Una estructura incrustada dentro de la Guardia Nacional, que se convirtió en una gran fábrica de falsificación de identidad y de instrumentalización de migrantes para traficar miles de millones de dólares, incluye la participación coludida de una notaría en Medellín de Bravo, Veracruz, desde donde se realiza la compra de 10 propiedades en efectivo cada mes y opera una fábrica clandestina en Hacienda Sotavento (municipio de Veracruz), que produce 13 tipos de documentos falsos cada cinco minutos, las veinticuatro horas del día, de acuerdo con datos del activista Santiago Levy.
Levy, quien se ha anticipado a informar sobre diversas acciones del gobierno norteamericano respecto del crimen organizado en México, asevera que fue presentada una denuncia ante Homeland Security Investigations que documenta una operación que mueve 1.8 mil millones de dólares al año.
La Homeland Security Investigations es la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), principal división de investigación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE). Se encarga de combatir el crimen transfronterizo, incluyendo el tráfico de personas, el narcotráfico, el contrabando de armas, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos.
En la denuncia, refiere el activista, mostró cómo la Guardia Nacional mexicana se convirtió en la gran fábrica de falsificación de identidad y de instrumentalización de migrantes para traficar miles de millones de dólares.
Se trata de una estructura incrustada dentro de la Guardia Nacional, operada por Juan José Palacios Maymon y José Vicente Uscanga Cueto, elementos activos adscritos al aeropuerto de Monterrey, junto con Erika Lizbeth Uscanga Cueto, identificada como estratega financiera y operativa de la red.
Se documenta una operación que mueve 1.8 mil millones de dólares al año, procesa cerca de diez mil personas diarias en bodegas; lava cuarenta y ocho millones de dólares anuales, utiliza 800 cobradores que reciben máximo cinco mil dólares mensuales para mantenerse debajo del umbral del Bank Secrecy Act y compra 10 propiedades en efectivo cada mes mediante una notaría coludida en Medellín de Bravo, Veracruz.
Además, opera una fábrica clandestina en Hacienda Sotavento, que produce 13 tipos de documentos falsos cada cinco minutos, las veinticuatro horas del día. Y en 2021 introdujo una tonelada de fentanilo a Estados Unidos.
Todo esto, señala, ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Audomaro Martínez Zapata al frente del Centro Nacional de Inteligencia, sin que se emitiera una sola alerta.
Al respecto, Levy señala que el Presidente Donald J. Trump firmó en la Casa Blanca la orden ejecutiva “Restoring Integrity to America’s Financial System”, que instruye al Departamento del Tesoro, a emitir alertas formales al sistema bancario estadounidense sobre:
Uno. Fragmentar depósitos y mover pequeñas cantidades repetitivas de dinero para no activar alertas automáticas del sistema bancario.
Dos. Utilizar tiendas de envío de dinero, procesadores de pagos y plataformas digitales para mover recursos fuera de los controles oficiales y sin dejar rastros claros.
Tres. Crear empresas fachada y redes de prestanombres para ocultar quién es realmente dueño del dinero, de las cuentas y de las propiedades.
Cuatro. Fabricar y utilizar identidades falsas y documentos extranjeros falsificados para abrir cuentas bancarias, obtener créditos y mover personas a través de fronteras.
Cinco. Explotar migrantes mediante redes de tráfico humano y mezclar ese dinero con ingresos aparentemente legales para enviarlo después a otros países.
Seis. Construir centros financieros clandestinos ligados al tráfico de fentanilo y a cárteles mexicanos que operan dentro de Estados Unidos. Las seis. Una por una. Son las mismas 6 tipologías que documenté en la denuncia sobre el Cártel de la Guardia Nacional. Pero detrás de esa estructura aparece además otra dimensión geopolítica mucho más profunda. La denuncia también conecta piezas que durante años parecían dispersas: operadores financieros vinculados al modelo de lavado transnacional impulsado por Alex Saab, redes de triangulación utilizadas por estructuras ligadas a Irán y mecanismos políticos protegidos bajo el paraguas regional del Foro de São Paulo. Nada de esto habría podido sostenerse durante años sin protección política, inteligencia anticipada y cobertura institucional. Y un español formó la idea con Saab: José Luis Rodríguez Zapatero. López Obrador no es tan sofisticado. Su hijo, Andy sí. Lo que la Casa Blanca firmó como prioridad ejecutiva hoy es un enorme paso para destruir lo que denuncié.
Aquí el expediente interactivo y mecanismo para sumarse a la denuncia: →
https://www.patreon.com/posts/156723292…
Orden ejecutiva firmada por la Casa Blanca el 19 de mayo de 2026: →
https://www.whitehouse.gov/…/restoring-integrity-to…
