José Woldenberg
Janine Otálora
Luego de cumplir cabalmente su misión, la magistrada Janine Otálora se despidió de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No aceptó, a diferencia del resto de sus compañeros, alargar su estancia por dos años más, lo que permitía la mal fingida autonomía judicial que está acabando con la independencia de ese poder. Había sido nombrada por nueve años y, al cumplirse el plazo, salió. Fue una más de sus ejemplares actitudes ceñidas a la Constitución, a las leyes y a una ética indoblegable que sostiene que, en la función pública, como se decía de la mujer del César, hay que ser y parecer.
A las instituciones públicas se les puede vulnerar desde fuera y desde dentro. Al Tribunal se le erosionó desde fuera, por ejemplo, cuando el Senado —o mejor y más exacto sería decir, la mayoría de Morena— no hizo los reemplazos de dos magistrados a pesar de haber recibido las ternas de la Suprema Corte, lo que hizo que por un largo tiempo funcionara solo con cinco. La razón es especulativa: ya contaban con la sustitución de tres de los cinco magistrados. Pero también se puede erosionar el prestigio desde dentro. En el caso de un tribunal, cuando sus integrantes dejan de actuar de manera imparcial, independiente y apegada a la Constitución y la ley, y se convierten en correas de transmisión de poderes, sean públicos o privados.
Pues bien, la magistrada Janine Otálora cumplió cabalmente con su misión, manteniéndose insobornablemente juzgando cada asunto “con la misma vara”, sin plegarse a los designios del poder político y ajustando sus intervenciones y votos a los mandatos de la Constitución y la ley. Y eso, a quienes creen que su voluntad debe prevalecer sobre las normas, que la justicia debe estar por encima de la ley, o que el capricho del presidente es suficiente para trastocar las reglas, por supuesto que no les gusta.
Fue presidenta de la Sala Superior a partir de noviembre de 2016. Le tocó calificar la elección presidencial de 2018, mostrando que su independencia incomodaba. Se le presionó para abandonar el cargo en enero de 2019, aunque continuó como magistrada del Tribunal.
Luego de aquella memorable (por inescrupulosa) decisión en el Consejo General del INE, en 2024, que le otorgó a la coalición ganadora el 74% de los diputados a pesar de solo haber logrado el 51% de los votos, la magistrada Otálora fue la única que planteó en la Sala Superior revocar esa decisión por flagrante violación a las reglas constitucionales. También, junto con el magistrado Reyes Rodríguez, argumentó que era necesaria la anulación de las elecciones para jueces, magistrados y ministros que habían sido designados por la manipulación inescrupulosa de los muy escasos márgenes.
En un ambiente adverso, en minoría, supo no solo defender sus puntos de vista, sino exhibir (sin descalificar, sino con insertas y fundadas intervenciones) la parcialidad con la que se conducían sus colegas. Fue una voz firme en la paridad de género, en la defensa de los derechos de las comunidades rurales, en la tutela de garantías de los candidatos independientes; pero, por encima de todo, comprendió —y actuó en consecuencia— que su labor tenía una finalidad estratégica: que la diversidad que existe en el país pudiera seguir conviviendo y compitiendo de manera institucional y pacífica.
Y para ello, es necesaria la existencia de tribunales capaces de situarse por encima de las pasiones e intereses de los litigantes, y actuar de manera imparcial, lo cual solo se logra con estricto apego a las normas.
Honor a quien honor merece.
