de los derechos del Pacto y el máximo de los recursos disponibles, sea necesaria, proporcionada y no discriminatoria, preserve el contenido mínimo esencial de los derechos y se adopte tras examinar las alternativas y con la participación de las personas afectadas, y evalúe públicamente, en un plazo de dos años, el impacto en los derechos del Pacto de las reformas adoptadas desde 2024;
f) Garantice la evaluación independiente y pública de los programas sociales y de la medición de la pobreza y un órgano de acceso a la información independiente del Poder Ejecutivo;
g) Fortalezca las medidas para combatir la corrupción e investigue, enjuicie y sancione los actos de corrupción, en particular en los programas sociales y la adquisición de medicamentos, recupere los activos desviados, publique datos sobre las investigaciones, las condenas y los montos recuperados, y garantice la reparación de las personas afectadas;
h) Tenga en cuenta la declaración del Comité sobre política tributaria y el Pacto[14], de 2025.
No discriminación
- El Comité reitera su preocupación anterior[15] sobre la falta de armonización legislativa del marco de protección contra todas las formas de discriminación a nivel estatal y federal y le preocupan los recursos limitados del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para cumplir eficazmente su mandato. Le preocupan igualmente la discriminación estructural e interseccional en el acceso a los derechos del Pacto y la insuficiencia de datos desglosados sobre el impacto de las medidas adoptadas.
- El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (2018)[16] y recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte un calendario y mecanismos de coordinación para armonizar la legislación antidiscriminatoria federal y estatal, que reconozca la discriminación directa, indirecta e interseccional y prevea recursos efectivos;
b) Dote al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de las capacidades institucionales y los recursos apropiados para cumplir sus funciones;
c) Refuerce la aplicación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2026-2030, con presupuesto suficiente, para eliminar la discriminación estructural, que incluya medidas especiales de carácter temporal, acciones contra las actitudes que la perpetúan, medidas de sensibilización y medidas contra la incitación a la discriminación y los discursos de odio;
d) Garantice en todas las entidades federativas el reconocimiento de la identidad de género mediante un procedimiento administrativo sencillo;
e) Fortalezca la recopilación de datos desglosados, incluso de manera interseccional, sobre el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, incluyendo en relación con la edad, el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, el origen, la discapacidad y la situación migratoria.
Personas con discapacidad
- Preocupan al Comité los niveles de pobreza y exclusión de las personas con discapacidad, agravados por el lugar de residencia o la pertenencia a Pueblos Indígenas y afromexicanos. También le preocupa que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente esté limitada por criterios de edad, que su monto no cubra los costos adicionales asociados a la discapacidad y el acceso limitado de las personas indígenas con discapacidad a la misma. Le preocupan igualmente la institucionalización derivada de la falta de un sistema de apoyo a la vida independiente en la comunidad, la persistencia de la educación especial segregada y la baja tasa de empleo de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres. Le preocupa asimismo la falta de funcionamiento del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de un programa nacional de discapacidad.
- El Comité recuerda las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[17] (2026) y recomienda al Estado Parte que:
a) Fortalezca la inclusión de las personas con discapacidad en sus estrategias de combate a la pobreza;
b) Extienda la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente a todas las personas con discapacidad sin restricciones de edad y actualice periódicamente su monto para que garantice un nivel de vida adecuado y cubra los costos adicionales asociados a la discapacidad, y difunda información culturalmente adecuada para facilitar el acceso a ella, en particular en las comunidades indígenas;
c) Desarrolle sistemas de apoyo para la vida independiente, la igualdad de oportunidades y la inclusión en la comunidad, incluyendo el acceso asequible a las tecnologías de apoyo, abandonando la institucionalización de las personas por motivos de discapacidad;
d) Reoriente sus recursos hacia la educación inclusiva y de calidad y asegure el acceso al empleo de las personas con discapacidad;
e) Instale el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y adopte un programa nacional de inclusión.
Solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes
- El Comité toma nota del Programa “México te Abraza” dirigido a apoyar a personas retornadas, incluidas quienes han sido deportadas desde los Estados Unidos de América. Sin embargo, preocupa al Comité:
a) La falta de información sobre el acceso a la protección internacional de las personas nacionales de terceros países deportadas hacia México y sobre su situación socioeconómica;
b) Las barreras que enfrentan las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes para acceder al empleo formal, la salud, la educación y los servicios bancarios;
c) El internamiento de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, que restringe su acceso a la educación y la salud y el riesgo de violencia derivado de las condiciones de hacinamiento en dichos centros.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Recopile datos desglosados sobre el alcance del Programa «México te Abraza», realice evaluaciones periódicas con participación de la sociedad civil y garantice a las personas retornadas el acceso a la documentación, el empleo, la vivienda, la salud y la educación de sus hijos e hijas, con apoyo lingüístico, así como el acceso efectivo de las personas nacionales de terceros países deportadas a México a los procedimientos de protección internacional;
b) Adopte medidas legislativas y administrativas, vinculantes también para los prestadores privados de servicios bancarios, educativos y de salud, que garanticen a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, incluidas las personas nacionales de terceros países deportadas a México, el acceso sin discriminación a la salud, la educación, la vivienda, el empleo y los servicios bancarios, adopte medidas de regularización migratoria y considere reformar el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo con miras a eliminar las restricciones indebidas al empleo de personas extranjeras en puestos técnicos y profesionales;
c) Vele por que las niñas, los niños y los adolescentes en el contexto de la migración no sean privados de libertad, incluso en centros de asistencia social, y garantice a todas las niñas, los niños y los adolescentes, independientemente de su situación migratoria, el acceso a la educación, la salud y el apoyo psicosocial;
d) Tenga presente la declaración del Comité sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los migrantes.[18]
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres
- El Comité toma nota de la iniciativa de igualdad sustantiva en materia constitucional y los avances en la participación política de las mujeres. No obstante, observa que las mujeres siguen enfrentando estereotipos, prácticas nocivas y múltiples formas de violencia de género, incluidos el feminicidio, la violencia sexual y las desapariciones, así como discriminación, agravada por factores interseccionales, en la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, la educación, el empleo y los derechos económicos. Le preocupa asimismo que la mayoría de los códigos penales defina la violación por el uso de la fuerza y no por la falta de consentimiento, que el delito de estupro subsista en numerosas entidades federativas, el recurso a la mediación en casos de violencia doméstica y la financiación insuficiente de los refugios y de los Centros de Justicia para las Mujeres.
- El Comité recomienda que el Estado Parte:
a) Refuerce sus acciones para combatir los estereotipos de género en la familia y en la sociedad;
b) Concluya la armonización del tipo penal de feminicidio, publique anualmente datos desglosados sobre las denuncias, los enjuiciamientos y las condenas, y garantice a las víctimas, incluidas las víctimas indirectas de feminicidio y en particular las niñas y niños que pierden a sus madres, atención integral, protección económica y una reparación integral que incluya garantías de no repetición;
c) Adopte medidas especiales de carácter temporal, con enfoque interseccional, para lograr la igualdad sustantiva en la política social, la educación, la salud, el empleo, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico, y fortalezca la participación de las organizaciones de mujeres en las decisiones sobre los recursos y las prioridades del Estado en materia de política social;
d) Armonice los códigos penales de todas las entidades federativas para definir la violación sobre la base de la falta de consentimiento y derogar el delito de estupro, prohíba la mediación en los casos de violencia doméstica y garantice una financiación estable de los refugios y de los Centros de Justicia para las Mujeres.
Derecho al trabajo y sector informal de la economía
- Pese a los bajos niveles de desempleo comunicados, preocupa al Comité la información según la cual un indicador ampliado de subutilización de la fuerza de trabajo, que incluye a la población disponible que no busca activamente empleo, alcanzaría el 10,2 %, frente a una tasa de desocupación del 2,7 %, que el desempleo y el subempleo continúen afectando de manera desproporcionada a las personas indígenas y a las personas con discapacidad, y la falta de información desglosada sobre el desempleo, la calidad del empleo generado y los resultados de los programas de empleo.
- El Comité recomienda al Estado Parte que adopte una estrategia integral de empleo con metas específicas que dé prioridad al empleo formal y estable de los grupos desproporcionadamente expuestos al desempleo, en particular las mujeres, las personas indígenas y las personas con discapacidad y evalúe los resultados de los programas de empleo. Le remite a la observación general núm. 18 (2005), relativa al derecho del trabajo.
- Preocupa al Comité que la informalidad afecte a más de la mitad de la población ocupada, así como la falta de información sobre el impacto de las políticas de formalización, en particular para las mujeres, los jóvenes y las personas migrantes. Le preocupa asimismo que las personas recicladoras de base de Ciudad de México trabajen sin salario ni reconocimiento como trabajadoras y que las personas facilitadoras de programas sociales laboren bajo la figura de becas sin contrato ni medidas de seguridad. Le preocupa además la información recibida sobre decomisos de mercancía y operativos con uso de la fuerza contra las personas comerciantes en el espacio público.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
- Adopte una política nacional de transición a la economía formal, con la participación de las organizaciones de personas trabajadoras de la economía informal con especial atención a las mujeres, los jóvenes, las personas indígenas y las personas migrantes, evalúe su impacto y tenga en cuenta la Recomendación sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, 2015 (núm. 204), de la OIT;
- Adopte medidas legislativas para proteger el derecho al trabajo de las personas en la economía informal y asegure su acceso a la protección social y a oportunidades de integración social, formación y trabajo;
- Abandone el enfoque policial discriminatorio o sesgado frente a las personas trabajadoras informales y precarias y adopte un marco jurídico basado en la igualdad que garantice su acceso inclusivo al espacio público, incluidos espacios designados, un registro formal y salvaguardias contra la confiscación de sus pertenencias.
Sistema de cuidados, acceso de las mujeres al empleo y licencias parentales
- Preocupa al Comité que las mujeres sigan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que constituye una barrera para su acceso al empleo formal y a la protección social y que la reforma constitucional sobre el derecho al cuidado, aprobada por la Cámara de Diputados en 2020, siga pendiente y que no exista un sistema nacional de cuidados con fundamento legal y presupuesto. También le preocupa que las mujeres en la economía informal y las trabajadoras por cuenta propia, quienes representan más de la mitad de las mujeres trabajadoras, carecen de acceso a la licencia de maternidad remunerada. También le preocupa que la licencia de maternidad de doce semanas siga siendo inferior a las normas internacionales del trabajo y esté condicionada a un mínimo de semanas de cotización y que la licencia de paternidad sea de solo cinco días laborales, con excepción del personal del Poder Judicial.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
- Acelere la adopción de la reforma sobre el derecho al cuidado y establezca un sistema nacional de cuidados con fundamento legal de alcance nacional, recursos suficientes y cobertura universal, que incluya sistemas de apoyos para las personas mayores y con discapacidad y amplíe la oferta pública de servicios de cuidado infantil y de larga duración asequibles;
- Garantice que todas las mujeres trabajadoras, incluyendo las mujeres en la economía informal y las trabajadoras por cuenta propia tengan acceso a beneficios por maternidad. Asimismo, que amplíe la licencia de maternidad a un mínimo de catorce semanas de acuerdo con los estándares laborales internacionales, sin condiciones de cotización que restrinjan su acceso;
- Extienda por ley las licencias parentales a todas las personas trabajadoras de los sectores público y privado;
- Considere la posibilidad de ratificar el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) y el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) de la OIT.
Condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
- El Comité acoge con satisfacción los incrementos del salario mínimo. No obstante, le preocupa que la fijación del salario mínimo no incorpore todos los criterios de la legislación internacional del trabajo, y que, según información recibida, unas 278.000 personas del sector público perciban una remuneración inferior al salario mínimo. Le preocupa también que la brecha de ingreso laboral entre mujeres y hombres siga siendo considerable, en particular para las mujeres indígenas y afromexicanas y que las horas extraordinarias puedan alcanzar 12 horas semanales adicionales reduciendo el efecto de la reforma laboral sobre la jornada máxima de trabajo.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Alinee la fijación del salario mínimo con el Convenio núm. 131 de la OIT, con la participación de interlocutores sociales, garantice su cumplimiento en el sector público y dé seguimiento a la evolución real del salario;
b) Aplique el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor mediante métodos objetivos de evaluación de los puestos de trabajo, en particular respecto de las mujeres indígenas y afromexicanas;
c) Garantice una remuneración efectiva por las horas extraordinarias y vele por la aplicación efectiva de la reducción de la jornada laboral;
d) Tenga en cuenta la observación general núm. 23 (2016), relativa al derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
Trabajadoras y trabajadores domésticos
- Le preocupa al Comité las condiciones de las personas trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, muchas de ellas indígenas o migrantes, la baja tasa de afiliación a la seguridad social, la alta proporción que carece de un contrato escrito, la falta de mecanismos de inspección adaptados al trabajo en los hogares, la ausencia de una contraparte para la negociación colectiva y que sigan siendo frecuentemente víctimas de explotación (arts. 7, 8 y 9).
- El Comité recomienda al Estado Parte que se hagan efectivos sin demora los derechos laborales y de seguridad social reconocidos por ley a las personas trabajadoras del hogar, incluido un contrato por escrito, su derecho de asociación sindical, la formalización y la afiliación a la seguridad social y el acceso a mecanismos de denuncia eficaces, a sanciones y a reparaciones.
Inspecciones de trabajo
- Preocupa al Comité el número de accidentes de trabajo registrados cada año, los informes según los cuales algunos centros de las minas de carbón de Coahuila con actividades suspendidas continúan operando, la falta de esquemas de inspección adaptados al trabajo agrícola, del hogar y en plataformas digitales, y la falta de información sobre los recursos de inspección y los mecanismos de denuncia accesibles. Le preocupa asimismo la exposición a la explotación laboral de las personas trabajadoras migrantes en situación irregular. Le preocupa también que el acceso de las personas trabajadoras de plataformas digitales a los derechos laborales y de seguridad social dependa de un umbral de ingreso que solo superan 247.000 de los 1,6 millones de personas registradas y que no se compute el tiempo de conexión.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
- Dote a la inspección del trabajo del mandato y de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para supervisar eficazmente las condiciones de trabajo en todos los sectores, incluidos la minería, el trabajo agrícola, el trabajo del hogar y las plataformas digitales, así como en sectores con alta proporción de personas trabajadoras migrantes y vele por el cumplimiento efectivo de las órdenes de suspensión;
- Establezca mecanismos de denuncia accesibles y seguros para las personas trabajadoras agrícolas y del hogar, incluidas las personas migrantes con independencia de su situación migratoria, vele por que las infracciones sean sancionadas y reparadas;
- Revise el umbral de ingreso aplicable a las personas trabajadoras de plataformas digitales, compute el tiempo de conexión como tiempo de trabajo y garantice la transparencia de los algoritmos que organizan su trabajo.
Derechos sindicales
- El Comité valora el nuevo modelo de justicia laboral derivado de la reforma de 2019. No obstante, le preocupa la baja tasa de sindicalización, la persistencia de despidos por motivos sindicales, que la reforma para sancionar las conductas contrarias a la libertad sindical siga pendiente en el Senado, la exclusión en la práctica del registro sindical de las personas trabajadoras autoempleadas, informales y del hogar, y la escasa presencia de mujeres en la dirección de sindicatos. También le preocupan las restricciones al derecho de huelga de las personas servidoras públicas y a la participación de las personas extranjeras en las directivas sindicales previstas en el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
- Agilice la adopción de la reforma sobre conductas antisindicales, establezca mecanismos de denuncia seguros y confidenciales para las personas trabajadoras y dirigentes sindicales afectadas y prevenga e investigue toda forma de violencia antisindical, incluidos los despidos por motivos sindicales;
- Adopte medidas para fortalecer la sindicalización, garantice los derechos sindicales de las personas trabajadoras autoempleadas, informales, así como de las personas extranjeras, entre otras cosas modificando el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo y promueva el acceso de las mujeres a puestos directivos en los sindicatos;
- Revise las restricciones al derecho de huelga de las personas servidoras públicas para que se ajusten estrictamente al artículo 8, párrafo 2, del Pacto.
Derecho a la seguridad social
- El Comité acoge con satisfacción el reconocimiento constitucional de las pensiones no contributivas para las personas mayores. No obstante, le preocupa:
a) Que el 48,2 % de la población carezca de acceso a la seguridad social, que el sistema siga estrechamente vinculado a la formalidad en el empleo y que la base mínima de cotización de las personas trabajadoras independientes supere los ingresos de muchas de ellas, así como la baja tasa de afiliación de las personas trabajadoras del hogar, la mayoría sin contrato escrito, y su exposición a la explotación, en particular de las mujeres indígenas y trabajadoras migrantes;
b) Que una proporción importante de personas mayores, en su mayoría mujeres, carezca de pensión contributiva debido a trayectorias marcadas por la informalidad y el trabajo de cuidados no remunerado;
c) Que, si bien la reforma del artículo 127 de la Constitución, publicada el 10 de abril de 2026, tiene el objetivo declarado de reducir las desigualdades en las pensiones financiadas con recursos públicos, según la información recibida, aplique el nuevo límite a pensiones ya otorgadas y en curso de pago, así como la falta de información sobre sus efectos en los derechos adquiridos en materia de seguridad social, sobre los estudios actuariales y la evaluación de impacto en los derechos humanos realizados y sobre las alternativas menos restrictivas examinadas.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Establezca un piso de protección social con garantías universales esenciales que integre los regímenes contributivos y no contributivos, y adapte la cotización a los ingresos reales de las personas trabajadoras independientes, del hogar y del campo;
b) Amplíe la cobertura de las pensiones contributivas, en particular para las mujeres y las personas que trabajaron en la economía informal, corrija las desigualdades de pensiones que afectan a las mujeres mayores, incluso reconociendo los periodos dedicados al cuidado, y publique datos desglosados por sexo y entidad federativa sobre la situación de las personas mayores;
c) Vele por que la aplicación del límite a las pensiones ya otorgadas se ajuste a los criterios enunciados en el párrafo 23 e), sobre la base en estudios actuariales públicos, garantice a las personas afectadas la seguridad jurídica y el acceso a recursos efectivos, y asegure que las diferencias de trato entre categorías de pensionistas respondan a criterios objetivos y razonables;
d) Tenga en cuenta la observación general núm. 19 (2007) y la declaración sobre los niveles mínimos de protección social (2015).
Protección de la familia y derechos de la infancia
- Preocupa al Comité:
a) Las múltiples formas de violencia contra la niñez, incluida la violencia de género y el uso de castigos corporales que afecta al 46 % de los niños y niñas de 1 a 4 años;
b) El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos delictivos organizados, la desaparición, la explotación sexual y la trata, sin que se les reconozca como víctimas;
c) La persistencia del matrimonio infantil y las uniones infantiles forzadas o cohabitación forzada, así como uniones libres de adolescentes especialmente en áreas rurales;
d) Las condiciones de la niñez que vive con sus madres privadas de libertad y la situación de las niñas, los niños y los adolescentes separados de su familia por motivos de pobreza e institucionalizados en Centros de Asistencia Social;
e) La persistencia del trabajo infantil.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte una estrategia de largo plazo para promover el derecho a una vida libre de violencia de la infancia, fomentando la crianza positiva y formas de disciplina positivas y no violentas, así como una educación que promueva la comprensión, la tolerancia y la paz;
b) Adopte una política nacional para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, la desaparición, así como la explotación, incluida la explotación sexual y la trata, incluso mediante estrategias de prevención comunitaria, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de la niñez y priorice la investigación y sanción de desapariciones, feminicidios y otros crímenes contra la infancia;
c) Adopte una estrategia de prevención del matrimonio infantil y de las uniones de adolescentes, con medidas de sensibilización con enfoque de género e interseccional que aborden las causas que perpetúan las conductas nocivas contra la niñez;
d) Adopte programas de cuidado de la niñez que vive con sus madres privadas de libertad y garantice alimentación, educación inicial y atención de la salud adecuadas, priorice el cuidado en un entorno familiar de las niñas y los niños privados del cuidado parental, evite su separación de la familia por motivos de pobreza, fortalezca recursos para consolidar un sistema de familias de acogida y supervise las condiciones de los Centros de Asistencia Social;
e) Refuerce la inspección del trabajo infantil, en particular en la agricultura y el trabajo doméstico, y garantice la reintegración de las niñas y los niños afectados en la educación y su inclusión en los sistemas de apoyo comunitario.
Familiares de personas desaparecidas
- Preocupan al Comité los graves efectos sociales y económicos de las desapariciones en las familias, particularmente que:
a) Las mujeres en el contexto de la búsqueda de seres queridos pierdan su empleo y su afiliación a la seguridad social, sus ingresos, su vivienda y su salud, y que sus hijos e hijas abandonen la escuela;
b) Las niñas, niños y adolescentes cuyo padre, madre o cuidador es víctima de desaparición enfrenten deserción escolar, pierdan redes de apoyo, oportunidades de desarrollo y queden expuestos al acoso y a la violencia de manera temprana;
c) El acceso a la atención de la salud de familiares esté supeditado a la acreditación de un nexo causal con la desaparición en entidades federativas como Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato y que el nivel de apoyo varíe según la autoridad competente y la entidad federativa;
d) Se haya eliminado el piso presupuestario asignado a la Ley General de Víctimas y el hecho de que algunas entidades federativas carezcan de un fondo de ayuda.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Garantice a todos los familiares de personas desaparecidas, con independencia de su lugar de residencia, un conjunto común de prestaciones que incluya apoyo a los ingresos, vivienda, atención de la salud física y mental y continuidad educativa de sus hijos e hijas;
b) Garantice a los familiares de personas desaparecidas licencias, protección frente al despido y la continuidad de su afiliación a la seguridad social;
c) Vele por que todas las entidades federativas cuenten con programas de apoyo a los niños, niñas y adolescentes, con componentes individuales, familiares y colectivos basados en las necesidades de las familias, que garanticen la continuidad educativa, el apoyo psicosocial comunitario y la protección contra la violencia;
d) Elimine la exigencia de acreditar un nexo causal para acceder a las prestaciones de salud, e inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a todas las víctimas indirectas que reúnan los criterios legales;
e) Restablezca por ley el mínimo presupuestario irreductible para la atención integral a víctimas y vele por que todas las entidades federativas cuenten con una comisión y un fondo de atención a víctimas dotados de recursos suficientes;
f) Garantice la participación efectiva de las familias en la búsqueda y las investigaciones, así como su acceso a la verdad, la justicia y una reparación integral, incluidas garantías de no repetición, de modo que las prestaciones sociales no sustituyan a la reparación.
Pobreza
- Pese a la reducción de la pobreza registrada en los últimos años, preocupa al Comité que la pobreza siga siendo muy elevada en las entidades federativas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y entre los Pueblos Indígenas y las personas afromexicanas, y que la brecha de acceso a derechos del Pacto entre las niñas y los niños indígenas y no indígenas se haya ampliado. Si bien varias prestaciones sociales tienen rango constitucional desde 2020, le preocupa que algunos programas de transferencias y apoyos sociales no cuenten todavía con garantías legales suficientes de continuidad, accesibilidad y exigibilidad.
- El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca la coordinación de sus iniciativas de reducción de la pobreza, incluyendo su Programa Sectorial de Bienestar 2025-2030, con metas e indicadores desglosados, incluso a nivel estatal, asigne recursos apropiados y dé prioridad a la reducción de las desigualdades en materia de empleo, remuneración y servicios públicos en el Sur y el Sureste del país, especialmente en las zonas rurales, los Pueblos Indígenas, las personas afromexicanas y la infancia, y que garantice la exigibilidad de todos los programas sociales.
Derecho a una alimentación adecuada
- Preocupa al Comité que la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible carezca de reglamentación, la elevada prevalencia del sobrepeso, la obesidad y la diabetes y la persistencia de la desnutrición crónica infantil en las zonas rurales e indígenas. Le preocupan igualmente los mayores riesgos para el derecho a la alimentación de las personas detenidas, desplazadas internas, migrantes y mayores y de los hogares desfavorecidos, así como el aumento de los precios de los alimentos y la desigualdad de ingresos, que limitan el acceso a una alimentación nutritiva.
- El Comité recomienda al Estado Parte que expida sin demora el reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, garantice el acceso a una alimentación equilibrada para hacer frente al sobrepeso y la diabetes, priorice la reducción de la desnutrición crónica infantil, proteja los agroecosistemas tradicionales, adopte medidas para proteger el precio de los alimentos esenciales y vigile la calidad y la disponibilidad de alimentos saludables para las personas en situación de detención.
Derecho a la vivienda
- El Comité toma nota del Programa de Vivienda para el Bienestar con la meta de construir 1,8 millones de viviendas en el sexenio. No obstante, le preocupan el rezago habitacional de 8,3 millones de viviendas y la falta de vivienda asequible para los hogares de menores ingresos. Asimismo, le preocupa que la producción social del hábitat, incluida la autoconstrucción, carezca de recursos suficientes para la asistencia técnica, el financiamiento y el acceso al suelo, así como el nivel de endeudamiento de los hogares en el marco de desarrollos habitacionales de gran escala. Le preocupa también la falta de información sobre los desalojos forzosos y las medidas para prevenirlos y reparar a las personas afectadas.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Priorice el desarrollo de vivienda asequible en las entidades con mayor déficit habitacional, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz;
b) Fortalezca el marco jurídico de la vivienda social, incluidas las cooperativas, aumente los recursos técnicos, humanos y financieros para la producción social del hábitat y el financiamiento no comercial y refuerce la acción del Instituto Nacional del Suelo Sustentable para promover y regularizar el acceso al suelo con ese fin;
c) Regule el acceso y las condiciones de los créditos para la vivienda, incluidos las tasas de interés y los sobrecostos, a fin de prevenir el endeudamiento prolongado de los hogares;
d) Vigile la situación de la vivienda y rinda cuentas periódicamente sobre la aplicación de sus políticas y planes;
e) Adopte, de manera participativa con asociaciones de usuarios de vivienda, un marco normativo para prevenir desalojos forzosos y disponer el acceso a recursos judiciales efectivos para las personas que han sido desalojadas forzosamente y compensaciones o acceso a la vivienda alternativa y mecanismos de vigilancia y recopilación de datos sobre desalojos;
f) Tenga presente las observaciones generales núm. 4 (1991) y núm. 7 (1997).
- Preocupa al Comité el desplazamiento forzado de personas como consecuencia de la violencia, los conflictos territoriales y los megaproyectos, que afecta en particular a los Pueblos Indígenas. Le preocupa la falta de una ley general sobre el desplazamiento forzado interno y que la pérdida de viviendas, tierras y medios de subsistencia carezca de respuesta y reparación en los programas locales de atención a las familias.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Adopte una ley general sobre el desplazamiento forzado interno y un registro nacional de personas y comunidades desplazadas;
b) Identifique y aplique medidas para el retorno digno y seguro de las personas a sus lugares de origen;
c) Garantice a las personas desplazadas el acceso a la vivienda y los servicios básicos y la restitución de sus tierras, viviendas y medios de subsistencia y medidas de reparación integral, incluyendo indemnizaciones.
Derecho al agua y saneamiento
- El Comité acoge con beneplácito la adopción de la Ley General de Aguas en diciembre de 2025. No obstante, preocupa al Comité:
a) La falta de medidas que garanticen la seguridad del agua para consumo humano, particularmente en las cuencas afectadas por la contaminación industrial, y la existencia de más de 1.100 sitios registrados con sustancias tóxicas;
b) La falta de información pública sobre la calidad del agua;
c) La creciente demanda de agua de los parques industriales y polos de desarrollo en zonas con estrés hídrico en detrimento de los sistemas comunitarios de agua;
d) La ausencia de prohibición de la fracturación hidráulica (fracking) y, según la información recibida, la continuidad de la financiación pública de proyectos petroleros que la utilizan.
- El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas de implementación de la Ley General de Aguas, teniendo en cuenta las recomendaciones del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos en su visita a México en 2026[19] e igualmente que:
a) Asegure la participación de las comunidades en el monitoreo de la calidad del agua y el saneamiento de las cuencas contaminadas, adopte un sistema de sanciones a las empresas responsables de descargas contaminantes y garantice la atención sanitaria y una reparación integral a las personas y comunidades afectadas, incluidos los niños, niñas y adolescentes enfermos por exposición a sustancias tóxicas;
b) Difunda ampliamente información pública fiable sobre la calidad del agua, en formatos digitales y accesibles;
c) Priorice el uso personal y doméstico del agua, financie y promueva los sistemas comunitarios de agua, revise las concesiones en acuíferos sobreexplotados y evalúe previamente el impacto de los nuevos parques industriales en la disponibilidad de agua para uso personal y doméstico;
d) Prohíba explícitamente el fracking y reasigne los recursos financieros a la protección de los ecosistemas y del agua y a la reparación de los daños causados, garantizando el acceso a la información pública sobre las inversiones;
e) Adopte un plan nacional integral, coordinado entre la Federación y las entidades federativas, para remediar y restaurar los pasivos ambientales derivados de las actividades relacionadas con hidrocarburos, incluida la fracturación hidráulica, garantice atención médica a las comunidades afectadas, en particular a la niñez que vive cerca de refinerías, y avance hacia la descarga cero de contaminantes tóxicos en los procesos industriales;
f) Tenga presente la observación general núm. 15 (2002).
Derecho a la salud
- Preocupa al Comité:
a) Que el gasto de bolsillo represente alrededor del 40 % del gasto total en salud;
b) El desabasto de medicamentos, la escasez y la precariedad del personal de salud, particularmente en las zonas rurales, indígenas y marginadas, incluidas las afectadas por la violencia organizada;
c) La falta de información sobre los efectos acumulados de las transiciones del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar y al IMSS-Bienestar en la continuidad y la calidad de la atención;
d) Las barreras de acceso a la salud de las personas privadas de libertad, cuyas solicitudes de atención dependen del personal de custodia;
e) Los efectos en la salud de la exposición a sustancias tóxicas en las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, como la cuenca del Alto Atoyac;
f) Que las reformas a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones no se hayan aplicado plenamente, que persistan los internamientos involuntarios y que la salud mental reciba una proporción muy reducida del presupuesto de salud;
g) El enfoque predominantemente punitivo frente al consumo de drogas y la falta de una política nacional de reducción de daños.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Aumente el gasto público en salud con miras a reducir el gasto de bolsillo y evalúe el impacto de las transiciones del sistema de salud en la continuidad de las prestaciones;
b) Garantice la disponibilidad continua y gratuita de medicamentos esenciales y el cumplimiento sin demora de las decisiones judiciales que ordenan su provisión;
c) Adopte un plan de cobertura de recursos humanos, con calendario y presupuesto, que asegure contratos estables, remuneraciones equitativas y personal suficiente en las zonas rurales, indígenas y marginadas;
d) Establezca, con la participación de las comunidades afectadas, un programa de vigilancia epidemiológica, atención especializada y remediación en las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y garantice a las víctimas una reparación integral;
e) Vele por que el acceso a la salud de las personas privadas de libertad se proporcione efectivamente y sin la interferencia del personal de custodia;
f) Aplique las reformas a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones de 2022 con un calendario y recursos asignados, actualice el programa de acción específico, haga efectiva la prohibición del internamiento involuntario mediante la supervisión independiente de los establecimientos públicos y privados y desarrolle servicios comunitarios de salud mental, incluida la atención psicosocial a los familiares de personas desaparecidas;
g) Adopte una política de consumo de drogas basada en la salud pública y los derechos humanos, que incluya el apoyo en la comunidad y la reducción de riesgos y daños para las personas afectadas por el consumo y la supervisión independiente de todos los centros de tratamiento de las adicciones;
h) Tenga en cuenta la observación general núm. 14 (2000).
Derecho a la salud sexual y reproductiva
- Preocupa al Comité que el aborto siga penalizado en varias entidades federativas, que persista la criminalización de mujeres por aborto o emergencias obstétricas y que la objeción de conciencia no esté regulada. Le preocupan la elevada mortalidad materna entre las mujeres indígenas y rurales, la violencia obstétrica, la información sobre esterilizaciones sin consentimiento, los embarazos de niñas resultantes de violencia sexual, y la información recibida según la cual la elaboración y la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 no habrían garantizado una participación adecuada de las parteras tradicionales e indígenas y podrían restringir su práctica.
- El Comité reitera su recomendación anterior[20] y recomienda al Estado Parte que:
a) Despenalice el aborto en todas las entidades federativas, regule la objeción de conciencia y garantice el acceso efectivo a servicios de aborto seguro en todo el país, incluso en los casos de embarazo resultante de violencia sexual;
b) Revise los casos de mujeres procesadas o condenadas por aborto o emergencias obstétricas, con miras a su liberación y reparación;
c) Reduzca las desigualdades en la mortalidad materna, en particular entre las mujeres indígenas y rurales, y prevenga, sancione y repare la violencia obstétrica y las esterilizaciones sin consentimiento, garantizando el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en toda intervención de salud sexual y reproductiva;
d) Revise la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 en consulta con los Pueblos Indígenas y las parteras tradicionales y proteja la partería tradicional como parte de la medicina tradicional;
e) Tenga en cuenta su observación general núm. 22 (2016).
Derecho a la educación
- Preocupan al Comité el bajo gasto por estudiante y los costos ocultos de la educación primaria, la baja permanencia en la educación secundaria, las desigualdades en el acceso a la educación superior y en la alfabetización, la brecha digital, la violencia, incluida la sexual, en las escuelas y la cobertura limitada de la educación intercultural bilingüe, con aulas multigrado en las comunidades indígenas.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Aumente el gasto público en todos los niveles de educación y la inversión por estudiante, evalúe el impacto de las becas y elimine los costos ocultos en la educación primaria;
b) Adopte una estrategia integral contra el abandono escolar que aborde sus causas, como los estereotipos y roles de género, la violencia, la pérdida de cuidadores, la separación familiar y el desplazamiento;
c) Adopte planes de alfabetización, incluida la alfabetización digital, que tengan en cuenta las barreras interseccionales;
d) Reduzca la brecha digital mediante herramientas digitales asequibles o gratuitas, en particular en las zonas rurales y para las personas con discapacidad;
e) Establezca mecanismos de supervisión de las escuelas públicas y privadas para prevenir y sancionar la violencia sexual;
f) Fortalezca la educación intercultural bilingüe con docentes certificados en las lenguas y variantes lingüísticas de las comunidades;
g) Tenga presente la observación general núm. 13 (1999).
Derechos culturales y derecho a beneficiarse del progreso científico
- Preocupa al Comité la baja participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, y lamenta no haber recibido información sobre el gasto en investigación científica.
- El Comité recomienda al Estado Parte que aumente el gasto en investigación científica y adopte medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, teniendo presente su observación general núm. 25 (2020).
- El Comité toma nota de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Sin embargo, le preocupa:
a) La información sobre la ausencia de consulta y búsqueda del consentimiento en la preparación de la legislación sobre protección del patrimonio cultural;
b) La falta de salvaguardias suficientes contra la apropiación, la explotación comercial y el patentamiento por el sector privado de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales indígenas;
c) Los efectos de los proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura en el patrimonio cultural material e inmaterial y en los lugares sagrados de los Pueblos Indígenas;
d) Que, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, unas 23 lenguas indígenas estén en riesgo de desaparición, y la falta de información sobre la consulta que precedió a la adopción de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas;
e) Los efectos de la desaparición de personas indígenas en la transmisión de conocimientos y en prácticas ceremoniales de sus comunidades.
- El Comité recomienda al Estado Parte que:
a) Respete el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas en la aplicación de la legislación de protección cultural, teniendo en cuenta la dimensión comunitaria de su vida cultural;
b) Garantice mecanismos de veeduría y rendición de cuentas sobre la asignación y ejecución del presupuesto de cultura, incluidos los proyectos aprobados, en beneficio de las comunidades indígenas, afromexicanas y rurales;
c) Fortalezca el marco jurídico para la protección de la propiedad intelectual del patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales de los Pueblos Indígenas y adopte mecanismos contra las prácticas de apropiación cultural;
d) Vele por que las evaluaciones de impacto de los proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura incluyan sus efectos en el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales y la cultura de los Pueblos Indígenas;
e) Adopte, en consulta con los Pueblos Indígenas, un plan financiado de revitalización de las lenguas indígenas en riesgo de desaparición, promueva su uso en el espacio público, en los medios de comunicación, incluidas las radios comunitarias indígenas y en el sistema educativo y garantice la consulta de los Pueblos Indígenas en la aplicación de la legislación lingüística;
f) Reconozca y adopte mecanismos de reparación relacionados con la transmisión de conocimientos y prácticas ceremoniales en Pueblos Indígenas afectados por la desaparición de sus integrantes;
g) Tenga presente su observación general núm. 21 (2009).
D. Otras recomendaciones
- El Comité alienta al Estado Parte a que firme y ratifique o se adhiera al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- El Comité recomienda al Estado Parte que considere la posibilidad de ratificar oadherirse a los instrumentos fundamentales de derechos humanos en los que todavía no es parte, a saber, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
- El Comité pide al Estado Parte que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, incluidos los niveles municipal, estatal y federal, en particular entre los parlamentarios, los funcionarios públicos y las autoridades judiciales, y que, en su próximo informe periódico, informe al Comité de las medidas que haya adoptado para aplicarlas. El Comité alienta al Estado Parte a que colabore con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil, en el seguimiento de las presentes observaciones finales y en el proceso de consultas en el plano nacional antes de la presentación de su próximo informe periódico.
- De conformidad con el procedimiento de seguimiento de las observaciones finales aprobado por el Comité, se pide al Estado Parte que, en un plazo de 24 meses a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales (13 de noviembre de 2028), proporcione información sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 5 c) (seguimiento del cumplimiento de las sentencias de amparo), 17 e) (seguimiento de los acuerdos de consulta) y 51 e) (mínimo presupuestario para la atención integral a víctimas).
- El Comité pide al Estado Parte que presente su octavo informe periódico de conformidad con el artículo 16 del Pacto a más tardar el 15 de noviembre de 2031, a menos que se notifique lo contrario como consecuencia de un cambio en el ciclo de examen. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 68/268 de la Asamblea General, la extensión máxima del informe será de 21.200 palabras. Además, invita al Estado Parte a que actualice su documento básico común, según corresponda, de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos.
* Aprobadas por el Comité en su 80º período de sesiones (2 a 13 de noviembre de 2026).
[1] E/C.12/MEX/7.
[2] Véanse E/C.12/2026/SR.26 y E/C.12/2026/SR.28.
[3] E/C.12/MEX/RQ/7.
[4] Diario Oficial 31 de octubre de 2024.
[5] Publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 13 de marzo y 16 de octubre de 2025.
[6] Ver respuestas del Estado Parte a la lista de cuestiones E/C.12/MEX/RQ/7, párr. 4.
[7] E/C.12/MEX/CO/5-6, párr. 6.
[8] E/C.12/MEX/CO/5-6, párr. 12.
[9] E/C.12/MEX/CO/5-6, párr. 13.
[11] Consejo de Derechos Humanos. Resolución 37/12 aprobada el 28 de septiembre de 2018.
[13] E/C.12/MEX/CO/5-6, párrs. 15 y 17.
[14] E/C.12/2025/1.
[15] E/C.12/MEX/CO/5-6, párr. 18


